A casi dos años de declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina y el Caribe registran un número total de 1.653.822 defunciones informadas por Covid (hasta febrero de 2022) que representan el 27,8% del total de defunciones globales por la misma causa, pese a que a la región solo representa el 8,4% de la población mundial. El nuevo informe anual de la CEPAL desbroza el significado de estos números para la región.
Perú es el país con más muertes informadas por covid por cada 1.000 habitantes en el mundo y en términos absolutos, Brasil es el segundo país del mundo con más defunciones informadas 648.913, después de los EEEUU (940.924). Sin embargo, debido a la falta de registros continuos de eventos vitales,el efecto total (directo e indirecto) de la pandemia en la mortalidad puede ser aún mayor y esas cifras representarían apenas un umbral mínimo de defunciones totales por covid-19.
Durante el primer semestre de 2021, las nuevas variantes (alfa, beta, delta, gamma y ómicron) y dos variantes de interés (lambda y mu) generaron una situación de desborde y hasta de colapso de los sistemas de salud de la región con estructuras. En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Perú, Uruguay y Venezuela hubo un significativo aumento de las defunciones informadas por Covid-19 en 2021 respecto al año anterior.
La baja velocidad del proceso de vacunación en la región, y la gran desigualdad de esos procesos entre países, puede traducirse en una prolongación aún mayor de la pandemia y en la aparición de nuevas variantes del virus.
Las diferencias de los niveles de mortalidad entre países están en relación con las políticas sanitarias, sociales y económicas adoptadas a nivel nacional. Más allá de las complejas interrelaciones entre clase social, género, etnia y territorio, y de cómo estas operan a través de variables próximas, lo cierto es que tienen una significativa incidencia en las condiciones de salud. Bajo este enfoque, las situaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica incrementan los riesgos de contagio y muerte por Covid-19. Entre los factores de riesgo asociados a la mayor gravedad de la enfermedad y distribuidos de manera desigual en la sociedad se encuentran las enfermedades cardiovasculares, las afecciones pulmonares (como la bronquitis crónica), las enfermedades del hígado, la diabetes, el cáncer y las afecciones del sistema inmune. Actualmente se discute sobre el tabaquismo y la obesidad —dos factores que también están más presentes en grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica— como posibles factores de riesgo adicionales frente al Covid -19
En América Latina y el Caribe existe una alta concentración de casos de contagio y muerte en las grandes ciudades caracterizadas por un elevado nivel de segregación residencial y desigualdades respecto de importantes factores de riesgo frente a la pandemia, como el hacinamiento, la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento, de electricidad y de Internet, la informalidad laboral y la saturación del transporte público. Otro importante factor de riesgo se vincula a las barreras de acceso al sistema de salud en los diferentes países. Ecuador y Perú son los países con mayores proporciones de exceso de mortalidad en 2020, con un 50% más de defunciones en 2020 con relación a lo esperado para ese mismo año, y un 48% y un 42% de las personas, respectivamente, no pudo realizar una consulta médica cuando tuvo necesidad. En Colombia y Paraguay, el 18% y el 22%, respectivamente, mencionaron las restricciones para salir de casa, y en Guatemala el 23% declaró la falta de dinero como razón para no hacer una consulta médica.
Solo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, los sistemas de registro de estadísticas vitales cuentan con grados de completitud mayores al 90%.
La incertidumbre y el deterioro económico y social tendieron a incentivar el aplazamiento o la cancelación de proyectos reproductivos. La nupcialidad, que históricamente ha caído por las crisis económicas, reaccionó en la misma línea que la fecundidad. En contrapartida, la pandemia también pudo haber inhibido transitoriamente la separación de uniones y matrimonios.
En estos planteos, el impacto más importante proviene de la disrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva generada por la pandemia, que podría reducir el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto seguro en los países en los que esta práctica es legal.
