Los cientos de miles de personas que tratan de cruzar cada año el Río Bravo, el último tramo de la ruta migratoria más mortal hacia Estados Unidos, enfrentan una infinidad de peligros. En sus fuertes e impredecibles corrientes, contaminadas por aguas residuales y cargadas con plantas y restos de objetos, se ahogan cada año más de 200 migrantes. A ello se le suma la agresiva política millonaria impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien está desafiando los límites de la ley federal con su instalación de concertinas, la creación de una patrulla fronteriza estatal y la deportación de migrantes mediante autobuses hacia estados demócratas.
A estos obstáculos, se les ha añadido este fin de semana un nuevo peligro: el Gobierno de Texas ha comenzado a instalar un muro flotante en el Río Bravo para evitar el paso de migrantes indocumentados. Esta barrera estará conformada por decenas de boyas gigantes, de entre 1,2 y 1,8 metros, ancladas al fondo del río y unidas bajo el agua por un conjunto de redes. En total, la operación está valorada en más de un millón de dólares. El sábado se colocó el primer tramo de 300 metros en Eagle Pass, que hace frontera con la ciudad mexicana de Piedras Negras. En esta zona, la segunda con mayor entrada de personas, la patrulla fronteriza identificó el pasado año hasta 270.000 encuentros con migrantes que habían cruzado el río hacia EEUU.
En lo que llevamos de año, 44 migrantes han muerto ahogados en Eagle Pass, según datos de la policía de Texas. Organizaciones de derechos humanos denuncian que este muro flotante añadirá una capa más de peligrosidad al cruce fronterizo. Según argumenta Amnistía Internacional, se transformará en más muertes ya que los migrantes, que siguen entrando al país en cifras récord tras la caída del Título 42, tratarán de cruzar el río de todos modos.
“Hoy comienza la instalación de una nueva barrera marina en el Río Grande (río Bravo para la América hispanohablante)”, anunció el viernes Abbott a través de Twitter. Un día antes, tras firmar seis controvertidas leyes sobre inmigración ―incluida una que designa a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas”―, el gobernador argumentaba: “Estamos garantizando la seguridad de la frontera en la misma frontera. Estas boyas nos permitirán impedir que llegue más gente”.
Abbott no hizo ninguna referencia al riesgo que estas boyas supondrán para aquellos que intenten cruzar el río, así como a sus impactos medioambientales. Desde la llegada de las primeras boyas, activistas climáticos se han estado manifestando a ambos lados del río, denunciando el impacto que tendrán las redes submarinas sobre la fauna que lo habita. “Hay ciertos animales que se quedarán atrapados en estas redes y no podrán salir”, lamentó Tricia Cortez, la directora ejecutiva del Centro de Estudio Internacional de Río Grande.
El muro excede las competencias de Texas
La colocación de boyas en la frontera choca con un tratado firmado en 1970 entre EEUU y México “para mantener al Río Bravo como frontera internacional”. En él, ambos países firmaron que deben estar de acuerdo si uno de los dos quiere construir una estructura que pueda afectar al cauce del río. Una aprobación que, al igual que ocurrió con la ampliación del muro de Donald Trump, no ha recibido el beneplácito de México.
En este sentido, la Comisión Federal de Límites y Aguas Internacionales (IBWC, en inglés), cuya jurisdicción incluye la supervisión de los tratados entre EEUU y México, dijo en un comunicado que está “estudiando” las acciones de Texas “para determinar si afectan a los tratados de delimitación de la frontera, control de inundaciones y distribución del agua, lo que incluye el Río Grande, y de qué manera”.
La instalación de boyas también choca con la ley federal, pues sobrepasa las competencias de los estados en materia migratoria. Según recordó Karine Jean-Pierre, “la aplicación de las leyes de inmigración compete a las autoridades federales y los estados no deberían estar tomando decisiones o entrometiéndose en ellas. Especialmente el gobernador de Texas, Abbott, que tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”.
Demanda civil de un propietario de canoas
El plan del ultraconservador Abbott ya ha recibido su primer revés legal. Jessie Fuentes, propietario de la empresa Epi's Canoe and Kayak Team, que ofrece tours por el Río Bravo en la zona de Eagle Pass, presentó una demanda contra el Estado y las autoridades de Texas relacionadas con la instalación de estas boyas. Alega que este muro dañará su negocio ya que limitará el acceso al río, imposibilitando la realización de sus tours.
Además, “va en detrimento del caudal del río, de su ecología, de la fauna y la flora. Todos los aspectos de la naturaleza se ven afectados cuando se introduce algo que no pertenece al río”, dijo Fuentes. Su abogado, Carlos Flores, aseguró a AFP que el gobernador “no tiene la autoridad legal” para instalar estas boyas, que asegura que “tendrán que ser retiradas por orden judicial”, ya que no tienen la autorización de las entidades federales.
“Nos veremos en los tribunales”, respondió, desafiante, Abbott a través de Twitter: “Esto va a llegar al Tribunal Supremo. Texas tiene el derecho constitucional de asegurar su frontera”. En la demanda de Flores no entra solamente el gobernador: también Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la Guardia Nacional de Texas y el Departamento Militar.