En estos días, en que la evidencia de la extensión de la violencia de género se acentúa, varios funcionarios de primera línea del gobierno nacional opinaron sobre la actuación del Poder Judicial en los femicidios.
La certeza de la extrema revictimización que el Poder Judicial ejerce sobre las víctimas fue puesta sobre la mesa por el movimiento de mujeres hace mucho tiempo, con la denuncia de los fallos y de la protección estatal a los denunciados. Las madres protectoras se organizan contra la línea judicial de revincular a hombres violentos e incluso abusadores con sus hijos abusados y contra la persecución y extrema violencia que el sistema judicial descarga sobre ellas. Los niños y niñas víctimas de abuso en instituciones confesionales debieron conformar una Red de Sobrevivientes y otros agrupamientos para protegerse de las estrategias judiciales de la Iglesia católica, una poderosa institución que tiene sus propios representantes en el Poder Judicial, nombrados y promovidos por el poder político. El caso del cura Carlos José ilustra esta realidad.
El Consejo de la Magistratura, encargado de sancionar a los jueces que cometen atropellos, cuyos integrantes hablan de “justicia feminista”, en los hechos no castiga ni sanciona las responsabilidades de las y los jueces.
Después de seis años de gritar #NiUnaMenos no ha surgido de los organismos creados para tal fin una reforma del funcionamiento del sistema actual. Los gobiernos no dieron muestra de un sólo avance en este rubro: no se han propuesto modificaciones procesales, tampoco en la forma de elección de jueces y fiscales ni en políticas de asistencia a la víctima o de seguimiento de los hombres denunciados por violencia. El Ministerio de las Mujeres de la Nación no dirige un sólo dispositivo de alcance nacional y sólo se limita a ofrecer la construcción de dispositivos –insuficientes- en distritos de su afinidad política, que han mostrado no tener ningún tipo de intención política de avanzar en solucionar este flagelo. La temática se utiliza para conseguir adhesión a la reforma que promueven de la justicia federal, pero no prospera en iniciativas sobre los juzgados que toman los casos de violencia de género o con medidas asociadas a cambiar la realidad que vivimos las mujeres trabajadoras.
Hoy, las mujeres que deben denunciar a hombres violentos no cuentan con un sistema claro para hacerlo, ya que cada distrito se maneja a su antojo. Luego, sus causas van a juzgados civiles y juzgados penales y si hay reincidencias es posible que se diversifiquen en función de la obligación de radicar denuncias en diferentes distritos. Terminar con la dispersión de las causas en fueros diferentes y la multiplicidad de juzgados requiere la creación de un fuero único para la materia y la obligatoriedad de que toda causa que consista en denuncias de una mujer por violencia de género se tramite en un solo lugar, con interlocutores formados, que se mantengan en el tiempo y con equipos interdisciplinarios para abordar las diferentes aristas que implican estos casos.
Otro aspecto fundamental es modificar la forma de elección de jueces para este fuero, cosa que nadie plantea, por la elección de jueces y que sean revocables. Los circuitos actuales de selección y de sanción son los mismos desde el punto de vista político, por eso no ocurre nada.
Ante el fracaso público de los ministerios de las mujeres que resolverían los problemas que no pudieron atender, en el mejor de los casos, a las víctimas de femicidios que averiguaron a dónde podían ir y no encontraron respuesta, ni a aquellas que no se lo propusieron porque sabían del maltrato sufrido por otras mujeres, la ausencia de soluciones o incluso mayores problemas, como la judicialización de los hijos, es necesaria la creación de un organismo autónomo de los gobiernos de turno para poder impulsar medidas para las mujeres.
No existen recetas aseguradas sobre estas cuestiones, pero lo que es claro es que si no se mueven las cosas de fondo, no hay forma de cambiar nada. A la luz de los hechos, las declaraciones gubernamentales aparecen signadas por un uso político de la temática más que por una muestra de decisión de transformación del sistema. Con la designación de Martín Soria esta pretensión queda absolutamente sepultada, sus antecedentes están muy lejos de asociarse a la defensa de una perspectiva de género.
VB