El cierre de fronteras ha sido una de las principales medidas adoptadas por los Gobiernos de la región para evitar el ingreso del virus SARS-CoV-2 y sus variantes a los territorios nacionales. Sin embargo, la migración no se detuvo y aumentó su complejidad.
La población de la región que en 2020 vivía en un país distinto al de su nacimiento se acercó a 43 millones, la mayor parte de la cual, 25,5 millones (un 59,5% del total), residía en América del Norte (EEUU y Canadá). En países de la misma región (principalmente en América del Sur), se encontraban 11,3 millones de emigrantes, equivalentes al 26,3% del total. La población emigrada representa un 6,6% de la población regional, mientras que la inmigrada, menos del 3% .
Junto con un crecimiento de la migración intrarregional en los últimos años, se aprecia un patrón emergente de migración mixta, irregular, en tránsito hacia los EEUU. Estos flujos no se originan solamente en países de Centroamérica, sino que también se nutren de la salida de población migrante, regularizada y no regularizada, que viaja con sus hijos desde países sudamericanos hacia América del Norte. En el Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, según estimaciones de la OIM, en 2021 cruzaron más de 125.000 personas, un 25% de las cuales eran niños y niñas. En una escala menor, pero no menos peligrosa, se observa lo que ocurre en el paso fronterizo de Colchane en el altiplano chileno-boliviano, donde el aumento en los cruces irregulares ha estado acompañado de pérdidas humanas, fundamentalmente de mujeres, niñas, niños y personas mayores
Respecto de la migración interna, que implica desplazamientos con cambio de residencia y cruce de límites geográficos dentro del país, la pandemia tuvo un impacto territorial muy diferenciado y generó fuerzas de expulsión emergentes en las zonas más afectadas —en particular, las grandes ciudades—, y de atracción en las zonas menos afectadas —ciudades pequeñas, pueblos y zonas rurales. En este sentido, la emigración neta de las grandes ciudades en el marco de la pandemia no puede atribuirse mecánicamente a esta porque dicha emigración neta ya era dominante entre las megápolis de la región desde inicios del siglo XXI.
La pandemia exacerbó las desigualdades estructurales y protección de los derechos humanos. En las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que, si bien han sufrido menos consecuencias directas en su salud, se han visto intensamente afectados por otras vías. América Latina registra las mayores tasas de orfandad causada por el Covid-19 en el mundo, y Perú es el país con el nivel más alto. En cuanto a la cobertura de la atención de salud integral para adolescentes, en 2019 se había llegado al 17%, pero con la pandemia esta cifra bajó al 7% en 2020, retrocediendo a valores registrados en 2012. En El Salvador, el número de adolescentes usuarias activas de anticoncepción se redujo de 14.162 en 2019 a 8.666 en 2020
En el ámbito educativo, se estima que en torno a 165 millones de estudiantes experimentaron una interrupción total o parcial de sus estudios en 2020. A fines de 2021 todavía 60 millones de niños, niñas y adolescentes seguían afectados por el cierre total o parcial de las escuelas, con una media de 162 días lectivos sin clases presenciales entre marzo de 2020 e inicios de diciembre de 2021. Un efecto particularmente nocivo de la pandemia es el aumento de la desigualdad educativa, que ya era enorme en la región. La deserción escolar y la baja en las matrículas también se debe a la pérdida de empleos en las familias. Respecto a la educación en la primera infancia, pese a su importancia, las medidas de mitigación y la preocupación por las pérdidas en el aprendizaje por parte de los países se centran en los demás niveles educativos y no en la educación prebásica como una prioridad.
Los niños, niñas y adolescentes que viven relaciones abusivas estuvieron más propensos a estar expuestos a la violencia con el confinamiento en los hogares y el cierre de las escuelas. El confinamiento prolongado, sumado a las dificultades para mantener el vínculo con el sistema educativo por vía remota, implica una fuente adicional de vulnerabilidad y exposición a riesgos para esta población.
La pandemia ha develado crudamente el efecto de las vulnerabilidades sociodemográficas y las desigualdades sociales al mismo tiempo que ha puesto de manifiesto nuevas problemáticas, como la discriminación dirigida hacia las personas en función de su edad.
