El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, o R.I.G.I., aprobado dentro de la Ley Bases, le otorgó una serie de descomunales concesiones a las inversiones de 200 millones de dólares o más en la industria forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Entre ellas, estabilidad fiscal, tributaria, cambiaria y jurídica por 30 años; importantes exenciones en ganancias e IVA; libre disponibilidad de las divisas. Como se dice en la calle, suculentos beneficios a los que pongan como mínimo 200 palos verdes para apropiarse de nuestros bienes naturales sin obligación de dejar nada de ello para el país. Pero estos no son los únicos palos con los que viene el RIGI. Un mes después de su promulgación, a principios de septiembre el gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución N° 893/2024 del Ministerio de Seguridad que dispone la creación del llamado Comando Unificado de Seguridad Productiva.
Como lo señala la propia resolución ministerial, dicho Comando busca impedir los cortes de ruta o acciones de protesta que traben el funcionamiento comercial y productivo de los puertos de Bahía Blanca, San Lorenzo y Timbues –estos dos últimos de la zona de Rosario- que es por donde se exporta, entre otras cosas, los frutos del agronegocio; las zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta; las zonas de los emprendimientos megamineros; y los parques industriales. No requiere ninguna explicación sesuda, son los sectores ofrecidos al gran capital por el RIGI. Lo reitera la misma resolución cuando justifica la medida de otorgar una “seguridad especial” a ciertas empresas por “su gran contribución al crecimiento del país”, por el “volumen de su producción, a la magnitud de su aporte” o el “alto valor de sus productos”. Y lo aclara el propio Ministerio cuando señala, según informa el diario La Nación, “que en las zonas mencionadas en la resolución, el polo petroquímico de Bahía Blanca, la zona portuaria de San Lorenzo, una de las más importantes vías de carga fluvial de granos, y el área de hidrocarburos de Vaca Muerta se instalarán posiciones de fuerzas federales para tener una rápida capacidad de despliegue y mejor coordinación con las unidades de las policías provinciales” (Gallo, 2024). Así, no se trata sólo de la unificación de mando y articulación de un conjunto de fuerzas federales (la policía federal, gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria) y provinciales, incluso con su vinculación con las áreas y servicios de inteligencia; sino que se prevé desplazar y ubicar destacamentos especiales de las fuerzas federales en los territorios y actividades a proteger.
Ciertamente, no es el primer Comando unificado de las fuerzas de seguridad que se crea en el país. En 2020 se creó el Comando unificado de Rosario; en 2022 el de Villa Mascardi; en 2023 el del Conurbano. A fines de diciembre de 2023, ya con el nuevo gobierno de Milei y la Ministra de Seguridad Bullrich, se constituyó el Comando Unificado Urbano para actuar en la Ciudad de Buenos Aires días después de la entrada en vigencia del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, bautizado como el “protocolo antipiquetes. Fue entonces su contracara operativa, como lo es el de hoy con el R.I.G.I.
Luego, el nuevo gobierno pretendidamente libertario sancionó otros comandos unificados; pero éste es el primero que no tiene por objeto, aunque sea de modo retórico, asegurar o mejorar la seguridad de la población o los ciudadanos sino que, explícitamente, se dirige a proteger una serie de enclaves productivos. Con sus diferencias, rememora ese pasaje oscuro de la historia argentina cuando bajo la aplicación de la ley antisubversiva al activismo sindical, estigmatizado como “guerrilla fabril”, se reprimió violentamente la acción de los trabajadores de la planta de Acindar de Villa Constitución abriendo el sino trágico que, pocos meses después, la dictadura descargaría sobre el movimiento obrero y popular. No hay que olvidar que más del 60% de los detenidos desaparecidos fueron trabajadores y militantes sindicales. Pero, como lo escribiera Rodolfo Walsh en esos tiempos, “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada” (Walsh, 2013). Y así, las sucesivas olas neoliberales desindustrializaron el país; hicieron, para el movimiento popular, del barrio la nueva fábrica; y construyeron un modelo económico basado en la apropiación privada, explotación y exportación de los bienes naturales, eso que se llama extractivismo y que el gobierno de Milei viene a profundizar. En una contribución reciente hemos examinado esta ofensiva extractivista actual, el papel del R.I.G.I., y sus consecuencias de saqueo y destrucción socioambiental (Seoane y Hayes, 2024). Aparece aquí la cara represiva y violenta que requiere tamaño despojo; y así la “guerrilla fabril” de otrora, se troca en el “ambientalismo” de hoy.
O en los “extremistas veganos anarquistas” que la ministra Bullrich sindicó livianamente como autores del reciente envío explosivo al presidente de la Sociedad Rural. Bajo estas estigmatizaciones, se trata en realidad de las poblaciones afectadas por estos emprendimientos, trabajadores, vecinos, comerciantes, jóvenes; y también, basta leer bien la resolución, de los trabajadores portuarios, aceiteros, petroleros, etc.
Existe otra peligrosa similitud que puede señalarse entre lo acontecido en los años 70 y la actualidad. En su exposición en la reciente 45º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realizó en la ciudad de Mendoza, la ministra Bullrich señaló respecto del accionar de este Comando Unificado que “se están armando sistemas de monitoreo integrados con las empresas para poder tener online información, coordinando el trabajo con las secretarías de transporte, de energía, de industria, AFIP-Aduana y otras áreas del Ministerio de Economía con competencia” (Gallo, 2024). También en los años 70 la represión al activismo sindical se coordinó con las empresas, sus gerencias y sus cuerpos de seguridad; y en sus predios funcionaron incluso los primeros centros de detención; allí están las causas judiciales y los condenados civiles de Acindar, Mercedes Benz, Molinos Ríos de la Plata, Ledesma, La Veloz del Norte. ¿Este nuevo comando unificado pretende articular las fuerzas de seguridad estatales y privadas, los servicios de inteligencia del estado y de las gerencias de recursos humanos?
Con casi diez meses de gobierno, resulta cada vez más clara la sombra oscura y amenazante que proyecta la política oficial sobre nuestro pueblo. El objetivo de una economía basada en el saqueo de nuestros bienes naturales, una economía de enclave, esa que castiga a pueblos africanos y latinoamericanos, que supone una sociedad en la que sobran dos tercios de la población. Un comando unificado del extractivismo y de la violencia que necesita para imponerse la libertad del gran capital.
José Seoane es Sociólogo. Profesor e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, F. Soc., UBA