Un mes atrás, el 15 de septiembre, la República de Guatemala pudo conmemorar el Bicentenario de su Independencia y ostentar las más altas cifras de muertes confirmadas por Covid-19 en Centroamérica. Porque en la misma fecha se cumplían doscientos años de emancipación del dominio colonial español y dieciocho meses de prisión en el calabozo global del coronavirus cuyo primer contagio local había sido detectado un año y medio atrás. La pandemia fue una ordalía personal para las carreras político administrativas y técnicas de los cuadros altos de los ministerios de Salud, donde la gestión propiamente médica y epidemiológica era sólo uno de los aspectos, y no necesariamente el primero principal, que decidirían su supervivencia en los cargos y su futuro en el gobierno o en el funcionariado, si alguno les quedaba una vez renunciantes.
Celeste y colorado
Ante cualquier agravamiento de la crisis sanitaria, cada jefe de gobierno sabía cuán redituables para aplacar o dilatar el frenesí de furor de la opinión pública son los sacrificios humanos con víctimas propiciatorias elegidas entre el personal de las carteras sanitarias. En los países gobernados por la derecha, como EEUU, Brasil o Guatemala, les serían atribuidos resultados negativos debidos al negacionismo de los gobernantes, a la cicatería del Estado para disponer de manera sostenida y consistente de recursos nacionales, y a la renuencia a coordinar desde lo más alto una política nacional unitaria de cuarentenas, cierres programados de comunicaciones y actividades, y medidas comunes de profilaxis estricta y obligatoria. En países o provincias gobernados por la izquierda, como Argentina y Perú, o Nueva York y Amazonas, de hechos que revelaban corrupción o uso discrecional de recursos escasos como los medicamentos, las camas y salas de terapia intensiva, o los tubos de oxígeno en los hospitales podían verse responsabilizados los ministros, aun cuando fueran decisiones emanadas de otras autoridades, y sólo toleradas cuando no ignoradas o conocidas a medias por su despacho. La pandemia permitió un alineamiento de derechas e izquierdas americanas según un eje de oposiciones que determinaba cuarteles de antagonismo y cromatismo nítido: unas y otras parecieron sentirse de inmediato cómodas con la polarización entre celeste y colorado, y ambos espacios la estimaron lucrativa para fortalecerse ante sus electorados. La izquierda declamaba su convicción científica y civilizada, y bárbaros eran los Bolsonaros y Trumps (y aun Johnson y Merkel y Lacalle Pou en sus primerizas y más espontáneas iniciativas y directrices); para la derecha, la infectadura de epidemiólogos con sus interdicciones sistemáticas a la circulación y el derecho a ganarse el pan era otra prueba más, como si hicieran falta demostraciones suplementarias, de la indiferencia cruel de la ‘casta’ ante las pequeñas gentes sin privilegios y sin más futuro que el de la prepotencia de su trabajo, que les coartaban. En todo caso, quienes ponían toda su fe en las vacunas, redentoras de la enfermedad y salvadoras de los oficialismos, y sus rivales renuentes a cantar en coro el himno a las farmacéuticas, sólo lograron en total, hasta ahora, vacunar al 39% de la población latinoamericana. Y en dos países de la América continental, Guatemala o Nicaragua, sólo el 20% está vacunado.
Leyendas de Guatemala
Guatemala deriva de la voz CuauhtÄ“mallÄn, que en nahua, el idioma que hablaban los aztecas, significa “lugar de muchos árboles” en el vocablo nahua que la designa, que cuenta también con volcanes y antiguos centros mayas.
,Hugo Monroy – fundador del partido Vamos por una Guatemala Diferente, cuyo nombre evoca sin demora al de la coalición derechista Chile Vamos liderada por el presidente Sebastián Piñera- fue nombrado ministro de Salud por su amigo el presidente de derecha Alejandro Giammattei el 14 de enero de 2000, el mismo día que inició su mandato al frente del gobierno de la República.
En abril del 2020, el procurador Jordán Rodas pidió la destitución de Monroy por adquisiciones anómalas y desabastecimiento de equipo de protección personal para los médicos que atendían a pacientes de Covid-19; en mayo, la Comisión de Salud del Congreso de la República “sugirió” a Giammattei la exoneración del ministro de Salud por deficiencias en el manejo de la emergencia y la baja ejecución presupuestaria en la misma; y en junio, la ONG Acción Ciudadana pidió al ministerio Público que presente una solicitud de desafuero, después de inculparlo por ocultar información.
Monroy fue destituido el 19 de junio del mismo año acusado -con todo su equipo de trabajo- de ocultamiento de cifras y la falta de pruebas de detección de coronavirus en el país. En su reemplazo, María Amelia Flores González fue designada como la nueva ministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Estos cambios en Salud sólo demoraron lo que en verdad tampoco tardó en llegar. En noviembre pasado, miles de personas salieron a la calle para pedir la renuncia del presidente conservador, a quien interpelaron por desatender la educación y salud pública en tiempos de pandemia, que en ese momento registraba más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios. Un centenar de manifestantes (entre miles) incendió una parte del edificio del Congreso. Con mayoría oficialista, el Poder Legislativo había aprobado el presupuesto 2021 de U$S 12.8000 millones, que se desentendía de gatos y programas para combatir a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes. El estallido dramatizó el hastío de la población ante un “sistema estructural de corrupción”, como calificó a la gestión Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Pro Justicia, y la poca transparencia en el manejo de la pandemia a la que se suma el desastre provocado por los ciclones Eta e Iota.
