El 21 de enero aterrizaron en el aeropuerto de Quito, capital de Ecuador, las primeras 8000 dosis de la vacuna Pfizer. Las autoridades ecuatorianas estaban esperándolas formalmente, y la vicepresidenta ecuatoriana María Alejandra Muñoz y el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos posaron en una foto protocolar, apoyando sus manos junto a un container con la droga que requiere 60° de refrigeración, recién desembarcado y ya embanderado con el pabellón nacional tricolor. Ese mismo jueves comenzó la aplicación de la vacuna, que según la autoridad sanitaria se destinaría en primer término a trabajadores esenciales de la salud y a las personas viven permanentemente en centros geriátricos. Pero el fin de semana, se supo, también habían sido vacunados familiares del ministro Muñoz.
Las 8.000 dosis que llegaron eran las primeras de las primeras: antes de finales de febrero, llegarán las que faltan para completar un envío de 86.000 con el que se comprometió el laboratorio Pfizer, que de un modo u otro viene retrasado en su producción, su logística y sus tiempos y cantidades de entrega en todos los continentes. Pemitirán vacunar a 43.000 personas, porque la droga de esta farmacéutica requiere de dos dosis escalonadas. La incertidumbre adicional sobre la efectiva llegada al país de las restantes dosis comprometidas agrava aún más el nepotismo favoritista del ministro de Salud. El fin de semana fueron vacunados familiares suyos, violando el orden de precedencia que había determinado la propia dependencia estatal que él dirige. Fueron vacunados en un exclusivo geriátrico de la capital ecuatoriana de Quito, con dosis de la vacuna que habían sido restadas al número asignado al hospital público Pablo Arturo Suárez. Según el medio periodístico ecuatoriano Pichincha Universal, la alojada estrella y vacunada estrella del residencial privado quiteño para adultos mayores, y la madre del escándalo, fue la propia madre del ministro Zevallos.
Por 121 votos a favor y 4 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador pidió al presidente Lenín Voltaire Moreno el apartamiento inmediato de Zevallos de su cargo, como primera medida en su contra. Otros legisladores han pedido el juicio político. Freddy Carrión, el defensor del pueblo, hizo un pedido independiente de destitución del ministro, dirigido al presidente Moreno, por la violación flagrante a sus deberes de funcionario público.
Zevallos se defendió ante la Comisión de Salud Pública de la Asamblea con el argumento de que la vacuna es para todos, y que debe aplicarse en donde hay población de riesgo, sin importar si los centros donde viven son públicos o privados. Su argumento fue desestimado. Zevallos había asumido como ministro de Salud en marzo, después de que la ciudad costera de Guayaquil hubiera conocido uno de los mayores desbordes del sistema de salud de América Latina, con cadáveres que esperaban semanas en las calles para ser recogidos. Hasta ahora, Ecuador ha tenido 15 mil muertes y un cuarto de millón de contagios por el Covid-19.