Por fuera de los colectivos políticos a quienes conviene electoralmente, la acusación no consiguió ni un solo voto más. Con una sesión maratónica, en la que el senador acusador habló durante catorce horas para que otro cumpliera la cuarentena y pudiera ir a votar, alcanzaron el mínimo absoluto requerido. Aunque dejen cierto retrogusto de ilegitimidad, esos números magros evitan toda ilegalidad: con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el martes someter a juicio político a Sebastián Piñera.
Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, la oposición votó en bloque a favor de seguir adelante con el libelo acusatorio de la Acusación Constitucional. Piden la destitución por faltar a la probidad del presidente de la República, faltar a la protección del patrimonio medio ambiental chileno, y dañar la imagen internacional de Chile. El documento clave sobre el que se funda la querella para pedir el juicio político fue conocido gracias a la investigación periodística global conocida como Pandora Papers. Es el texto del contrato de venta de la Minera Dominga, negociado con domicilio en las Islas Vírgenes británicas, un edén fiscal caribeño, por la sociedad que administra los bienes de los hijos de Piñera.
Según la Constitución pinochetista todavía en vigencia, el Senado tiene seis días para destituir o no al Presidente de la República. Si Piñera abandonará por anticipado La Moneda, cuatro meses antes la fecha constitucional prevista para el fin de su segundo mandato, es incierto. Pero menos importante, para las dos coaliciones de izquierda cuyos respectivos candidatos Gabriel Boric (Frente Amplio) y Yasna Provoste (Democracia Cristiana) disputarán la presidencia en la primera vuelta del domingo 21. El dar curso a la Acusación Constitucional con total disciplina de las diputadas y diputados de los partidos coaligados, sin ni una reserva o deserción de la causa, y con una firmeza y determinación sin demoras ni matices era su cometido, cumplido a entera satisfacción.
A más tardar, el Senado deberá expedirse el lunes, cuando falte menos de una semana. A pocos meses del fin del segundo mandato de Piñera, deben decidir si hay motivo suficiente para poner fin a su presidencia por hechos que, de haber existido, habrían tenido lugar en el comienzo de su primer mandato presidencial. Sobre el Senado pesa una responsabilidad mayor, con más consecuencias hacia el futuro. Aun cuando concluyeran que el Presidente efectivamente no ha sido probo, que ha desatendido lamentablemente el medio ambiente, y que ha ensuciado vergonzosamente la faz internacional de Chile, ¿basta para que decidan acordar con 78 votos donde ni uno no es opositor, y destituir a un presidente que fue elegido por el voto popular? Están en su derecho, pero ¿no es sentar un precedente que no sea la soberanía popular la que decida quién ocupa y quién no la primera magistratura? ¿No empezaría así una regularidad y una desestabilización de un Poder Ejecutivo ya debilitado? ¿No debería reservarse la destitución express de un presidente para hechos graves y a todas luces probados, para crímenes?
En el Senado chileno hacen falta 29 votos para destituir a Sebastián Piñera, la izquierda sólo tiene 24. Pero a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, la victoria del juicio político funciona como un manifiesto revolucionario.
Los casos de Manuel Zelaya en Honduras, de Fernando Lugo en Paraguay, y de Dilma Rousseff en Brasil son la imagen invertida de estas destituciones, con presidentes progresistas de izquierda y ávidos y apresurados congresistas de derecha. Entre esas figuras condenadas, y la de Piñera, hay varias diferencias contrastantes. Piñera se diferencia en varios planos con ellas, pero impresionará más la comparación entre sí de esas diferencias que lo distinguen de los otros tres. Hay un dato que hoy parece natural que borremos del recuerdo. Y es que el mandato popular que el político derechista recibió es el más vigoroso. Mientras que Dilma entró en su segunda presidencia en 2015 después de una campaña agónica y con un margen escaso, la victoria electoral de Piñera en 2017, que habilitó su segundo mandato, fue arrasadora. En segunda vuelta, ganó con el 57% de los votos, y de su adversario en el balotaje, Alejandro Guillier, un independiente asociado al Partido Radical que iba al frente de la fórmula de la ex-Concertación, pocos recuerdan el nombre. A mediados de 2018, su aprobación personal y la de su gobierno, por encima del 50%, eran de las más grandes de la región y de la historia democrática chilena.
Ropa limpia, negocios sucios
A partir de una investigación, la Justicia concluyó que no hay acciones del Presidente que examinar con respecto al contrato en Islas Vírgenes, y cerró la causa; a partir de sus convicciones, la Cámara de Diputadas y Diputados defendió la existencia de un accionar lesivo, vergonzoso y sin probidad y pidió al Senado la destitución. La AFIP chilena investigó si estábamos ante una evasión mayúscula de impuestos, pero también cerró la investigación, porque la sociedad que administra los bienes de la familia Piñera no incurrió en evasión ni en ilusión, que es una trama exterior para presentar una situación de modo tal de no pagar impuestos, pero que si sus mismos componentes se ordenaran de otro modos, sí se pagarían. Hay que aclarar que, sin embargo, el Congreso obra de pleno derecho si destituye. Sus convicciones lo llevan a encontrar que la conducta de Piñera, o el mero hecho de que su vida y decisiones lo lleven –y más allá de la minera, hay en esto una frecuencia ininterrumpida- en coyunturas donde esas conductas son posibles, revela una indignidad del Presidente.
