El sistema económico argentino viene mostrando que hay una degradación del valor del trabajo, y que este problema tiene una profundidad de varias décadas. Desde la crisis del 2001, lo plantearon primero los trabajadores desocupados, después los trabajadores de la Economía Popular y ahora también quienes están en relación de dependencia que ven devaluado su salario, en muchos casos por debajo de la línea de pobreza.
Ese problema, salvo raras excepciones, no lo plantean ni la clase política, ni el campo académico, ni las herramientas estadísticas. Lo plantean las organizaciones gremiales y sociales porque captan antes y mejor los movimientos de la historia. Porqué en la vida de cada trabajador y trabajadora, la experiencia precede al concepto, el saber vivido al conocimiento experto.
No es de sorprenderse, desgraciadamente. Desde los años 70 venimos transitando del capitalismo industrial hacia el capitalismo financiero. O sea desde un sistema económico que valoriza la producción y el trabajo a un sistema que valoriza la renta financiera. Los efectos de este régimen económico son implacables: concentración económica y extranjerización han sido una constante. Desendeudamiento o sobreendeudamiento han sido sus variables. Los gobiernos kirchneristas y de Alberto Fernández en el primer caso, y el de Macri en el segundo caso. Desvalorización del trabajo en general y crisis del empleo en particular han sido sus efectos.
Pero precisemos los términos del debate. El empleo es aquella dinámica de trabajo en la que los sujetos se vinculan bajo una relación de dependencia y tienen derechos y salarios pactados en los convenios colectivos en función de esa relación asimétrica entre empleadores y empleados. Es una forma específica del trabajo. El trabajo es el conjunto de actividades que tenemos que llevar adelante para producir nuestras vidas personales, comunitarias y sociales.
Hoy en la Argentina, todo el mundo en edad de trabajar, debe trabajar para producir nuestras vidas. El problema es que el empleo tiene instituciones para discutir el valor del trabajo. El resto del mundo del trabajo carece de estas instituciones. De hecho, consciente de ello la OIT propuso, por primera vez en 110 años, que discutiéramos una definición mundial de la economía social que atraviesa también la economía popular. Es hora de que propongamos crear estas nuevas instituciones y esto no es ni en contra del Estado, ni en contra del empleo privado. Es con todos los componentes de la vida económica, que por definición es mixta. Por eso es necesario que en el seno de esta economía mixta logremos situar el trabajo como el elemento que tenemos en común.
Obviamente que hay que apoyar el desarrollo del sector privado, pero por si solo no alcanza para revalorizar el conjunto del trabajo. Hoy, en el mejor de los casos, con crecimiento sostenido y constante, el sector privado tiene una capacidad de creación de empleo de 200.000 puestos por año. En la pandemia, con el IFE, pudimos asumir como sociedad, que 11 millones de personas solicitaron un apoyo con el supuesto que trabajaban pero no eran empleadas. Si no tuviéramos crecimiento poblacional se necesitarían por ende 55 años para emplear a todo el sector que trabaja pero no está empleado. Si tomamos el crecimiento poblacional, la creación de 200.000 puestos por año no permite cubrir la demanda de empleo, dejaríamos unas 80.000 personas afuera por año de la relación de empleo. Y en 10 años nos preguntaremos por qué las cosas siguen empeorando.
El sector público tampoco puede absorber esta mano de obra. Hay actualmente 3,2 millones de empleados públicos. Salvo que queramos y podamos tener 14 millones de funcionarios.
Claramente urge fortalecer al Estado y sus servicios públicos. Evidentemente tenemos que facilitar la creación de empleo privado. También debemos reconocer, valorar y potenciar las formas de trabajo y producción que se dió la mitad de la población argentina que están en la economía popular y en la economía social y que generaron su propio trabajo y su propia producción. Pero sobre todo, para cambiar el estado de situación tenemos que valorar como sociedad aquellas y aquellos que producen y trabajan en la Argentina. Esto implica no someter la economía al capitalismo financiero, sumar a la mesa de las soluciones todos los que producen y trabajan, pensando desde la periferia al centro, desde abajo hacia arriba. Este es el debate que la discusión sobre los planes sociales no permite plantear.
La falsa contradicción de los “planes sociales”.
Empecemos por algunas proporciones del llamado “plan social” que estuvo en el centro del dispositivo mediático durante estos últimos días. De los 11 millones que solicitaron el IFE, 1,2 millones de planes sociales es apenas un 11% del universo. De los 22 millones de la población en edad de trabajar (y que tiene que trabajar para vivir) es apenas el 5% del total.
