Después de dos semanas de protestas contra el aumento del costo de la vida en Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo anunció el acuerdo para destrabar el conflicto. Gran parte de las organizaciones movilizadas quedaron fuera del pacto sellado por un grupo de dirigentes, en el cual el Ejecutivo se comprometió a reducir el precio del combustible, de 6 dólares a 3,30 por galón [3,78 litros], a cambio de levantar los cortes en las calles del país.
¿Qué organizaciones lideran la protesta?
Hace más de dos semanas, un grupo de docentes de escuelas públicas convocó a un paro nacional. En poco tiempo, se sumaron numerosas organizaciones en distintos puntos del país. Debido al volumen y el despliegue que han tenido las protestas, no es posible pensar en los manifestantes como un bloque compacto. Representan un “grupo social heterogéneo”, dice Nelva Araúz Reyes, doctora en Derecho y Ciencias Políticas, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá.
Las reivindicaciones están lideradas por la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), una organización que representa a 20 agrupaciones de docentes, a trabajadores del campo, del sector pesquero, transportistas y estudiantes. Pero no sólo Anadepo llamó a salir a las calles. También lo hicieron agrupaciones como la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas o el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Esta diversidad de interlocutorees dificulta al Gobierno negociar y encontrar puntos de acuerdo comunes.
¿Qué pide la movilización social?
Las agrupaciones coinciden en un reclamo al Gobierno: respuesta al incremento del costo de la vida. Si bien el Presidente anunció el domingo una reducción en el precio del combustible que tendrá impacto en el valor de los alimentos y medicamentos, la lista de demandas es larga. El pliego de 32 puntos exige, entre otras medidas, un aumento en los salarios, una congelación de los precios de los alimentos, e incentivos a la producción nacional. También rechazab la instalación en Panamá de cuatro bases militares bajo control de EEUU.
Si bien Panamá es uno de los países con mayor crecimiento económico de América Latina, también está atravesado por la desigualdad. La inflación interanual es de 4,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Aunque la tasa de desempleo no llega al 10%, el empleo informal ha venido en aumento desde el comienzo de la pandemia superando al 48% de los trabajadores.
¿Cómo respondió el Gobierno?
El presidente Laurentino Cortizo llamó a avanzar en un diálogo “sincero y sin doble agenda” a través de una mesa de negociación. “No tengo duda que con el diálogo sincero, sin doble agenda, podremos seguir avanzando, corrigiendo lo que hay que corregir”, dijo Cortizo la semana pasada. Pero muchos dirigentes no aceptaron la invitación.
En paralelo, algunas voces en los sindicatos denunciaron que el Gobierno llamó a reprimir a los manifestantes. “Hemos sido informados que la Policía está disparando balas vivas”, había dicho el viernes el secretario general del sindicato de la construcción, Saúl Méndez. “Denunciamos, lo repudiamos y llamamos al pueblo a resistir esta brutalidad y hacemos responsable en primera instancia al Gobierno”.
¿Qué está en juego para el presidente Laurentino Cortizo?
Laurentino Cortizo, apodado “Nito”, llegó a la presidencia en 2019 como candidato del Partido Revolucionario Democrático, histórico espacio de centroderecha, desde donde construye una administración poco acostumbrada a negociar con los sectores más críticos.
“Todos los partidos importantes de Panamá son de centroderecha, eso ayuda a entender por qué las políticas se deciden en este país por consenso y el Gobierno no está acostumbrado al disenso”, dice Claire Nevache-Weill, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales en Panamá.
Señala que la manera en que Cortizo –empresario ganadero, exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional, además de ministro de Desarrollo Agropecuario durante el Gobierno de Martín Torrijos– puede frenar el descontento es atendiendo a las exigencias sectoriales. “Pero responder a las demandas estructurales exigen una revisión del modelo de país mucho más profunda, al estilo Chile, en la que aún no estamos en ese momento”, dice Nevache-Weill.
Para Nelva Araúz Reyes, lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno. Sobre todo cuando los manifestantes no confían en sus autoridades, ni en las mesas de diálogo. “La población siente que las reuniones no son útiles, sino más bien dilatorias de la atención de sus necesidades primarias”, dice Araúz Reyes, quien sostiene que la manera de avanzar es con la construcción de una sola mesa de diálogo que incluya a todos los sectores, con respuestas claras y plazos definidos.
¿Y el caso Odebrecht?
La corrupción es otro de los ejes centrales de las calles. En medio del clima de protestas, este lunes debía empezar la audiencia por el caso de la entrega de sobornos millonarios de la brasileña Odebrecht en Panamá.
Pero la mayor investigación por corrupción en la historia de ese país, que involucra a 83 imputados, se postergó y reprogramó para el 12 de septiembre. Entre los imputados están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
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