En 2022 habitan en América Latina y el Caribe aproximadamente 665 millones de personas, de las cuales unos 91 millones son mayores de 60 años (un 14% de la población total). En los países y territorios con altos niveles de pobreza, sistemas de protección social y de salud debilitados o fragmentados, y mayores niveles de desigualdad, las personas mayores han padecido de forma más profunda los impactos físicos, psicológicos, económicos y sociales de la pandemia. Han aumentado las situaciones de violencia en los hogares, propiciando que las personas mayores que son mujeres, que tienen alguna discapacidad, que son dependientes funcionales o que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ enfrenten mayores riesgos de exclusión.
La pandemia también puede haber provocado pérdidas culturales irreparables, ya que las personas mayores indígenas, que son guardianas y transmisoras de la cultura, los conocimientos tradicionales, la espiritualidad y las lenguas indígenas, corren un alto riesgo de morir debido a su edad y las patologías médicas preexistentes5, lo que hace que necesiten especial atención por su mayor vulnerabilidad al COVID-19.
El acceso de las personas mayores a servicios básicos es desigual y está vinculado con el lugar de residencia, el género, los ingresos, la discapacidad, las condiciones de salud y la pertenencia étnica, entre otras categorías.
El acceso diferencial a las TIC también se ha configurado como un elemento desigualador. El uso de Internet entre las personas de 15 a 29 años era más de siete veces superior que el de las personas mayores en los casos de El Salvador y Honduras, ocho veces superior en México y casi nueve veces superior en el Ecuador. En América Latina, el grupo etario de personas mayores es el más aislado de las tecnologías digitales, lo que muestra una profunda brecha digital
Las limitaciones de los sistemas previsionales, de salud y servicios estos sistemas ya eran evidentes en América Latina y el Caribe antes de la pandemia y se profundizaron con la crisis sanitaria.
A causa de la pandemia, los países de América Latina anunciaron grandes paquetes de medidas fiscales de un alcance sin precedentes, que representaron, en promedio, el 4,6% del PIB. El objetivo de estos paquetes era fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. Sin embargo, los recursos financieros, materiales y humanos de los sistemas sanitarios se han concentrado en la atención y mitigación del COVID-19 y, las personas mayores han presentado dificultades para recibir diagnósticos, dar seguimiento a sus tratamientos, acceder a rehabilitación y comprar medicamentos. En la mayoría de los países de la región las personas mayores son cuidadas por familiares, menos de un 1% de los mayores de 60 años viven en una institución de cuidado de largo plazo y una menor proporción realizan trabajo de cuidado. La precarización y la distribución inequitativa del trabajo de cuidado, tanto remunerado como no remunerado, pone a las personas mayores que necesitan cuidado en una situación de vulnerabilidad.
Respecto a la economía de las mujeres debido a la pandemia se registró un retroceso histórico equivalente a 18 años. A la vez se registró un aumento inédito de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En el caso particular, de las mujeres indígenas y afrodescendientes que perciben en promedio los ingresos laborales más bajos, independientemente de los niveles educativos y las horas trabajadas.
Las mujeres que se desempeñan en el sector de la salud han sido de las más afectadas en sus condiciones laborales debido al aumento de las jornadas, la mayor exposición al contagio, la mayor demanda generada por la falta de personal y la saturación de la infraestructura sanitaria y la disminución de las horas de cuidado de sus dependientes. También cambiaron notoriamente las condiciones laborales de las mujeres que se desempeñan como educadoras, quienes pasaron masivamente de una rutina de trabajo presencial a un formato de enseñanza a distancia, sin contar con la capacitación o las condiciones apropiadas para hacerse cargo del uso de plataformas tecnológicas y formatos adecuados. El sector del trabajo doméstico remunerado es uno de los que se han visto más perjudicados por la pandemia. En América Latina y el Caribe, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en 2019 y el 91,5% eran mujeres.
