Los talibanes flagelaron este martes a nueve personas en un estadio de fútbol repleto de personas en la ciudad afgana de Kandahar, según informó el Tribunal Supremo del país en el que supone el último castigo público llevado a cabo por los fundamentalistas en Afganistán.
“Hoy, nueve personas fueron castigadas por cargos de robo y sodomía por el tribunal de apelación de la provincia de Kandahar”, dijo en un escueto comunicado el máximo órgano judicial del país asiático.
Según testigos citados por el medio independiente afgano Hasht-e-Subh Daily, los talibanes cortaron las manos a cuatro de los hombres detenidos por robo.
Al campo de fútbol acudieron altos funcionarios locales del Gobierno talibán que dieron una serie de discursos antes de que los condenados fuesen flagelados, según el Tribunal Supremo.
Un testigo ocular que pide no ser identificado dijo a EFE que cientos de personas acudieron al lugar para presenciar la pena.
Haji Zaid, portavoz de la oficina del gobernador de la provincia meridional de Kandahar, dijo en su Twitter que cada hombre fue flagelado entre 35 y 39 veces delante de funcionarios talibanes, clérigos religiosos, ancianos y lugareños.
Más de 100 flagelaciones en un mes
La práctica de administrar castigos corporales o incluso ejecutar a personas en público, reintroducida en Afganistán por los talibanes desde que volvieron al poder en agosto de 2021, fue condenada repetidamente por organismos como Naciones Unidas.
El 14 de noviembre, el líder supremo talibán dio una orden obligatoria para la plena aplicación de la sharía o ley islámica en Afganistán. Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, desde entonces, los talibanes llevaron a cabo varias flagelaciones públicas de mujeres y hombres acusados de adulterio, robo, conducta sexual homosexual o secuestro.
“Los talibanes siguen haciendo caso omiso de las críticas generalizadas mientras desprecian flagrantemente los principios básicos de los derechos humanos en un alarmante deslizamiento hacia lo que parece un sombrío recuerdo de su gobierno de hace tres décadas”, dijo la ONG en un comunicado. “La comunidad internacional debe intensificar inmediatamente sus esfuerzos para garantizar que las autoridades de facto de Afganistán abolan todos los castigos crueles, inhumanos y degradantes.”
El pasado diciembre, diez expertos en derechos humanos de la ONU pidieron a las autoridades talibanes que pongan fin a las ejecuciones y los castigos en ceremonias multitudinarias.
“Desde el 18 de noviembre de 2022, las autoridades de facto habrían flagelado a más de 100 personas, hombres y mujeres, en varias provincias”, dijeron hace un mes los expertos en un comunicado. “Cada uno recibió entre 20 y 100 latigazos por presuntos delitos, entre ellos robo, relaciones ”ilegítimas“ o violación de los códigos de conducta social”. Además, señalaron que el castigo para las relaciones fuera del matrimonio “se dirige de forma abrumadora contra las mujeres y las niñas”.
El mes pasado, los talibanes ejecutaron a un afgano condenado por matar a otro hombre, “lo que parece ser la primera ejecución pública” desde que tomaron el poder, indican los expertos. La ejecución fue llevada a cabo con un fusil de asalto por el padre de la víctima en la provincia occidental de Farah ante cientos de espectadores y muchos altos cargos talibanes.
Los talibanes acostumbraban a aplicar durante su primer gobierno entre 1996 y 2001 brutales sanciones públicas como el ahorcamiento, amputaciones, lapidación o latigazos, en base a su rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali.
Poco después de hacerse con el control de Kabul, y a pesar de sus promesas de cambio, los talibanes mataron a cuatro secuestradores y colgaron sus cuerpos en público en la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán.
Asesinada la exdiputada Mursal Nabizada
Junto al retorno de los castigos públicos, las mujeres experimentaron un deterioro en sus derechos con restricciones como el veto a las universidades y escuelas secundarias, la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.
Este domingo, la líder afgana Mursal Nabizada, ex diputada del Parlamento durante del Gobierno previo a la llegada al poder de los talibanes, murió tiroteada junto a su guardaespaldas en un ataque cometido por individuos no identificados en Kabul.
Las fuerzas de seguridad iniciaron “serios esfuerzos para encontrar a los criminales y entregarlos a la justicia”, dijo a EFE el portavoz de policía, Khalid Zadran, sin precisar información sobre la naturaleza del crimen.
Nabizada fue una de las líderes políticas que decidió quedarse en Afganistán tras la caída de la antigua administración, pese a que cientos de funcionaros del Gobierno decidieron dejar el país en la evacuación de las fuerzas internacionales.
El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió este lunes que se esclarezca el asesinato de Nabizada y su guardaespaldas. Guterres, a través de una portavoz, se mostró impactado por el asesinato y trasladó sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.
Con información de la agencia EFE