Este viernes una banda armada de sicarios al servicio de pitucos porteños que acaparan tierra en el norte con fraguados contratos de compraventa asesinaron a otro campesino santiagueño en San Francisco, departamento Alberdi. Esta vez la víctima fue Fabián Martínez, integrante del MOCASE-UTEP.
Fueron cinco balazos que salieron de la escopeta de Jonatan Padilla, un tipo sin más tierra que los 20 metros del patio de su casa, mulo de la guita foránea. Junto a una patota de 12 personas se dedican a prestar “servicios de seguridad” a los terratenientes ilegítimos que obtuvieron papeles amañados por estudios jurídicos de la City para revenderlos, con los que pretenden apropiarse del territorio ancestralmente habitado por los campesinos.
Conozco esta historia bastante bien. Estuve en la triple frontera Salta-Santiago-Córdoba cuando un conflicto en la comunidad el Símbol con la empresa “La Paz” se llevó la vida de Miguel Galvan. También en la cordillera andina cuando una multinacional austríaca del ultraderechista Thomas Prinzhorn intentó apropiarse de 5.000 hectáreas de Aucapán donde habita la comunidad neuquina Linares.
La mecánica es siempre la misma: se inventa un pseudo título con distintos mecanismos, se contrata una banda de “alambradores”, “inspectores”, “puesteros”, para desalojar a los campesinos que muchas veces no pueden resistir. Los echan, tal vez con algún peso en el bolsillo, aceptado ante la resignación de quien sabe que va a perder todo. Una vez usurpada la tierra, estas empresas criminales desmontan todo destruyendo la biodiversidad del espacio. Así, se incorpora un nuevo territorio al modelo del agronegocio sojero o vacuno, la especulación inmobiliaria u otras actividades predatorias que crecen descontroladamente.
Cuando los agricultores familiares, campesinos y originarios –excluidos entre los excluidos– no agachan la cabeza y se van, cuando se organizan y resisten, siempre hay algún juez dispuesto a dar por válidos títulos falsos o encontrar algún ribete estrambótico en la ley para justificar decisiones inconstitucionales. Pero, si esto no se da y las empresas criminales no consiguen una homologación judicial o el apoyo de algún politiquero local, no dudan en matar. ¿Quién va a pagar la vida de un cabecita de Santiago, un diaguita de Catamarca o un mapuche de la cordillera? Los pituquitos porteños que compraron la tierra para arrendarla seguro que no; los pooles que van a llegar con su maquinaria a sembrarla tampoco, las multinacionales que venden su paquete tecnológico, menos. La tierra, para ellos, es una mera fábrica de commodities.
Pero que lo sepan… ¡Esa tierra está manchada con la sangre de un hombre justo que clama al cielo!
En este momento hay once presos. Me consta que un sector de la justicia santiagueña y funcionarios del gobierno están comprometidos con erradicar estas bandas del campo santiagueño. Tienen claro que hay que buscar a los autores intelectuales, porque en última instancia los autores materiales son gente humilde utilizada como mano de obra barata por ventajeros que viven en lujosos countries o en torres de Puerto Madero, casi igual que los soldaditos de Rosario o los pibes que narcomenudean en los pasillos del conurbano. Pibes arrojados por la exclusión a las garras de buitres con dinero y poder que nunca ponen la cara.
En Santiago del Estero, los conflictos violentos se han reducido drásticamente desde el 2012. Existen cauces institucionales para dirigirlos y en general dan buenos resultados. El problema de fondo, sin embargo, no se resuelve. El problema es el modelo. Es la voracidad del agronegocio, los desarrolladores inmobiliarios y las multinacionales extractivas que buscan convertir todo el territorio nacional en el mar verde del monocultivo, un gran depósito de glifosato, un banco de tierras para el goce futuro de los privilegiados o una cantera gigantesca para que proteínas o minerales fluyan hacia los puertos por las venas abiertas de la Argentina.
La semana pasada, a pesar del carácter popular del gobierno riojano, en la zona rural de la hermosísima localidad de Chilecito, un empresario de origen checo desalojó violentamente a la familia de Isolina, mujer valiente de 72 años, yuyera, cabritera, pobre de toda pobreza, que vive allí hace más de 30 años, donde se crió con sus hermanos, donde sus sobrinos querían sostener la pequeña agricultura como modo de vida. Tengo confianza en que el gobierno provincial pueda hacer algo para enmendar la situación. Sé que Quintela está con los humildes y que –así como hoy enfrenta al gobierno unitario de Milei–, siempre intentó evitar desalojos en barrios populares y zonas rurales.
