Una invariante de la aproximación al gobierno de las diferentes derechas argentinas, dictatoriales o democráticas, fue la postulación de una regeneración ética y republicana para dar vuelta la página de la barbarie populista.
Javier Milei, el más ultra y plebeyo de los derechistas que ganaron elecciones, se subió a la cruzada regenerativa a caballo de la ira infinita contra “la casta”.
Los hilos originarios de Corporación América detrás del anarcocapitalista o los más actuales de Techint —a sus anchas en la Presidencia—, Werthein, Bulgheroni o IRSA resultan poco perceptibles para un público que dice tener avidez por detectar y eliminar privilegios. Ni “con la tuya contribuyente”, ni los “parásitos del Estado”, ni la “dilapidación de recursos” alcanzan a esas corporaciones en el relato mileísta.
Con los multimedios Clarín y La Nación fascinados con la lucha contra la casta, disimular esos hilos hace la tarea un poco más sencilla, así como salvaguardar la presunta integridad de la figura presidencial. Si Milei declara un patrimonio personal equivalente al valor de tres charlas de las que daba a inversores hasta poco antes de las PASO (US$20.000 la hora), no es un elemento que merezca la atención de los honestistas argentinos.
Las cartas del ultra
En las últimas semanas, Milei mostró dos cartas de una conexión profunda con las vertientes más sórdidas de esa segunda realidad nacional que transcurre entre salones VIP de clubes, hoteles y restaurantes, countries, vuelos privados, cuentas offshore y sótanos. Ellas son la trama que proyecta a Ariel Lijo hacia la Corte Suprema y la ofensiva negacionista comandada por un exjefe de Inteligencia del menemismo. Disociados entre sí, en veredas opuestas en varios momentos, dos de los estamentos emblemáticos del espionaje y los tribunales encuentran las puertas abiertas de par en par en el Gobierno de Milei.
La postulación de Lijo para la Corte actuó como un revulsivo en un sector de la elite que le organiza seminarios en los que se celebra “el rumbo” y, si es necesario, atenúa la luz del escenario para que el primer mandatario se autoperciba más lindo.
¿Qué llevó a la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham), IDEA y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (agrupa a los grandes estudios del fuero comercial) a manifestar el primer reparo frontal contra el Gobierno de Milei, y hacerlo de modo altisonante?
La postulación de Lijo para la Corte actuó como un revulsivo en un sector de la elite que le organiza seminarios en los que se celebra “el rumbo” y, si es necesario, atenúa la luz del escenario para que el primer mandatario se autoperciba más lindo
Acaso no explique todo la indignación ética que les provoca a esas organizaciones la mera hipótesis de que ocupe una silla del alto tribunal un juez con un hermano tan millonario como Lijo. Alfredo, el hermano operador, exhibe un arsenal de autos de lujo, haras, entradas y salidas de empresas y cuentas millonarias offshore, pero hay fotos y testimonios, incluido el de una expareja, que permitirían concluir que su riqueza se trata de una sociedad fraternal.
El dato que dificulta el encasillamiento de Lijo en el mapa de Comodoro Py son sus variadas terminales. El contenido de los cajones de su escritorio interesa a kirchneristas, peronistas clásicos, macristas y radicales. Todos tienen algo para reprocharle, pero también motivos para contener los cuestionamientos. La hibernación de las causas es un activo para los habitantes de Comodoro Py con el que convive a gusto el poder real de Argentina. En ese ecosistema, Lijo se mueve con la parsimonia de quien conoce a la perfección cómo están distribuidas las cartas del mazo.
El barullo de la elite
Su candidatura para la Corte, con la mano indisimulable del supremo Ricardo Lorenzetti, generó un enorme barullo, que no alteró la templanza de espíritu y los habituales deslices corrosivos que le atribuyen a Lijo quienes lo frecuentan.
Un aspecto que interpela a los objetores VIP del titular del juzgado federal criminal número 4 es que la suma de pecados que el diario La Nación se ocupó de iluminar por todo lo alto no son patrimonio exclusivo del apuntado.
Por el contrario, cuando el colaborador más cercano del juez de la Corte Horacio Rosatti queda expuesto pergeñando estrategias judiciales con un ministro de la Ciudad, Juan Carlos Maqueda aparece contemplativo ante el desfalco de la obra social del gremio, el fiscal Carlos Stornelli no deja ilegalidad procesal por cometer, un grupo de magistrados y funcionarios viaja clandestinamente a Lago Escondido, o salen a la luz prebendas institucionalizadas y vidas lujuriosas, la Amcham, el Colegio de Abogados de la Ciudad e Idea, lejos de la indignación republicana, denuncian persecución. No es menor el reparo sobre Lijo de los grandes estudios, en la medida en que algunos de ellos son autores de la mega ley y el mega DNU con los que Milei aspira a reemplazar la Constitución.
