De manera periódica un nuevo caso de femicidio conmueve (más que otros) a la opinión pública. A veces es por la edad de la víctima, o por las circunstancias particularmente crueles en que ocurrió el femicidio, por la cantidad de veces que pidió infructuosamente ayuda sin recibirla, o porque el desenlace deja muy en claro la complicidad, desinterés o negligencia de las instituciones del Estado. A veces, es por la suma de todo eso.
Después, durante un tiempo se analiza “el caso” de esa última víctima y se ensayan algunas respuestas, se buscan responsabilidades y tal vez se logra alguna forma de justicia a través de la investigación y sanción del femicidio. Será uno más que pasa a engrosar las estadísticas de este crimen en un país donde, con datos oficiales desde 2015, todavía no se logró progresar en la disminución de las muertes violentas de las mujeres por razones de género.
Siempre es conmovedor escuchar a las familias y amigas que explican hasta donde sabían (y muchas veces desconocían) el calvario que vivía su hija, hermana, amiga, madre, sobrina; cuántas y de qué maneras trataron de asistirla; cómo persiguieron las respuestas institucionales que evidentemente no llegaron. Siempre es desolador comprobar que piden “que sirva para algo”, que “sea la última vez” que alguien deba sufrir de esa manera. Pero la reiteración periódica de casos muestra que ese último pedido desesperado, tampoco será escuchado.
En Argentina, como en la mayoría de los países de la región hay leyes, hay programas y planes de acción, hay instituciones creadas con la responsabilidad específica de abordar el tema de las violencias por razones de género, hay presupuesto asignado (y desde hace algunos años, incluso etiquetado para poder facilitar el monitoreo de su aplicación) y sin embargo todavía hay fallas sumamente graves.
Falla la articulación entre las instituciones del Estado (las fuerzas policiales no dialogan ni coordinan su trabajo con la justicia ni con los Municipios); falla la comunicación dentro del mismo Poder Judicial (que tienen datos sobre causas anteriores, que no comparten o no consultan o no consideran relevantes); falla la resolución veloz de las demandas y pedidos de ayuda como si siempre hubiera un día más para resolver lo que debe tener una respuesta urgente, apropiada al contexto y a las circunstancias de cada niña, adolescente o mujer, lejos de las soluciones totalizadoras que se repiten de manera estandarizada como si todos los casos fueran iguales. ¿En quién recae la responsabilidad de activar los mecanismos de respuesta de las distintas instituciones públicas? Aquí viene uno de los grandes problemas: en general esa responsabilidad sigue en las espaldas de las jóvenes, de las mujeres.
Desentrañar los laberintos de las instituciones y pedir respuestas adecuadas, seguimiento y cumplimiento efectivo, no es sencillo sin acompañamiento y casi imposible sin patrocinio jurídico. Las interpelaciones a las mujeres y a las personas de su entorno para que denuncien, caen en el vacío si esa denuncia no es acompañada por políticas públicas activas, disponibles de manera territorial y articulada en cada Municipio, grande o pequeño. La denuncia es un punto de partida de un proceso difícil, complejo, que tiene sus idas y vueltas institucionales pero también personales y emocionales. Ese es el lugar que deben ocupar las instituciones locales de apoyo y acompañamiento de las mujeres, desde las primeras manifestaciones de las violencias y no sólo ante la amenaza de muerte. Ese debe ser el lugar de los Centros de Acceso a la Justicia, articulando con un sistema de patrocinio jurídico gratuito que de verdad tenga alcance federal, el lugar de los espacios dedicados al acompañamiento de las mujeres en situación de violencias. Sin políticas públicas preventivas que incluyan acompañamiento emocional y asistencia jurídica, los femicidios van a seguir engrosando las estadísticas.
La denuncia es un punto de partida de un proceso complejo, que tiene sus idas y vueltas institucionales, personales y emocionales. Las instituciones locales deben apoyar desde las primeras manifestaciones violentas y no sólo ante la amenaza de muerte
Pero sobre todo, sin instituciones públicas (policía, justicia, administración pública) capaces de mirarse críticamente hacia adentro, de asumir responsabilidades y de llevar adelante un verdadero proceso de aprendizaje para destrabar esas fallas estructurales, la promesa de la vida libre de violencias por razones de género va a seguir estando en el papel.
Sin instituciones públicas (policía, justicia) capaces de mirarse críticamente, de asumir responsabilidades y de llevar adelante un verdadero proceso de aprendizaje, la promesa de la vida libre de violencias por razones de género va a seguir
Desde la sociedad civil, ELA y las organizaciones que somos parte de la iniciativa Cerrando Brechas para Erradicar las Violencias contra las Mujeres, junto a tantístimas otras agrupaciones en todo el país que desde hace años llevamos adelante procesos de construcción de conocimiento, de formación, de acompañamiento de mujeres, de monitoreo de las políticas públicas, somos parte de este colectivo inmenso que logró llevar el tema de las violencias a un lugar relevante de la agenda pública. La responsabilidad de articular respuestas efectivas, concretas, adecuadas para cada caso, es del Estado.
(La autora es abogada, directora Ejecutiva de ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y del Proyecto Cerrando Brechas para Erradicar las Violencias contra las Mujeres)