Desde hace tres días, el terror se adueñó de Natal, la bella capital de Río Grande del Norte visitada por turistas de todo el mundo, argentinos incluidos. Bandas de delincuentes, a las órdenes de las dos poderosas organizaciones criminales, incendian y ametrallan comercios, edificios públicos y cuarteles policiales. Las acciones han paralizado la ciudad, con escuelas y hospitales cerrados, además de colectivos y autos que no pueden circular. La violencia narco se repitió en otras 29 ciudades, con al menos tres personas muertas y 38 detenidas durante las operaciones en la que intervinieron fuerzas de la policía y del ejército.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, determinado a enfrentar la pobreza, se encuentra de pronto con un drama mayor: las facciones del narcotráfico que operan en todo el país.
No es la primera vez que se instala el pánico en una ciudad importante de Brasil. Ya ocurrió antes en San Pablo, en Ceará y en el estado de Amazonas. Tal como advierte el columnista Josias de Souza, cualquiera fuera en el pasado la orientación política y social del gobierno en Brasil, “el emprendimiento delictivo (del tráfico de drogas) prevaleció sobre el Poder Ejecutivo”. En Natal, que estos días es víctima de los atentados de bandas mafiosas, actúan en forma conjunta el Sindicato del Crimen (sic) y el Primer Comando de la Capital (PCC), de origen paulista. El lugar tiene un atractivo especial: es uno de los puertos de la región dónde se embarcan las drogas rumbo a África y Europa.
El célebre PCC, que nació en los presidios de San Pablo hace casi 40 años, hoy pelea por el dominio de las rutas internacionales hacia el continente europeo. A medida que va creciendo en el negocio del narcotráfico, también aumenta su influencia en el Congreso y las Asambleas legislativas de los estados provinciales. Con esta nueva onda de violencia, provocada junto al Sindicato del Crimen, quieren evitar que se transfiera a sus “líderes” a prisiones de Río de Janeiro. Buscan, además, mantener los beneficios carcelarios de los jefes mafiosos, y que se han visto en riesgo. No hay que olvidar que los presidios brasileños están abarrotados con este segmento social de mandamases, que controlan sus propias bandas desde las celdas.
El gobierno de Río Grande del Norte, comandado por Fátima Bezerra (del PT, reelecta el año pasado), consideró que los atentados son “una reacción” a la eficacia de las fuerzas de seguridad. Pero los especialistas juzgan anodino ese argumento y destacan que hay otros problemas: celdas llenas de delincuentes, en condiciones pésimas de salubridad, con alimentación en estado putrefacto, suciedad extrema y enfermedades múltiples. A esto se suman diversas torturas ejercidas por los agentes carcelarios. Así lo reveló una inspección realizada por autoridades nacionales en diciembre último. Al decir de los especialistas del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), “la inseguridad continuará creciendo si Brasil no cambia su percepción de los presos, a los que ve y trata como bichos”.
Según el relato del Foro, en 2019, primer año de gobierno de Jair Bolsonaro, la ciudad de Natal pasó a ser el punto de partida de las drogas hacia Holanda y Bélgica. Del puerto capitalino salen en la actualidad grandes cantidades de cocaína, procedente de Colombia, que ingresan en territorio brasileño a través de la frontera amazónica.
El Primer Comando de la Capital se instaló en esa región del Nordeste hace al menos 15 años e intentó, desde entonces, establecer alianzas con mafias locales. Fue así que, en 2012, nace el Sindicato del Crimen. El PCC consiguió de esta forma garantizar su expansión nacional; y, a partir de ese momento, lo que le permitió hacerse con las rutas principales del transporte de la cocaína y pasó a tomar control de la mayoría de las prisiones nordestinas y amazónicas.
Hay con todo “una realidad paralela”, como señala Bárbara Coloniese, del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura: el Estado no ha emprendido acciones de resocialización de los detenidos, que no trabajan ni estudian; y además las “prácticas de violencia carcelaria están enraizadas”. En definitiva, son las falencias de los organismos federales las que explican la ferocidad de los atentados.
El gobierno de Lula da Silva envió a Natal, el miércoles, una dotación 100 agentes policiales de la Fuerzas Nacional. Pero esta acción oficial, promovida por el ministro de Justicia, Flavio Dino, se mostró hasta ahora insuficiente, al punto que los ataques se han propagado a 40 ciudades de Río Grande del Norte. Este es el primer levante de las mafias de la drogas producido en el gobierno Lula y se estima que no será el único.
EG