La construcción de Lijo remite a dos nombres ineludibles: Daniel Angelici y Jaime Stiuso. Allí empieza a cobrar sentido el tenor de ciertas reacciones.
El reino de Jaime
Stiuso fue un orgánico de la Secretaría de Inteligencia desde 1972, que adquirió responsabilidades progresivas con la dictadura y todos los gobiernos de la democracia, pero que lograría una ascendencia decisiva sobre sus pares y sobre el funcionamiento de la Casa con el cambio de siglo. Para Miguel Ángel Toma, al mando de la Secretaría de Inteligencia durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde, Stiuso se transformó en un artífice de las relaciones con los servicios de Estados Unidos e Israel, y un hombre útil para apaciguar los temores insurreccionales de la caída de la convertibilidad.
Néstor Kirchner profundizó esa deriva y le dio a “Jaime” un amplio poder para la relación con los jueces federales. Además, le fue asignada la tarea especial de tutelar a Alberto Nisman en la investigación por el atentado a la AMIA.
Stiuso funcionó para dar un cauce a los servicios de Inteligencia, turbio y tóxico, pero relativamente estable, hasta que su reinado llegó a su fin en el último bienio de Cristina en la Presidencia. Desenchufar el poder concedido durante una década y reemplazarlo por incursiones advenedizas de La Cámpora y el círculo ínfimo de la Presidenta, caracterizados por no medir cabalmente las consecuencias de sus actos, no resultaría gratuito.
El sistema que legó Macri
Mauricio Macri llegó a la Presidencia con su legendaria avidez por instrumentar un espionaje ilegal de escala industrial, totalizador, contra adversarios, enemigos y amigos. Apeló al “más habituado a la trampa” (sus palabras), Gustavo Arribas, y a la histórica del espionaje PRO Silvia Majdalani para encabezar la SIDE, rebautizada como Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Florecieron grupos y subgrupos ilegales, Súper Mario Bros y muchos otros. Importantes aliados como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se vieron en el doble papel de usufructuarios de esa red a la vez que blancos del espionaje.
El tándem Arribas-Majdalani y la mesa judicial del macrismo motorizaron a Comodoro Py con palo y zanahoria. Hubo sortijas para arrepentidos, ascensos para obedientes y sanciones fulminantes para díscolos.
Ese esquema encontró a Stiuso con sed de venganza contra el kirchnerismo, pero sin los resortes que había manejado antes de su divorcio de los Kirchner, disparado desde el memorándum con Irán, en 2013. La confluencia de intereses del exjefe de Contrainteligencia con el macrismo alcanzó para retorcer las causas Nisman (su fraudulenta denuncia de encubrimiento del atentado contra la AMIA y su aparente suicidio), y mantenerlas en estado de latencia, hasta hoy. De tan pesada, la acumulación de falsedades y operaciones impide que un fiscal o un juez se anime a concluir algo relevante. Sólo el temerario Claudio Bonadio estaba llamado para esas rúbricas.
El tándem Arribas-Majdalani y la mesa judicial del macrismo motorizaron a Comodoro Py con palo y zanahoria. Hubo sortijas para arrepentidos, ascensos para obedientes y sanciones fulminantes para díscolos.
El descenso a la ciénaga de Inteligencia con Macri requirió de los principales medios, que actuaron como pilares de acusaciones, absoluciones, y, cuando hizo falta, presuntas extorsiones. Nada de esa cúspide de la inseguridad jurídica mereció un editorial de la prensa conservadora ni un comunicado de cámaras empresariales extranjeras, como sí lo disparó la mera propuesta de Lijo para la Corte.
“Con Macri se reorganizó un sistema con patas judiciales, políticas y empresariales que demostró su vigencia incluso sin el macrismo en el Gobierno. La meta fue hacer limpieza de lo que ellos consideraban obstáculos para el modelo de país que querían o, si lo querés mirar mal, sus intereses, porque no se adaptaron o no lo aceptaron, o porque no subordinaron sus negocios. Stiuso fue un orgánico y, cuando el kirchnerismo le bajó el pulgar, pasó a ser un líbero. Así lo encontró el macrismo; no volvió a ser el jefe de antes. Lijo, en tribunales, se parece a eso: un líbero con poder de fuego”, indica una fuente al tanto de las transiciones de Inteligencia.
El vínculo de Lijo con Stiuso se forjó durante los años de los Kirchner, con el hermano Alfredo en un lugar preponderante, pero habría indicios para vislumbrar que sigue vigente. El periodista Carlos Pagni apuntó a un sospechoso viaje a España del juez en un vuelo privado que habría sido alquilado junto a quienes aparecen como máximos allegados al espía, Lucas Nejamkis y Guillermo Coppola.