Las líneas de su mano dura
En vísperas del Bicentenario nacional, Giammattei pronunció un discurso desde el Palacio Nacional de la Cultura donde apeló a “darle vuelta a la página y tomar una hoja en blanco, donde podamos reescribir la historia”. La oratoria del Presidente endomingando provocó indignación y fueron vistas -entre otros, por el politólogo guatemalteco Renzo Rosal - como una elocuente muestra de característico autismo e irresponsabilidad en quienes mandan. “Los números no mienten” resaltó Stephanie Rodríguez, abogada del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
La invitación presidencial a mirar hacia un conveniente porvenir generoso en olvidos y en perdón para el poder se oyó como desubicado, desacompasado mensaje de respuesta a semanas de protestas de los pueblos indígenas y de organizaciones sociales y estudiantiles pidiendo la renuncia del Presidente y la Fiscal General. En julio, Consuelo Porras, la jefa del ministerio público guatemalteca, había destituido al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, sospechándolo de oportunismo por aproximarse demasiado, en investigaciones entonces en curso, al entorno del Presidente.
Esta semana, la protesta social cambió de líderes y comparsas en las calles. El giro de protagonismo es amenazante para el Gobierno. Hasta el viernes, militares veteranos de las guerras civiles que ensangrentaron a Guatemala en las últimas décadas del siglo XX, organizaron, en diferentes puntos del país, eficaces bloqueos y disciplinados cortes de ruta en reclamo por la efectivización de beneficios previamente acordados por el Ejecutivo, aun antes de ser gobierno, como indemnización por servicios primero demandados y después discontinuados por el Estado nacional. Las exigencias del grupo de exmilitares son simples: que se les otorgue un pago de 120 mil quetzales a cada uno y que se reglamente el acceso a la propiedad de la tierra y al goce de un seguro médico. El fundamento de sus pedidos es el compromiso político con el presidente Giammattei, que les prometió en campaña, a cambio de votos, ese beneficio. Promesa que renovó el diputado Felipe Alejos, legislador de Todos, al presentar en febrero al Congreso una iniciativa formal para que la compensación económica se convierta en Ley.
Resulta natural que a estos veteranos, entrenados en sus tiempos bélicos bajo la benigna supervisión de EEUU, les haya reconocido públicamente el derecho a manifestarse la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. Resulta esperable que de inmediato, como lo dicta el ritual, la misma asociación haya deplorado todo intento de obstruir el libre tránsito de las personas. Los veteranos no van a desistir. El dirigente Mario López Espinoza dijo a la Red Noticias :“ Nosotros no nos movemos”.
La presencia del grupo de ex combatientes del Ejército nacional, armado con palos, machetes y, según ellos mismos, bombas Molotov, coincide este año con episodios políticos convulsos y riesgosos para el Gobierno. Llegan a la capital guatemalteca, a las puertas del Poder Legislativo rezagado con la pobreza y con la herencia de la guerra civil (que el joven Alejos llama púdicamente en su proyecto “enfrentamiento interno”), cuando en el interior del Congreso se negocia la composición de la Junta Directiva para 2022. Por primera vez, el peligro de que no sea del oficialismo y de los pocos aliados que conserva es muy real.
Guatepeor también existe
El paralelismo de Vamos Guatemala con su modelo Chile Vamos no podría ser más flagrante. En estos mismos días, el presidente Piñera confrontó doblemente a las Fuerzas Armadas, convocándolas para militarizar las regiones australes de Bío Bío y de Araucanía y derrotar allí al narcotráfico y el crimen organizado (y el violento reivindicacionismo mapuche) del sur chileno pero desatendiéndolas en sus reclamos de reconocimiento por su profesionalismo (y víctimas y sufrimientos y daños emergentes) en la contención del estallido social de 2019 que cumple dos años el 18 de octubre. Ya morigeradas las restricciones al derecho de reunión decretadas cuando el clímax contagioso de la pandemia, para este lunes se prevé una concentración popular única. Ejército y carabineros piden al ministerio público el acompañamiento continuado de fiscales, que les permitan operar para detener la consumación de delitos de flagrancia comprobada y registrada.
Piñera tiene con qué distraerse de los planteos militares. El miércoles en Valparaíso, todas las fuerzas de la oposición representadas en el Congreso presentaron en conjunto unánime ante la Cámara de Diputados y Diputadas una acusación constitucional contra el Presidente. A partir de las revelaciones de los Pandora Papers, piden un impeachment, un juicio político, un proceso en el cual el Senado dictamine la destitución de Piñera por la falta de ética pública y el descrédito acarreado para Chile con su obrar. Sobre todo, en negocios provechosamente concluidos por la familia del Presidente al tiempo que este político que ha sido también exitoso empresario (con fortuna calculada en 2.500 millones de dólares) ejercía la primera magistratura. Muy en especial, por la compra de la minera Dominga, un negocio ganancioso que la administración habría favorecido con un entorno de medidas despreciativas del medio ambiente.
La coalición de derecha en el gobierno ha perdido en Chile todas las elecciones para escoger representantes de los poderes constituyentes y constituidos votadas durante este mandato. Si la acusación prospera, Piñera y la Moneda podrían sufrir el tiro de gracia del final. Sería removido antes de las elecciones presidenciales del 22 de noviembre. Con vacunas o sin vacunas, con retórica dilatoria o ya sin más dilaciones, la página que se da vuelta en Chile y en Guatemala ni olvidará ni perdonará. Pero esto es casi lo único que a ciencia cierta podemos saber que estará escrito en un nuevo libro que, si empieza así, deberá renunciar a la metáfora de borrón y cuenta nueva.
AGB