La Constitución nacional aprobada en 1994 incluyó, como novedad, el reconocimiento de los pueblos originarios. Reproduzco, para que lo tengamos fresco en la memoria, el artículo 75 inciso 17, que manda a
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”
Nuestro Estado está en violación de una norma constitucional: el reconocimiento de comunidades y restitución de tierras ha sido en cuentagotas y no se ha habilitado realmente su participación en la gestión de los recursos naturales. Por el contrario, siguieron padeciendo nuevos despojos.
Como parte de la reacción derechista que venimos viendo en todos los frentes, el 29 de marzo pasado la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza votó una resolución delirante y profundamente racista, por la que propone que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos″. Literal. La propusieron en comisión las legisladoras Cecilia Rodríguez (UCR), Evelin Pérez (UCR) y Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista) y en el recinto la votó la mayoría oficialista de la UCR y el PRO. La mayoría de los legisladores del peronismo se opuso, pero una buena parte de ese bloque también sumó su voto.
La resolución vino a propósito de un acto administrativo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la repartición que debe encargarse de cumplir el mandato constitucional de reconocer tierras. Luego de estudiar el caso durante diez años, el INAI dictaminó en enero pasado que los reclamos de tres comunidades mapuches sobre la tierra que ocupaban informalmente eran atendibles, por lo que debía dárseles carácter legal a esa ocupación. Las tierras en cuestión están en el sur de la provincia, cerca de Malargüe.
El dictamen del INADI desató una reacción histérica de la derecha mendocina, que intentó no solo cuestionar los derechos de esas tres comunidades, sino argumentar que en Mendoza nunca hubo mapuches. Los especialistas mostraron que sí (incluso “Malargüe” es una palabra en mapudungun, así que la demostración no es tan complicada). Pero la derecha mendocina no se inmutó. En la Legislatura avanzaron incluso más y votaron una resolución que no dice que los mapuches directamente no existen como pueblo originario de la Argentina. No de Mendoza: de toda la Argentina. El disparate total.
Al votar ese sinsentido, los legisladores de la derecha ignoraron olímpicamente el saber científico sobre la cuestión y apoyaron la campaña de extranjerización que desde hace un tiempo avanza en los medios y redes sociales, donde se sostiene que “los mapuches son chilenos”. A lo que agrega otras fantasías similares, como que “vinieron de Chile y exterminaron a los indígenas argentinos” o que sus reclamos en verdad son parte de un designio británico para apropiarse de la Patagonia.
De manera bastante unánime, los especialistas vienen explicando que todo eso es absurdo. Ante la resolución de los diputados mendocinos acaban de emitir una declaración de repudio firmada por la abrumadora mayoría de quienes se ocupan de estos temas. Prácticamente no quedó decano, director de instituto, cátedra o especialista en historia, antropología, lingüística o arqueología que no esté diciendo que todo esto es un disparate. Los mapuches habitan el suelo que hoy ocupa la Argentina al menos desde el siglo XVIII. Y no hubo “invasión” ni “exterminio”: el término “mapuche” incluye diversas parcialidades, cada una con historias específicas y designaciones propias (huilliches, picunches, pehuenches, pampas, etcétera) que fueron confluyendo y ocupando espacios cambiantes. Esto es de hecho lo habitual con los grupos étnicos en la era anterior a los Estados, cuando no había fronteras rígidas ni un sistema escolar que estabilizase una lengua y una identidad única. Los grupos étnicos rara vez se mantenían siempre iguales a sí mismos ni “eran” de un lugar: en todo caso estaban allí en un período determinado. Como los guaraníes, que del Amazonas pasaron a residir, mestizados con otros pueblos, en zonas tan distantes como Salta.
No hay ningún “debate” al respecto: no hay dudas de que los mapuches habitaron de este lado de la cordillera al menos desde el siglo XVIII. Es decir, incluso antes de la independencia de las Provincias Unidas del Sur, mucho antes de que exista “Argentina” y todavía mucho antes de la conquista de la Patagonia, que recién comenzó en 1879. Valentín Sayhueque, el gran cacique mapuche del Neuquén nacido c. 1818, último en ser sometido militarmente, se consideraba argentino y era reconocido como autoridad por el gobierno argentino. Irónicamente, desde su fundación hasta 1776 Mendoza estuvo bajo la jurisdicción de la capitanía de Chile. Todavía en 1835 una parte de la élite mendocina intentó separarse de la Argentina y volver a depender de Chile. Tan cercanos eran los vínculos. Por lo que, si uno usase los argumentos absurdos de la derecha, podría decirse que los mapuches fueron “argentinos” antes que los mendocinos, o que el rechazo a su presencia en Mendoza forma parte de alguna conspiración chilena.
El intento de convertir a los mapuches en extranjeros con una vergonzosa decisión legislativa que quedará en la historia del racismo local, viene de tiempo atrás. No cabe dudas de que se relaciona con disputas sobre tierras, que algunas personas se quieren apropiar aprovechando sus privilegios como blancos y tocando la cuerda de la discriminación. Tierras que tienen valor para el negocio inmobiliario –de eso se tratan las disputas en Bariloche– o para el fracking, como en Vaca Muerta. Los derechos mapuches, su presencia organizada, molestan. Mucho. La prensa colaboró en estos designios con una constante campaña de demonización de un pueblo entero, a cuento de organizaciones o actos “terroristas” incomprobables o trazando distinciones entre mapuches por un lado y “la gente” por el otro. Como si alguien de aquél origen no fuese también “gente”. Cualquier charlatán encuentra espacio en los diarios para decir cualquier cosa.
Deberemos prepararnos para convivir con las “verdades alternativas” –lo que antes llamábamos simplemente la mentira– que, como en otros sitios, se abren camino entre nosotros. La derecha está decidida a destruir una de las últimas limitaciones que encuentra para el avance de sus proyectos: la de la evidencia. Y, junto con ella, los propios saberes de quienes se ocupan de investigarla con el método científico. Si la realidad es un obstáculo, peor para la realidad. Mapuches, académicos, derechos humanos, Constitución nacional: todo sospechoso. Todo extranjero y prescindible.
EA