La reimplantación de la jefatura de Lorenzetti y el ascenso de Lijo sería “volver a un sistema que percibe para dónde va el viento y a la vez maniobra caso por caso. Al actual esquema, con la mayoría de la Corte a la cabeza, se le puede ir de control”, interpreta la fuente. En otras palabras, pasar de un sistema absolutorio para los propios y persecutorio para los enemigos, que actúa como garante para un sector de la elite, a uno negociador, en el que nadie maneja toda la botonera.
Tata, sin novedad en el frente
El segundo elemento puesto sobre la mesa por el Gobierno esta semana también tiene un sello en los servicios de Inteligencia. Los Milei encargaron a Juan Bautista “Tata” Yofre la estructuración de un relato ya no de los “dos demonios”, sino abiertamente negacionista sobre el terrorismo de Estado. Los precarios 13 minutos dirigidos por Santiago Oria vieron la luz el 24 de marzo, mientras cientos de miles conmemoraba la memoria de los desaparecidos en las calles de todo el país.
Hasta ahora, la provocación salió mal. Lejos de cobrar vuelo, empujó a la oposición amigable, esa del “¡déjese ayudar, Presidente!”, a tomar distancia del oprobio, y expandió el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia. Las postales de las masivas manifestaciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario tuvieron infinito mayor peso real y simbólico que el relato que patrocinó Karina Milei, para desgracia de los trolls a sueldo que se vieron pasados por arriba. Esta vez, ganó la calle.
Yofre, primer secretario de Inteligencia durante el Gobierno de Menem, intentó divulgar una “verdad” presentada como oculta, centrada en dos testimonios, el de una hija del capitán Viola, asesinado por el ERP en 1974, y el del montonero arrepentido Luis Labraña. Uno de los problemas del trabajo de Oria fue la ausencia absoluta de novedad. La historia densa y conmovedora de María Fernanda Viola y la incomprobable versión del exguerrillero tienen un amplio recorrido en los medios de mayor difusión.
El propio Yofre es una prueba viviente de que la prédica negacionista nunca se interrumpió desde el fin de la dictadura. Transitó por varios medios y escribe habitualmente sobre los años de la dictadura en Infobae, el sitio informativo de mayor difusión. Además, es autor de una quincena de libros publicados por Random House, con título inequívoco (Nadie fue, Fuimos todos). Fue un hombre poderoso cuando Menem le confió la SIDE, en el período en que se redactaron los indultos a jerarcas de la represión.
La novedad que aporta Milei es que la proclama reivindicatoria es disparada desde el aparato estatal, sin inhibición, por primera vez en democracia. Ni el Menem de los indultos transitó este camino de forma tan burda
La lucha por la memoria fue una gesta ganada en las calles, los tribunales y la sanción de leyes por los organismos de derechos humanos, los familiares y millones de argentinos que eligieron acompañarlos. El establishment que apoyó a la dictadura, como pudo (intentos de golpe, llamados a la reconciliación, editoriales, indultos, montajes), conservó sus banderas. La novedad que aportan Milei y Victoria Villarruel es que la proclama reivindicatoria es disparada desde el aparato estatal, sin inhibición, por primera vez en democracia. Ni el Menem de los indultos transitó ese camino de forma tan burda.
“Profuso material probatorio”
Yofre y Stiuso se conocen bien. Estuvieron, casi siempre, en veredas enfrentadas. Por viejas rencillas de la década de 1980, Yofre apartó a Jaime de funciones operativas durante su semestre como secretario de Inteligencia de Menem.
El 14 de septiembre de 2012, Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y exesposa de Nisman, procesó a Yofre por presunta asociación ilícita, espionaje y sustracción de documentos. Según escribió la magistrada, el exjefe de la SIDE organizó una trama de intercepción de mails entre agosto de 2006 y junio de 2008. Entre los blancos estuvieron Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Héctor Timerman, Alberto Fernández, Nilda Garré, el entonces abogado de derechos humanos Alejo Ramos Padilla (hoy juez federal de La Plata), Alicia Castro, Jorge Taiana y los secretarios presidenciales, entre muchos otros.
Doce años atrás, Arroyo Salgado dijo tener “profuso material probatorio” sobre una “actividad criminal” que tuvo por finalidad la comercialización, archivo y difusión de los intercambios privados de la cúpula gobernante de entonces. Aclaró también que entre las víctimas del grupo de Yofre había famosos del espectáculo, pero que, al no ser funcionarios nacionales, se trataba de un delito de acción privada.
Pese a su evidente interés público, la causa que llevó a cabo Arroyo Salgado sobre la organización de Yofre nunca cobró vuelo en los medios líderes ni en el sistema político
Yofre habría actuado junto a tres espías y entre los receptores de la información ilegal se habrían encontrado el general retirado Daniel Reimundes, los periodistas Roberto García, Edgar Mainhard y Pagni, y el empresario periodístico de Santiago del Estero Néstor Ick. En la misma resolución, los espías Pablo Carpintero y Héctor Alderete fueron procesados por el delito de espionaje, y los periodistas y el militar, por encubrimiento agravado.