En América Latina el 51,6% de las personas que migran son mujeres y más de un tercio de ellas (35,3%) están ocupadas en el trabajo doméstico remunerado. Diversos corredores migratorios de trabajadores que se desempeñan en tareas de cuidado se dirigen hacia Argentina, Chile y Costa Rica, así como desde Guatemala hacia la frontera sur de México y desde Haití hacia la República Dominicana. Crecientemente Panamá y el Brasil son también lugares de destino de trabajadoras domésticas remuneradas migrantes. La mayoría de estas trabajadoras migrantes provienen de países limítrofes.
Violencia de género
La violencia por razones de género, calificada por el Secretario General de las Naciones Unidas como una verdadera “pandemia en la sombra”, afecta al menos a 1 de cada 3 mujeres. Los gobiernos de varios países informaron sobre un aumento relevante de las llamadas a líneas telefónicas de ayuda u otros servicios de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia en los períodos de mayor confinamiento. Las respuestas públicas han sido diversas: algunos países (Argentina, Colombia, Honduras, México y República Dominicana) declararon esenciales todos los servicios de atención de la violencia contra las mujeres o parte de ellos. La violencia contra las mujeres y las niñas indígenas y afrodescendientes fue igualmente alarmante, pues en esos casos la violencia de género se combina con la violencia por racismo y por relaciones interétnicas discriminatorias.
En los consejos científicos que asesoran a los Gobiernos para enfrentar la crisis, la participación de las mujeres no superaba el 23% en ese mismo año, impidiendo que se aproveche la oportunidad de incorporar importantes asuntos de género en la respuesta a la crisis sanitaria en la región. En 2020 solo 4 países de América Latina (Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Perú) contaban con un 50% o más de carteras en que las mujeres eran ministras.
Migrantes
Si bien la información oficial es escasa, las personas migrantes han estado entre las más afectadas por la pandemia, tanto las personas residentes, como aquellas que se encuentran en tránsito, las que están en forma irregular, las que se encuentran solicitando refugio, las que han retornado e incluso aquellas que tenían previsto desplazarse desde sus países de origen. En la región hay más de 40 millones de migrantes que padecen amenazas a durante todo el ciclo migratorio especialmente las más vulnerables, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las minorías sexuales y las personas que pertenecen a pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes.
Pueblos indígenas en América Latina-Abya Yala: La denominación Abya Yala es la adoptada por las organizaciones e instituciones de los pueblos indígenas para referirse al continente americano siguiendo el nombre que le dio el pueblo kuna, de Panamá y Colombia, antes de la llegada de Cristóbal Colón. No se trata de una denominación oficial de las Naciones Unidas. Literalmente, esa expresión significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, tierra noble que acoge a todos. A partir del Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, celebrado en Ecuador en 1990, ha comenzado a ser adoptada progresivamente por todos los pueblos indígenas de la región como parte de un proceso de elaboración de un proyecto político común y de descolonización epistémica que cuestiona las denominaciones de origen foráneo de sus territorios.