Hasta ahora, un logro justifica ya de por sí el trabajo del equipo de Pandora Papes en lo que toca al contrato de la minera Dominga. Según la justicia de Chile no existen pruebas o indicios de conductas, ni de Piñera por un lado ni de la administración del fideicomiso ciego por el otro, que inviten a la apertura de un proceso para determinar a la luz de la ley chilena si cabe tipificarlas como delitos penales de fraude o en un diferente plano del análisis legal como evasiones fiscales. De probarse, en el caso de Piñera lo que esto significaría de desprecio a la ciudadanía, abuso de poder y posición privilegiada, descalabro de la Administración Pública y sus controles, estafa al sistema de recaudación nacional lo imputaría por graves delitos derivados de su cargo. Sin embargo, para la Justicia de las Islas Vírgenes la administradora ha cometido un delito, y se ha abierto una causa. Según la ley británica, la administradora debería haber registrado en el documento contractual que los bienes administrados correspondían a la familia de un presidente. Y aquí sí cabe una valoración o sospecha ética, porque hay un hecho. Esa omisión hace preguntarse, legítimamente, si no implica una voluntaria sustracción a la transparencia, un dotarse de opacidad e incógnito.
Para Sebastián Piñera, la votación del martes, con voto de mayoría simple de diputadas y diputados en ejercicio, y la del lunes si le llegara la destitución, para la que hacen falta dos tercios del Senado en ejercicio, es el desenlace de una profecía auto-realizada, la pesadilla con la que sueña desde el estallido social Diputadas y diputados de la oposición que se sacaban fotos después de haber ganado, comentaristas en la radio y la televisión varias veces dijeron que desde el estallido social de octubre de 2019 Piñera, sin importarle las contradicciones propias y el daño que podía causar a Chile, ‘había actuado solamente para seguir en la presidencia cueste lo que cueste’. ¿Quien que haya seguido los acontecimientos de estos dos años puede dudar de que haya sido así, de que en las oscilaciones del Presidente junto al motivo egoísta se sumara algún otro menor, pero altruista? Para el Congreso, la Acusación Constitucional fue el equivalente del lema rebelde del estallido, el ‘Piñera, no son 30 pesos (por el aumento del pasaje en metro), son 30 años’.
Masa y Poder. Y dinero
¿Es antidemocrático privar a un presidente de un poder nacido del voto popular? Aquí hay que mencionar una cuestión primordial, hasta ahora no mencionada, pero que obra como determinante sin parangón por detrás de que Piñera haya sido dos veces presidente, y que hace que los parecidos formales de su situación con las de Lula el obrero y Lugo el cura se debiliten hasta quedar exangües. Ese origen es el dinero. Los miles de millones de dólares del (lícito) especulador Piñera. Su fortuna en las listas de Fortune. No hay fideicomiso que valga. Porque el dinero es poder, por el poder que da al dueño. No hay mayor. Pero no es un poder democrático. Porque su origen no lo es. Y cuando ese poder ingresa en la vida democrática, introduce un coeficiente de distorsión letal e indetenible. Porque no desaparece en ese ámbito sino que, al revés, crece, porque incorpora las cuotas de poder de quienes no pueden oponérsele. Paradójicamente, que sus transacciones comerciales, operaciones, negocios, beneficios fueran siempre irreprochables, magnificaban ese poder antidemocrático más que desprolijidades o coimas, que entendimientos que hicieran progresar a pares.
Hay, sobre todo fuera de Chile, una imagen común pero falseada de Piñera, que lo presenta como un gran empresario. De aquellos que se nos invita a admirar por su capacidad para la industria, la producción, la creación de riqueza y la generación de empleos. Nada de eso hay en su fortuna. LAN Chile fue una inversión como otras. La capacidad sobrehumana que caracterizaba a Piñera era esa que se deja simplificar en un infatigable vender caro lo que se compró barato. Arriba de LAN Chile había una mesa de dinero: ésa era su oficina.
La Constitución pinochetista estimula y favorece en su texto las ventajas comparativas para un multimillonario como Piñera al entrar a competir en la arena política después de competir con más o mejor éxito en casi todos en los mercados. La Ley Suprema de 1980 dota a la ideología neoliberal de estatuto constitucional.
Todavía no se puede saber, y menos apreciar o despreciar, la nueva Constitución que una Convención Constitucional, que se reúne cada día, con un plazo (prorrogable) de nueve meses, está redactando. Pero sí anticipar que no quedarán restos de esa Carta Magna que, en pro de un declarado bien común, expulsaba, desterraba, exilaba o marginalizaba el poder del Estado. La Cámara de Diputadas y Diputados ya lo hizo antes. Su decisión y su propósito fue la expresión de un distanciamiento sin concesiones del Antiguo Régimen. Con la energía que causó la derrota del Presidente se cierra un ciclo corto de dos años donde hostilidades y treguas donde el balance de cada trecho arrojaba un saldo neto de privilegios y confianza transferidos de Santiago y Valparaíso. Pero también se abre otro ciclo breve pero de intensidad y efectos que nadie ve, pero todas las fuerzas prevén, de rivalidades y malentendidos entre el Congreso y el Presidente de izquierda que ganará las elecciones y la Convención Convencional. No a pesar, sino a causa de que sea una misma izquierda la que domine poder constituyente y poder constituido, en un escenario sin Piñeras y con la derecha relegada a observadora inerme de la demolición de su Chile y la erección de uno nuevo.
AGB