Según el fiscal federal Sebastián Basso, Reimundes, Pagni y García admitieron en el expediente haber habilitado cuentas de correo electrónico destinadas a recibir las intrusiones que les enviaba Yofre, “líder indiscutido del microemprendimiento criminal… con fines lucrativos”. Una de las cuentas usadas por Reimundes y Yofre llevaba por dirección kristalnacht45@gmail.com. Ello sintoniza con el hecho de que exjefe de Inteligencia presuntamente remitiera al militar mails relacionados a causas del terrorismo de Estado.
En septiembre de 2013, los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de San Martín. Los tres jueces resaltaron que los periodistas procesados tuvieron una conducta pasiva: aceptaban lo que enviaba Yofre a sabiendas de su origen ilegal, pero no solicitaban información de un blanco en particular.
Los caminos de Arroyo Salgado
Pese a su evidente interés público, la causa que llevó a cabo Arroyo Salgado nunca cobró vuelo en los medios líderes ni en el sistema político. Ni siquiera los supuestos espiados lo pusieron en el eje de su agenda. Página 12, Tiempo Argentino y, en años recientes, El Destape le dieron curso informativo, pero, en general, el círculo rojo consideró que era una causa armada por el kirchnerismo a través de Jaime Stiuso, a quien se sindicaba como jefe operativo de la jueza y de su exmarido.
El nivel de detalle de intercambio entre Yofre y sus receptores en los autos de procesamiento en primera y segunda instancia dio cuenta de un trabajo exhaustivo.
Cuando los planetas se desalinearon por la disruptiva enemistad de Stiuso con los Kirchner y un año después de la fraudulenta denuncia de Nisman por el memorándum con Irán y la muerte del fiscal, Arroyo Salgado dio un giro copernicano en la investigación. Yofre, Pagni, Ick y Reimundes solicitaron la nulidad de la causa. Adujeron que se habían vulnerado sus derechos, porque el punto inicial del expediente habían sido versiones de “fuentes confidenciales inobjetables” aportadas por presuntos agentes encubiertos que habrían actuado sin amparo legal.
El fiscal se opuso al cierre, porque el agente de la Policía Bonaerense Hernando di Filippo, el suboficial mayor del Ejército Joaquín Pereyra y la productora del programa televisivo “Intrusos” Valeria Muzzio, cuyas denuncias dieron origen a la causa, dijeron haber advertido por su cuenta la actividad de los espías que pinchaban mails para Yofre, sin haber recibido un mandato de la SIDE.
El 30 de diciembre de 2015, tres semanas después de la asunción de Macri en la Presidencia, Arroyo Salgado evaluó que la “anarquía” había reinado en la agencia de Inteligencia durante el segundo gobierno de Cristina y dio por probado que Di Filippo y Pereyra fueron agentes encubiertos. Yofre, tres espías (Alderete, Carpintero y el prófugo Iván Velázquez), Reimundes y los periodistas pasaron a ser víctimas de espionaje ilegal y no perpetradores, y todos fueron sobreseídos.
Si Arroyo Salgado resulta nominada por Milei como candidata a procuradora general en reemplazo del interino Eduardo Casal —aupado por Macri—el intento de reestablecimiento de un orden cobrará nuevos visos de realidad.
La mano militar, de regreso
El manejo de la Agencia Federal de Inteligencia está actualmente a cargo de Silvestre Sívori, un excolaborador de Guillermo Dietrich durante su paso por el ministerio de Transporte. Sívori se ocupó de la dirección jurídica de esa cartera, aunque su puerto de llegada es el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, enemigo de Dietrich en la interna macri-mileísta.
Múltiples indicios apuntan al ingreso de militares en posiciones clave de la AFI y a un renacer acelerado de los fondos reservados, restringidos durante el Gobierno de Alberto Fernández. Una de las improntas del Presidente ultra sería eliminar la frontera entre la Inteligencia militar y la civil. No hay originalidad en ello. En su semestre a la cabeza de la ex SIDE, Yofre pobló la Casa de jefes de espionaje y represores de la dictadura, como el general de brigada Carlos Martínez (titular de la Casa en el período final del Proceso), a cargo de la Escuela de Inteligencia, y el peso pesado Pascual Guerrieri, puesto en Planeamiento, quien resultaría condenado a prisión perpetua tres décadas después.
La libertad avanza. El Gobierno se encamina a la unificación de las oficinas de Inteligencia Militar y Criminal que dependen de los ministerios de Defensa y Seguridad, bajo el mando de la AFI, como informó Pedro Lacour.
A veces, la casta tiene miedo, y otras, lo provoca.
SL/DTC