El fundador de Wikileaks, Julian Assange, podrá seguir apelando ante la justicia británica para no ser extraditado a Estados Unidos, donde afronta 18 cargos por el acceso a información secreta y su publicación hace más de una década. Después de cinco años de batalla legal, el Alto Tribunal de Londres dictó este martes que el ciudadano australiano puede volver a apelar. Además, su envío a Estados Unidos también lo puede parar el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o un acuerdo de última hora con el Departamento de Justicia estadounidense.
Si no hay ningún acuerdo antes, el tribunal británico establece el comienzo del nuevo proceso con una audiencia el 20 de mayo. El Departamento de Justicia de EEUU tiene tres semanas para presentar más información requerida para esa audiencia. El tribunal británico no acepta que el proceso contra Assange esté “políticamente motivado” ni que esté en peligro de no ser sometido a un juicio justo, como decía su defensa, pero sí cree que puede vulnerar su derecho a la libertad de expresión, que le puede perjudicar su nacionalidad australiana y no considera que Estados Unidos haya ofrecido suficientes garantías de que si fuera extraditado y condenado no se le podría imponer la pena de muerte, según el escrito publicado este mañana.
En un caso que abrió el Departamento de Justicia cuando Donald Trump era presidente, la Fiscalía de Estados Unidos acusa a Assange de conseguir información de manera ilegal y poner en peligro a activistas, abogados, periodistas y otras personas que aparecían en los cientos de miles de documentos publicados entre 2010 y 2011 por Wikileaks y relacionados, en parte, con las guerras de Irak y Afganistán. Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos, fue condenada en 2013 por conspirar con Assange, pero el presidente entonces, Barack Obama, la indultó en 2017.
El Departamento de Justicia de EEUU, según los argumentos presentados este febrero en Londres, asegura que Assange “no es un periodista” y no respetó los estándares de medios que colaboraron con él en 2010, como el New York Times, El País y el Guardian. Pero varias asociaciones de defensa de periodistas aseguran que el caso de Assange y el hecho de que se utilice la Ley contra el Espionaje de 1917 pueden sentar un precedente en los límites a la libertad de prensa.
“Los argumentos utilizados en el procesamiento contra Assange pueden establecer un camino legal para la persecución de periodistas y debilitar mucho la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de prensa. El derecho de los periodistas a informar sobre asuntos de interés público sin miedo a la censura o las represalias puede verse dañado”, asegura el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización con sede en Nueva York.
“Estamos contentos de que la extradición del fundador de Wikileaks Julian Assange a Estados Unidos se haya retrasado”, dijo la consejera delegada del CPJ, Jodie Ginsberg, en una declaración publicada este martes. También volvió a decir que el procesamiento de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa y pidió al Departamento de Justicia que “acabe con todos estos procedimientos legales”.
Negociación con Washington
Stella Assange, con la que Julian se casó en la cárcel en 2022, apela al deterioro de la salud física y mental de su marido para que no sea extraditado.
El fundador de Wikileaks lleva desde 2019 en una prisión a las afueras de Londres y antes pasó seis años refugiado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido para evitar un juicio en Suecia por violación y abuso sexual (la Fiscalía sueca retiró los últimos cargos en 2019 porque, aunque consideraba creíble a la denunciante, habían pasado nueve años y concluyó que era demasiado tiempo para poder investigar).
El Gobierno británico firmó en 2022 la orden de extradición a Estados Unidos por las acusaciones relacionadas con la publicación de información secreta, pero Assange siguió apelando hasta el último resquicio legal posible.
Según el diario Wall Street Journal, el equipo legal de Assange ha estado negociando con el Departamento de Justicia para que el fundador de Wikileaks no sea extraditado y terminar con este caso que ha provocado protestas en las calles, campañas políticas, quejas del Gobierno australiano y la movilización de un equipo internacional de abogados. El posible acuerdo citado por el Journal supondría que Assange se declare culpable de un cargo menor de mala gestión de documentos confidenciales y Washington acepte que ya ha cumplido con la sentencia por el tiempo pasado en la cárcel mientras apelaba.