En estos mismos días, se agrava la situación represiva en la Comunidad Indigena de Peñas Negras, en Catamarca. Esta vez no es un pituco porteño contratando santiagueños pobres para derramar sangre por unas hectáreas de soja sino una multinacional minera –Elevado Gold S.A junto a Millary S.A, cuyos apoderados son Diego Alejandro Sanchez y Hugo Emilio Bastias respectivamente– que con apoyo de la policía provincial y la patota de la propia empresa golpearon, balearon y desalojaron a la Unión Diaguita que custodiaba el cerro para evitar el avance minero, amparados además en acuerdos suscriptos con el propio gobierno. Los prepotentes al servicio del oro lastimaron feo a uno de los comuneros más ancianos de la comunidad, don Félix Escalante. La sangre tiene que hervirnos ante semejante injusticia.
El proyecto extractivo –gran negocio donde a cambio de la maravilla de algunos puestos de trabajo y seguramente algún sobre dorado para los políticos, los capitales foráneos se llevan por chirolas el oro de las entrañas del territorio patrio– implica la virtual destrucción de la reserva de biósfera Laguna Blanca, uno de los más hermosos lugares de nuestra maravillosa nación. Para sacar algunos kilos de vil metal, deben dinamitar los cerros, las vertientes, secar los espejos de aguas termales y destruir la comunidad diaguita.
Los comuneros de la zona afirman estar dispuestos a dejar la vida por sus tierras. Lo que debemos tener claro es que no es un problema local, es un problema de naturaleza universal. No tenemos primer, segundo y tercer mundo. Tenemos un solo mundo. Catamarca es parte de éste. Los diaguitas están protegiendo el futuro común.
Una frase que surgió de un funcionario en la discusión que mantuve hoy con autoridades provinciales cuando intervine para promover una mesa de diálogo y la desmilitarización del territorio fue significativa: “Si dejamos la minería, dejemos la soja”.
Es una idea que no debemos desdeñar. ¿Tanto nos conviene a los argentinos la minería a cielo abierto y el avance descontrolado de la frontera del agronegocio? No estoy proponiendo dejar de producir soja ni eliminar la minería, pero tenemos que regular con claridad los usos del suelo patrio para el beneficio de todos y respetando la naturaleza. En un país donde la gente común no puede tener un terreno para vivir, pero las multinacionales pueden colocar cianuro; en un país donde no hay pan para el pobre, pero los popes del agronegocio siguen exportando nutrientes del suelo argentino como si los hubieran creado ellos y no Dios; en un país tal, la cuestión rural merece una revisión.
En cualquier caso, confío en la sensibilidad del gobernador Jalil para que se pueda procesar este conflicto institucionalmente, conforme a las mandas constitucionales, los convenios internacionales vigentes y los acuerdos previos con la comunidad.
El capitalismo desregulado que promueve Milei&Cia ya es una realidad en muchos lugares de la Argentina, apenas disfrazados por una pátina de institucionalidad. Los poderosos hacen, demasiado a menudo, lo que quieren sin respetar ni la ley ni a las personas. Los gobiernos provinciales, titulares de los recursos naturales, muchas veces no tienen fuerzas para frenarlos incluso cuando gobiernan personas con la decisión de defender a su pueblo y territorio.
Aquí está uno de los nudos gordianos de nuestra degradación nacional. El sistema es muy poderoso, las corporaciones tenaces; el pueblo está deliberadamente debilitado por las medidas que buscan desorganizar; los gobiernos no tienen la fuerza para hacer cumplir las leyes aún cuando los políticos tengan la voluntad de que suceda. Me entristece enormemente que estas cosas sucedan en provincias gobernadas por mis compañeros de Unión por la Patria. No estoy acusando a nadie, simplemente señalando que debemos redoblar los esfuerzos para garantizar un desarrollo equilibrado con todos adentro.
En este contexto, no es casual que Milei-Caputo-Sturzenegger cierren sin auditoría ni inventario el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, desbaraten el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y despidan abogados comprometidos de los Centros de Acceso a la Justicia. Estas instituciones permitían que las comunidades que protegen el territorio de la devastación del agronegocio irresponsable y la megaminería pudieran mínimamente defenderse y progresar… pero para ellos son “grupos de interés a los que hay que empobrecer” (Sturzenegger dixit). La miseria planificada es el prolegómeno de un plan de saqueo total, la devastación de lo más hermoso de la Argentina: su Pueblo y su territorio.
La Argentina no puede ser más presa de los buitres. El territorio no puede seguir despoblado. El siglo XXI necesita su propia reforma agraria para desterrar el hacinamiento, producir alimentos, poblar nuestro espacio territorial y propiciar una nueva industrialización de la ruralidad bajo los principios de justicia social y ecología integral.
La patria no se vende ¡Ni un metro más! ¡Ningún campesino sin tierra!