La eliminación del Programa Potenciar Trabajo por parte del gobierno de Javier Milei responde a dos objetivos, de acuerdo con el decreto 198/24, y la información publicada en medios periodísticos: promover la inclusión laboral de titulares del plan a través de la formación laboral, las prácticas en ambientes de trabajo y la asistencia de emprendimientos individuales o colectivos; y asistir a familias con alta vulnerabilidad social, titulares con 4 hijos menores o más y mayores de 50 años.
Esta propuesta, que deja sin efecto el Programa Potenciar Trabajo, creado por la resolución 121/2020, implica otras decisiones con alto impacto político y de rediseño de la política social, además de que ya existían las herramientas para avanzar en dichos objetivos.
Una de ellas es desenganchar el ingreso de los titulares (Salario social complementario) de su actualización con los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil, dejándolo congelado y sujeto a una licuación permanente fruto de la inflación, si bien puede haber futuras actualizaciones decididas por decreto.
Otra es eliminar la participación de las Unidades de Gestión (gubernamentales y no gubernamentales) que ofrecen actividades laborales y de servicio comunitario con la correspondiente certificación de la contraprestación de tareas de cada titular. Además, brindan un marco institucional, organizativo y de pertenencia comunitaria para el desarrollo personal y familiar de cada titular.
La política pública de ingreso social con trabajo se inició a fines de 2009 y continúa hasta nuestros días. A pesar de los cambios de gobierno y sufriendo sucesivas mutaciones fue ganando institucionalidad, un marco normativo y un conjunto de acciones del Estado que le fueron reconociendo formas de sobrevivir y desarrollarse de ciudadanos excluidos del mercado laboral, del crédito, con fuertes barreras de acceso a servicios educativos, de salud y de vivienda de calidad; todos, condicionamientos para la inclusión laboral, sea en relación de dependencia u autoempleo.
Esta decisión del gobierno, respecto de quitar previsibilidad y poder adquisitivo al ingreso del plan social y eliminar el trabajo coordinado con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, es un retroceso en una política pública que, con sus más y sus menos, fue una construcción y un aprendizaje del Estado y la comunidad en general para reparar el daño de políticas económicas que profundizaron la precarización, la desigualdad y la exclusión.
Era una oportunidad de sanear y mejorar la acción de gobierno para construir una política pública más transparente, con amplia participación comunitaria y que convocara a integrar y garantizar derechos básicos a ciudadanos que sucesivamente y de generación en generación, sufren una doble exclusión material y social.
Potenciar Trabajo tuvo aciertos y desaciertos
• Llegó a una amplia mayoría que lo necesitaba, jóvenes y mujeres, familias numerosas y personas en edad avanzada pero aún sin edad de jubilarse. Un problema: al no ser universal y no existir criterios de priorización objetivos, el acceso fue arbitrario y sujeto en ocasiones a posibles prácticas clientelares.
• Es un ingreso significativo para las familias, complementario a otras actividades, una base de cierta seguridad ante tanta precariedad. Un piso para el sostenimiento de salarios en la informalidad o en tareas de baja calificación. A su vez un ingreso que quitaba incentivos para el trabajo registrado en actividades de salarios cercanos al salario mínimo, fomentando la conveniencia de permanecer en la informalidad.
• Favoreció la organización comunitaria, el encuentro social y pertenencia a diversas formas asociativas para paliar la crisis, para tareas de cuidado alimentario, sanitario, educativo. Es cierto que la pandemia y el avance de la degradación social por el abandono o el narcotráfico sería mucho más grave sin la tarea de militantes sociales de organizaciones civiles y de gobierno que se organizan y crean cooperativas, comedores, centros de educación popular e infinidad de actividades para el desarrollo económico y social en los barrios más humildes. Esto no implica que haya que delegar o tercerizar la política social y mejorar los mecanismos de auditoría y control de estas organizaciones de base, pero debe ser desde el acompañamiento y el reconocimiento.
A los que somos parte del campo popular nos faltó sensibilidad y coraje para cuidar y preservar esta política social; que no se transforme en botín de algún sector o en dádiva sin contenido ni proyecto. Nos olvidamos de poner en el centro a las personas.
A los que somos parte del campo popular nos faltó sensibilidad y coraje para cuidar y preservar esta política social; que no se transforme en botín de algún sector o en dádiva sin contenido ni proyecto. Nos olvidamos de poner en el centro a las personas
Dejamos las condiciones para que un gobierno —que va en contra de toda justicia social, de búsqueda de construir consensos para combatir la pobreza, de previsibilidad e institucionalidad para transformar problemas que el mercado no sólo no va a resolver sino que genera— avance en el recorte de la inversión social y en contra de toda intención de construcción democrática de consensos y articulación social.
No se resuelve la pobreza congelando el ingreso y desconociendo a los trabajadores y sus formas organizativas. Llamar al nuevo programa “Volver al trabajo” es una declaración de principios estigmatizante y desvalorizadora, nadie vive con medio salario mínimo, los que reciben el ingreso no son vagos, son trabajadores precarizados de la economía informal o popular. Son compatriotas que sufrieron los fracasos de las políticas del estado, del pacto democratico que hoy está cuestionado. Sabemos que no es con destrucción y anarco capitalismo que se va a resolver, aprendamos y reconstruyamos la representación social para construir una nueva mayoría.
PP/JJD