La inhabilitación de candidaturas ha instalado en el debate de Guatemala narrativas de fraude que afecta aún más la confianza ciudadana en las elecciones y contamina aún más el clima político del país y presenta el riesgo de una crisis institucional. Una crisis que promete agravarse en lugar de empezar a resolverse una vez que asuman en el Ejecutivo y en el Legislativo las nuevas autoridades decididas por las elecciones generales de este 2023.
En Guatemala los próximos comicios a celebrarse el domingo 25 de junio corresponden a la tercera elección regional decisiva de este año: donde se decide entre 21 candidatos y 2 candidatas quién sucederá a Alejandro Giammattei, un médico neconservador que antes fue el jefe de las cárceles del país.
En esa jornada electoral, un electorado de casi diez millones de votantes acudirá a las urnas para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre 23 candidaturas presidenciales definidas por 30 partidos políticos. El escenario político es el de una consistente fragmentación refleja: al electorado atomizado corresponde una oferta electoral parejamente subdividida. Además del nuevo Ejecutivo de la República, Guatemala votará también las 160 bancas del Congreso Nacional, las 20 bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los 22 departamentos del país, en un escenario de gran fragmentación electoral: 29 partidos están calificados para presentar candidatos.
Aún fuera de esta contienda, nuestra lucha prosigue
Entre quienes han quedado excluidos, el caso más llamativo de veto es el aplicado los candidatos Thelma Cabrera y Jordán Rodas del binomio presidencial por partido izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Miles de indígenas y campesinos guatemaltecos protestaron y bloquearon carreteras en varios puntos del país el pasado 27 de marzo en demanda del fin de la corrupción y que la justicia permita la candidatura de esa única fórmula presidencial que postula a una mujer indígena para presidenta.
Cabrera la lideresa de la comunidad Mam de la etnia maya de 52 años, oriunda de las tierras templadas del municipio de El Asintal, en la costa sur de Guatemala, cuenta con más de tres décadas de actividad política. Cafeletera de niña fue como su madre y su hermana, su participación política se inició en 1993, elegida por las mujeres como representante en Codeca, una organización que defiende los derechos a la tierra, los derechos a la energía eléctrica y se opone a la privatización de los servicios básicos, formó parte de su dirigencia por más de cinco períodos desde 2010 a 2019. En ese año de 2019, Codeca participó por primera vez en las elecciones generales con el propósito de que las voces y necesidades de los pueblos indígenas y movimientos sociales tuvieran voz en la política partidista con Cabrera como su candidata a la presidencia de la República. Su rostro apareció en pancartas acompañado del texto #ElijoDignidad, realizadas por artistas sin fines de lucro.
El MLP obtuvo el cuarto lugar y ganó tres distritos electorales, con más de 450 mil votos que fortalecieron aún más al colectivo. La lideresa indígena obtuvo el 10% de los votos, más que ningún otro candidato indígena en la historia de Guatemala. Antes de ella, Rigoberta Menchú había logrado el 3%. El presidente Giammattei ganó las presidenciales con el 14%.
En esta oportunidad, la Corte de Constitucionalidad falló en contra de la candidata Cabrera y su compañero de fórmula, Jordán Rodas, ex procurador de DDHH en confirmación de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en febrero bloqueó sus candidaturas. Cabrera y Rodas llevaron su caso el 10 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.F.
Mientras a Cabrera y a Rodas se les ha impedido participar en las próximas elecciones, la Corte de Constitucionalidad ha confirmado la candidatura de la conservadora Zury Ríos, hija del fallecido ex dictador militar Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder tras un golpe de estado en 1982 con el apoyo de EEUU y que fuera condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013. La Constitución prohíbe a personas involucradas en golpes de Estado o sus parientes optar al cargo de presidente y vicepresidente. La constitución guatemalteca establece como únicos requisitos para optar a la presidencia ser guatemalteco de origen, ciudadano en pleno ejercicio y tener más de 40 años.
Para la lideresa indígena Thelma Cabrera el veto equivale un castigo “a nosotros como pueblo de vedar esos derechos de la participación política, porque la persecución no es hasta ahora, sino la persecución ha venido dándose del 2018 para esta fecha, llevamos 26 asesinatos hacia defensores y defensoras de los derechos humanos, o sea, los que defendemos nuestros territorios y la Madre Tierra”. Sin embargo, resalta “no perseguimos candidaturas, nosotros estamos promoviendo un proyecto de nación, pasan las elecciones, nuestra lucha sigue y entonces por eso estamos cumpliendo con los pasos que hasta hoy llevamos”.
Barómetro electoral versión 2023
Las opciones que se ofrecerán a la ciudadanía que muestran cómo el sistema de partidos políticos de Guatemala alcanzó el grado más alto de fragmentación que nunca antes se ha visto en el país, presentan reto en términos de administración electoral para la capacidad de los partidos para posicionarse social o políticamente en el imaginario político, generar una base social de votación y conseguir fondos para el mantenimiento de las campañas.
La confianza ciudadana en las elecciones y en la institucionalidad en su conjunto es baja: solo alrededor de 2 de cada 10 ciudadanos tiene confianza en el funcionamiento del régimen electoral guatemalteco, su punto más bajo en la historia democrática del país. Una erosión causada a lo largo de los años y no por un evento en particular. La pérdida paulatina de confianza que puede generar una “judicialización”, que refiere al grado en que partidos políticos o actores no estatales hacen uso de recursos judiciales para tratar de cambiar las reglas o afectar determinadas candidaturas. Y la inhabilitación de las candidaturas instala en el debate del país narrativas de fraude que afecta aún más la confianza ciudadana en las elecciones y contamina aún más el clima político del país.
En Centroamérica en su conjunto observa una tendencia de deterioro institucional democrático que abarca toda la región, donde posiblemente el punto más agudo sea Nicaragua. Guatemala, que no es la excepción, hasta el momento ha mostrado la capacidad de garantizar elecciones razonablemente íntegras aun con las restricciones arriba anotadas. De sostenerlas contribuiría al alejamiento del fantasma del proceso recesivo o regresivo de las democracias democráticas que sobrevuela la región. Demostraría que aún en contextos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, las elecciones permanecen como el pilar sobre el cual se construyó el proceso democrático en América Latina desde 1983.
AGB