Este martes, Fabiola Yañez denunció ante la justicia a Alberto Fernández por violencia de género. De acuerdo a la denuncia, el expresidente de la Nación ejerció violencia física y terrorismo psicológico. Cualquier mujer que haya padecido violencia de género en alguna de sus formas sabe perfectamente que Yañez no podría haber definido mejor el sufrimiento de las víctimas: “terrorismo psicológico”.
Para hacer su denuncia, Yañez pudo comunicarse directamente con la secretaria del juez Julián Ercolini porque había sido el propio magistrado quien, investigando otra causa –irregularidades en la contratación de Nación Seguros– detectó los mensajes que la exprimera Dama le había mandado a la secretaria de Fernández. Fotos y escritos que probarían la violencia ejercida por el expresidente. Ercolini envió el material a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia –con una larga trayectoria en el tema– donde le informaron que claramente allí había evidencia suficiente para pensar que Fabiola Yañez había sufrido ataques por parte de su ex pareja. El juez, entonces, se comunicó con ella para informarle lo que había visto y ofrecerle las garantías necesarias en caso de avanzar en una denuncia contra Fernández.
Fabiola Yañez pudo denunciar y de inmediato se dispuso una serie de medidas para protegerla: mas custodia, la imposibilidad de que Fernández salga del país y que pueda acercarse a ella a menos de 500 metros. Tampoco puede contactarla por ningún medio.
Denunciar a un violento siempre es difícil y más aún si a quien se denuncia es un expresidente, no importa si está en el ocaso de su popularidad.
Por el juzgado de Ercolini pasaron las causas más resonantes contra el kirchnerismo. Cristina Fernández Kirchner lo llegó a llamar “el mutante”. Si hubo o no esta vez animosidad se verá más adelante, lo cierto es que la justicia y el estado actuaron con la magnitud que la denuncia requería.
Pero la realidad que viven las miles de mujeres que cada día sufren algún tipo de violencia doméstica es muy distinta. Denunciar en Argentina es difícil. Alcanza con ver los números de violencia de género. Según la misma Oficina de la Mujer de la Corte, en 2023 se produjo un femicidio cada 35 horas, 11% más que el año anterior. Al menos 55 víctimas ya habían denunciado a su agresor con anterioridad.
Desde que se conoció la denuncia, se buscó utilizar el sufrimiento de Fabiola Yañez para atacar a eso que puerilmente se engloba como “feministas” como si se tratara de una masa uniforme de color verde.
En una interpretación antojada, el presidente Javier Milei encontró en esa denuncia la justificación para avalar el desguace del Ministerio de la Mujer. Su vocero, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salieron a recordar que, a pesar de la motosierra, la línea 144 de asistencia a las víctimas de violencia de género sigue vigente. Pareció más una provocación que un recordatorio.
Cuando en diciembre de 2018, Thelma Fardin hizo pública su denuncia por abuso sexual contra Juan Darthés todas las líneas de asistencia las víctimas tanto de abuso sexual como de violencia de género, tuvieron un aumento exponencial en los llamados.
Hoy la línea 144 no parece estar en condiciones de dar respuesta a las mujeres que puedan sentirse identificadas con el paso que dio Fabiola Yañez. El presupuesto de la línea disminuyó 25,52%, según un monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Y el programa Acompañar, destinado a ayudar precisamente a las víctimas de violencia de género, redujo al 50% a su personal, mientras que en la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, que depende de Cúneo Libarona, se desvinculó al 85% de los empleados.
Como contó en esta nota Celeste del Bianco, el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33% más bajo que el 2023. Esto ocurre además en un país donde de 1,6 millones de mujeres crían solas a más de 3 millones de niños y niñas, que es otra de las formas de violencia, la violencia económica.
A pesar del desmantelamiento que se hace desde el Estado, la violencia sigue ocurriendo y las víctimas siguen necesitando asistencia. Cada día, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema atiende un promedio de 49 denuncias.
Denunciar a un violento es atravesar ese oceóano de “terrorismo psicológio” como bien describió Fabiola. Es un océano que se cruza sola. No bastan las amigas, las hermanas, la sororidad, para cruzarlo. Hace falta Estado, un Estado que de garantías, que de recursos y seguridad.
Como si la denuncia de Fabiola demostrara la inutilidad del Ministerio de la Mujer, el Gobierno anunció ayer la venta del edificio donde funcionaba el organismo. Como hizo la semana pasada, cuando se sumó a la críticas contra las boxeadoras argelina y taiwanesa a quienes falsamente se acusó de ser hombres, el Presidente utiliza ahora un hecho doloroso como es una denuncia por violencia de género para volver a desatar su ira contra “el progresismo”. Fue el mismo día en que se conoció en Mar del Plata el femicidio de Rocío Fernández, el tercero que ocurre en la ciudad en menos de un mes, y el cuarto desde el inicio del año.
MG