Se estima que en 17 países de América Latina-Abya Yala habitan 57,7 millones de personas pertenecientes a alguno de los más de 800 pueblos indígenas de la región, cifra que representa alrededor de un 9,5% de la población total. Los perfiles demográficos son heterogéneos: mientras que en algunos países los pueblos indígenas representan más de un 40% de la población (Estado Plurinacional de Bolivia y Guatemala), en otros representarían menos de un 5% (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela). Brasil, Colombia y México presentan una mayor diversidad étnica. Los pueblos indígenas se encuentran en distintos momentos de transición demográfica y se observa una gran variabilidad tanto entre los países como entre los pueblos que habitan en ellos. Además, los censos más recientes han mostrado que estas poblaciones, comienzan a experimentar procesos de envejecimiento, como se observa en la Argentina, Chile, Costa Rica y el Uruguay
El Covid 19 ha causado más muertes entre las personas mayores, lo que en el caso de los pueblos indígenas puede causar una pérdida cultural irreparable, pues las personas mayores son quienes atesoran la sabiduría y la memoria colectiva, que debe transmitirse para la reproducción cultural del pueblo. A eso se suma el papel de sanadoras y cuidadoras que tienen las mujeres indígenas. Aunque en gran parte de los países de América Latina-Abya Yala los pueblos indígenas continúan residiendo en áreas rurales, por lo general vinculadas a los territorios que han habitado históricamente, las migraciones y los procesos de urbanización han ido modificando de manera progresiva este patrón y se estima que más del 50% de la población indígena de la región actualmente reside en las ciudades expuesta a elevados riesgos de contagio debido a que, entre otros factores, presentan peores indicadores que la población no indígena en las condiciones materiales de habitabilidad de sus viviendas, así como una alta incidencia de empleo informal. Además, existen alrededor de 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, principalmente en la Amazonía y el Gran Chaco del Paraguay cuyas vulnerabilidades previas también se han visto reforzadas por la reducción de los esfuerzos públicos de fiscalización de los territorios en que viven, lo que los expone a serios riesgos de contagio por acción de mineros y madereros ilegales
Si bien 13 países han incluido una variable de pertenencia a pueblos indígenas en los registros de COVID-19 los pueblos indígenas son los que presentaron un mayor riesgo de morir por COVID-19.
En el caso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, la brecha digital, que se expresó en un menor acceso a Internet en el hogar que sus coetáneos no indígenas, frenando las posibilidades para dar continuidad a los procesos educativos
La inclusión de pueblos indígenas en los planes nacionales de vacunación aún es precaria
Las respuestas de los Estados para enfrentar los impactos sanitarios y económicos de la pandemia en los pueblos indígenas han sido débiles y fragmentarias En materia económica, solo dos países, la Argentina y Costa Rica, han informado sobre medidas especiales para los pueblos indígenas.
En el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, en gran parte de los países, diversos pueblos indígenas decidieron restringir o cerrar el acceso a los territorios que habitan como una de las principales medidas para prevenir la trasmisión viral,. Recurriendo a la medicina tradicional, los pueblos indígenas no solo han intentado subsanar la falta de acceso a la atención de salud o complementar los recursos terapéuticos que ofrecen los sistemas de salud oficiales con los propios, sino que también han fortalecido redes comunitarias de apoyo y potenciado el patrimonio cultural en materia médica. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los Estados en muchos casos redundó en una restricción de derechos. Como contrapartida, otros países han impulsado iniciativas que profundizan el reconocimiento de tales derechos. Este es el caso de la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la propuesta de reforma constitucional en El Salvador, que amplía los ámbitos de protección de los pueblos indígenas, y la ampliación de la vigencia de la Ley de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en Argentina. En Chile, uno de los hechos más significativos para garantizar los derechos políticos de los pueblos indígenas fue la reforma constitucional que permitió reservar 17 escaños para ellos del total de 155 que conformaron la Convención Constitucional que llevó adelante el proceso constituyente iniciado tras la crisis que se desencadenó en el país a fines de 2019.
En medio de la pandemia, los pueblos indígenas siguen enfrentando tensiones derivadas de la falta de garantías a sus derechos territoriales. En la mayoría de los países de la región, las actividades mineras, la explotación de hidrocarburos y los agronegocios fueron rápidamente considerados esenciales en el marco de la crisis sanitaria, por lo que el extractivismo no se interrumpió en los territorios indígenas, se transformó en vector de contagio y suscitó múltiples conflictos en dichos territorios.
Población afrodescendiente
La población afrodescendiente en América Latina asciende a 136 millones de personas, según datos correspondientes a 2021, lo que representa un 21% de su población total con una gran heterogeneidad poblacional entre los países de la región, tanto en términos absolutos como relativos. Brasil presenta la mayor cantidad de personas afrodescendientes (109 millones, equivalentes a más de la mitad del total de su población). Considerando el peso relativo, Haití es el país con el mayor porcentaje de población afrodescendiente (un 95,5%, correspondiente a algo más de 11 millones de personas). Le siguen en importancia la población afrodescendiente de Cuba (un 36%, equivalente a más de 4 millones de personas) y las de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y la República Dominicana (que varían entre un 7% y un 9% del total nacional). En los demás países, dicha población representa menos del 5%.
