En medio de las repercusiones por la denuncia del Gobierno boliviano de que durante la administración de Mauricio Macri se envió material antidisturbios para reprimir las protestas tras el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó que inició una investigación para determinar si hubo algún tipo de delito en esos envíos.
“La investigación de la DGA se propone determinar la eventual existencia de un delito en el egreso y posterior reingreso de las armas de fuego y otros materiales controlados”, señaló el organismo, que depende de la AFIP.
Además, apuntó que llevará adelante otra investigación para verificar la regularidad de los procedimientos que se llevaron a cabo en ese momento. Las dos pesquisas abiertas por la institución que encabeza Silvia Traverso buscan “aportar a la investigación judicial de los hechos”, indicó la DGA.
Un informe preliminar del Ministerio de Seguridad de la Nación dado a conocer el sábado menciona “inconsistencias” y “diferencias sugestivas” en la documentación sobre el envío de material antidisturbios a la embajada argentina en Bolivia y los registros de ingreso a ese país durante los días que siguieron al golpe de Estado contra Evo Morales.
“La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA)”, dice el informe ordenado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a las cuatro fuerzas para establecer posibles responsabilidades.
“Hay información dentro de la Gendarmería, que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones”, señaló el sábado Frederic en declaraciones radiales, y aclaró que pese a que en un primer momento se habló de “40.000 municiones, figuran 70.000, o sea, casi el doble” indicado en una de las notas encontradas.
La titular de Seguridad dijo que el delito que se podría configurar por estas irregularidades es el de contrabando. “Hay un registro de salida de determinado material y un registro de la policía de Bolivia que habla de otro material sin nombrar lo que nosotros detectamos, habría sido como mínimo contrabando. Si hay delito, deben pagar todos los responsables porque son muchas dependencias las que se necesitan para sacar este material: Seguridad, Justicia, Aduana, AFIP, Cancillería y Defensa”, señaló en una entrevista con el diario Perfil.
Además, reafirmó que estos hechos no podrían haberse dado “sin la decisión del presidente, aunque el jefe de Estado no haya firmado nada”. “Vamos a ir a fondo con la investigación contra todos los que sean responsables, tanto hacia abajo como hacia arriba y en cada uno de los ministerios”, señaló.
El expresidente Macri publicó este sábado un comunicado en el que rechaza categóricamente las acusaciones de envío durante su Gobierno de “material bélico” a Bolivia y repudia la carta que el presidente Alberto Fernández envió a su par boliviano, Luis Arce, pidiéndole disculpas.
Por otra parte, la Intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Cristina Caamaño, informó este sábado que “luego de haber tomado conocimiento del envío de armamento policial a la República Plurinacional de Bolivia”, inició “una investigación interna con el objeto de determinar si personal del organismo desplegado en ese país realizó algún tipo de actividad que pudiese haber aportado a la consumación del Golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.
CB