La segunda ola de la pandemia es muy fuerte en nuestro país y el escaso porcentaje de la población que ha sido vacunado es uno de los graves problemas que enfrentamos. El debate, en cambio, se viene centrando en determinados temas puntuales – aunque no por ello menos importantes- que funcionan como guerras de bolsillo para las dos coaliciones políticas mayoritarias. Así, la cuestión de la presencialidad en las escuelas se convirtió en lo único en lo que no debía transformarse: un debate aislado donde la parte se transformó en el todo, más allá de la lógica suspensión transitoria de las clases presenciales que vienen reclamando los gremios docentes ante el nivel de casos alcanzado y viendo la experiencia de otros países.
Mientras tanto, como en una realidad paralela, aquí en nuestro país se fabrican millones de dosis de vacunas contra el Covid y se exportan, como la carne, los vinos o la soja; una mercancía más en búsqueda del mejor postor. Nos parece inaceptable que resulte natural que en medio de semejante crisis sanitaria un puñado de laboratorios desarrollados a fuerza de subsidios estatales manejen según sus conveniencias económicas la producción, venta y distribución de las vacunas en todo el planeta. Peor aún: que países como la Argentina que cuentan con la tecnología para elaborar vacunas en escala, lo estén haciendo en virtud de las necesidades del negocio mundial y no de la población del país y esta región tan afectada por la pandemia. Según distintos cálculos, la liberación de las patentes con transferencia tecnológica permitirá aumentar la producción de vacunas internacionalmente de 12 millones que se realizan actualmente, a 60 millones. Incluso, como señala Nicole Lurie, vocera de la Coalición para las Iniciativas de Preparación para Epidemias (CEPI): “todavía hay un exceso de capacidad ociosa. Las empresas que han recibido vacunas establecidas (o autorizadas) son reacias a formar asociaciones, particularmente con fabricantes de países en desarrollo”.
El lobby de las grandes farmacéuticas se hace escuchar, así como presionan ante el Consejo y el Parlamento europeo para que no se relajen las normas sobre propiedad intelectual, aquí nos quieren hacer creer que las siete plagas asolarán el país si se tocan sus privilegios. Cuentan con un punto a favor ya que los laboratorios son grandes aportantes en las campañas electorales vernáculas, lo que produce un obsceno condicionamiento político que se paga con vidas.
Para enfrentar esta feroz coyuntura se requiere de un plan integral que contemple medidas sanitarias y económicas acordes, del que las vacunas son una parte fundamental, junto con un IFE de $ 40 mil para quienes se quedaron sin empleo, están en la informalidad o son pequeños comerciantes que no pueden “quedarse en casa”.
El gobierno de Alberto Fernández optó por la opción más cómoda y que intuyen electoralmente redituable, como es polarizar hasta el cansancio con Rodríguez Larreta y una oposición de derecha cada vez más envalentonada. La misma que ya no se atreve a seguir negando la importancia de la vacunación, aunque fue variando desde las posturas abiertamente antivacunas hasta los delirios al estilo de Elisa Carrió que, con la misma seriedad que hablaba de “envenenamiento”, ahora parece que vio en Disney unos capítulos de La Doctora Juguetes y cambió de idea. Pero eso al pueblo no le sirve para nada, absolutamente para nada. Es urgente debatir cómo se consiguen más vacunas.
Para empezar, ahora desde el Gobierno se reconoce por lo bajo que ya se ha perdido un año en negociaciones con resultados limitados cuando se podrían haber destinado los recursos para producir la vacuna aquí. Científicos que intentaron hacerlo recibieron el irrisorio aporte de 100.000 dólares.
Asimismo, Argentina debe exigir (e implementar) la liberalización de las patentes y derechos de propiedad intelectual de vacunas y medicamentos contra el Covid, y poner todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios para producirlas en el país.
La multinacional AstraZeneca y sus socios, Carlos Slim y Hugo Sigman, estafaron al país, firmaron un contrato que no cumplieron. Se fugaron más de 40 millones de dosis, de las cuales no volvieron ni las que Argentina pagó. Más razones aún para actuar. Con mis compañeros del Frente de Izquierda Unidad presentamos un proyecto de ley para que el Congreso declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience situado en Garín, se suspenda en forma inmediata la exportación de ese principio activo y se comiencen a producir vacunas para la población local.
Estamos frente al cuarto episodio pandémico en este siglo, por eso la discusión excede la coyuntura. Nuestro país tiene capacidad para ser productor de vacunas, lo que falta es inversión y una decisión política para que la plata no se vaya en la deuda externa fraudulenta sino que se invierta en el desarrollo de estas vacunas. Los recursos están, el problema es cuáles son las prioridades.
Algunos nos responden que la salida que proponemos es difícil. Más difícil es seguir aceptando que avance la cantidad de contagios y muertes cada día.