En 2016 se sancionó por unanimidad la Ley de Emergencia Social en Argentina. En esta ley se unificaron los distintos programas que existían y pasaron a llamarse “Salario Social Complementario”. Esto vino a complementar los trabajos no valorizados: de cuidados, reciclaje, producción de alimento, pequeña construcción, pequeña industria, venta en el espacio público, trabajo socio-comunitario. Con esa ley se anuló el vínculo de los programas sociales con las cooperativas. Todos los “planes” se cobran personalmente y directamente.
En Argentina hay 1.270.000 programas “Potenciar Trabajo”. De esa totalidad, 820 mil son administrados por gobernaciones, municipios y otras instituciones como Cáritas y 450 mil están en manos de organizaciones sociales. Las denuncias por irregularidades suman 7 mil y fueron hechas por las mismas organizaciones que construyen comunidad y producción en los más de 4700 barrios populares. 7 mil denuncias sobre 1,2 millones de “planes”: 0,5% de casos sobre el total. Eso es para nosotros una falsa contradicción. Que no implica que no haya que mejorar, que no haya que cambiar cosas, que no se pueda criticar. Pero es un fenómeno al margen.
Que pasemos de uno de los salarios mínimos más altos del continente en dólares a uno de los más bajos en apenas 4 años de macrismo. Este es el problema central. Que no tengamos las instituciones para valorar el trabajo de la economía popular. Esto es un problema central. Que los trabajadores en relación de dependencia pierdan poder adquisitivo. Esto es un problema central.
La obsesión por discutir el tema de “los planes”, puede tener que ver con una estrategia política de búsqueda de enemigos, un intento de debilitar organizaciones que sostienen y producen comunidad en los más de 4.700 barrios populares del país, discriminar luchadoras que bien fueron reivindicados durante la pandemia y que supieron completar los límites del Estado. O simplemente es porque no queremos asumir el problema. Una especie de procastinación agresiva, eso que hacemos cuando no sabemos qué hacer. O esto que hacemos cuando cuesta tanto asumir la realidad, que cómo sociedad, hemos producido. Entonces repetimos ¿Los programas sociales y quienes los cobran son el problema central del trabajo y la producción, o sí lo es el agotamiento de un modelo de desarrollo?
¿Valorar o despreciar?
La discusión de estos días tiene algo de indecente. Mientras la sociedad atraviesa una de sus peores crisis globales discutimos quién tiene que controlar los “planes”, criticando las organizaciones en total desconocimiento del trabajo de décadas, sin otra propuesta que reponer al centro de todo el Estado. Más allá del debate enorme sobre el rol de las mediaciones en la definición del nuevo Estado social que hará falta armar para salir de la crisis – está claro que reivindicamos la función central de las organizaciones sociales para una democracia popular -, el problema no es solo quién controla sino sobre todo qué se propone. Y como dijimos antes, no alcanza con el empleo privado en relación de dependencia. No alcanza con el Estado. Para elaborar y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo, se necesitan todas las fuerzas productivas y laborales de la nación, sentadas en la misma mesa.
Reducir el trabajo de las organizaciones sociales a cortar calles y “repartir planes” es desviar la mirada de lo que importa. Las organizaciones sociales a nivel territorial trabajan desde hace décadas para construir y sostener, a pesar de las crisis, un tejido de solidaridad basado en dispositivos de trabajo que dan respuesta a las necesidades locales. Desarmarlos es desconocer la construcción territorial desde y para las clases populares que le permite producir vida y comunidad a millones de argentinos y argentinas. Es sostener un proyecto nacional-estatal, en lugar de un proyecto nacional-popular.
Resulta entonces indispensable potenciar lo existente: mirar y valorar lo que ya hay en nuestra sociedad, lo que funciona y arroja soluciones inmediatas a problemáticas concretas y complejas. Es imperioso crear nuevas instituciones que interpreten y valoricen las características de cada trabajador.
Estas nuevas instituciones de conexión y valorización pasan por formas jurídicas adaptadas a la realidad, el acceso al crédito productivo, pasa por reorganizar los circuitos comerciales, en repensar los territorios donde la población se distribuya de manera distinta y donde podamos potenciar mundos donde las personas puedan organizarse poniendo en el centro el bien común. Pero sobre todo, transformar la argentina con respeto por aquellos que hacen cada día, en todas las formas del trabajo y la producción. Necesitan ser valorados y no despreciados.
CC