En muchos países, las áreas de concentración de las poblaciones afrodescendientes coinciden con aquellas de mayores desventajas y, en las grandes ciudades, corresponden principalmente a territorios marginales. Existe una alta correlación entre la vulnerabilidad socioeconómica y el nivel de gravedad del COVID-19 y las muertes por esta enfermedad, caracterizadas por importantes niveles de segregación residencial. Esta situación es aún más crítica en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes viven en mayor proporción en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Al mismo tiempo, las asimetrías territoriales históricas han configurado impactos diferenciados para las poblaciones afrodescendiente en las zonas rurales y en los territorios en que residen
Las personas afrodescendientes reciben ingresos más bajos y sufren desventajas socioeconómicas, y la mayor vulnerabilidad de sus viviendas, ubicadas en barrios populares, donde existen hacinamiento e insuficiencia de servicios de agua potable, saneamiento y prestaciones de salud. También las mayores privaciones en el acceso a servicios de electricidad e Internet afectan a pueblos y comunidades afrodescendientes, que tienen consecuencias en particular en el desarrollo educativo de niños, niñas y jóvenes. A la vez, la escasa infraestructura que existe en muchos de los territorios en que residen limita el acceso a una educación y una atención de salud de calidad. Del mismo modo, existen factores que las vuelven más susceptibles a enfermedades, lo que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. Con relación a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, los censos mostraron que el porcentaje de adolescentes de entre 15 y 19 años que han sido madres es más elevado entre las afrodescendientes en 10 países de la región (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela). Al considerar las desigualdades étnico-raciales en el acceso a Internet, es de suponer que tras el inicio de la pandemia muchos jóvenes afrodescendientes vieron seriamente comprometidas las posibilidades de continuar sus estudios o bien se vieron obligados a continuarlos en condiciones desfavorables para el aprendizaje. En Brasil la dificultad de acceso a Internet o la baja calidad de las conexiones para asistir a clases de forma virtual afectaba más a los estudiantes afrodescendientes: el 42% de ellos enfrentaban este tipo de dificultades, frente a un porcentaje de alrededor de la mitad (23%) de los estudiantes no afrodescendientes. En cuanto a los equipos, el 48% de los alumnos afrodescendientes disponían solamente de un teléfono celular para las actividades remotas, mientras que entre los no afrodescendientes el porcentaje era del 29%.
Si bien muchos gobiernos implementaron políticas dirigidas a la población más vulnerable a la crisis sanitaria, pero fueron muy pocos aquellos que implementaron políticas enfocadas en la población afrodescendiente. Inicialmente hubo países como Colombia, Costa Rica, el Ecuador, México y Perú que publicaron recomendaciones sobre cómo enfrentar mejor la pandemia en el caso de los grupos étnicos.
La población afrodescendiente, a través de sus organizaciones y comunidades, se movilizó para enfrentar la pandemia, en muchos casos con sus propios medios, dado el limitado apoyo estatal. Las prácticas desarrolladas fueron diversas y entre las más frecuentes se incluyen la entrega de información sobre la enfermedad y la distribución de víveres, artículos de higiene y medicinas. También fue parte de las respuestas autónomas el control territorial y el uso de sus propios sistemas de salud en el tratamiento de los síntomas del COVID-19.). Al mismo tiempo, fue notable el uso de la violencia por parte de agentes del orden y la militarización de algunos territorios durante la pandemia. En el Brasil, por ejemplo, se denunció que se realizaban operaciones policiales en los horarios de distribución de las canastas básicas, las que terminaban muchas veces con la muerte de moradores jóvenes, en su gran mayoría afrodescendientes.
AGB