Un informe preliminar del Ministerio de Seguridad de la Nación menciona “inconsistencias” y “diferencias sugestivas” en la documentación sobre el envío de material antidisturbios a la embajada argentina en Bolivia y los registros de ingreso a ese país durante los días que siguieron al golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
“La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA)”, dice el informe distribuido este sábado por el Gobierno.
Este primer informe surge del pedido de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a los jefes de las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad para establecer las posibles responsabilidades ante lo denunciado el jueves por el Gobierno de Luis Arce en Bolivia, que presentó documentación sobre supuestos envíos de material bélico a esa nación para apoyar el golpe que puso en el poder a Jeanine Áñez.
En declaraciones radiales, Frederic aseguró hoy que “hay información dentro de la Gendarmería, que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones”, y aclaró que pese a que en un primer momento se habló de “40.000 municiones, figuran 70.000, o sea, casi el doble” indicado en una de las notas encontradas.
“Está claro que hay un circuito de armamento relativamente autorizado y hay otro, que son estas 70.000 municiones que son del mismo tipo que aparece en la nota de agradecimiento de la Fuerza Aérea boliviana, que tiene un circuito que por ahora no terminamos de entender bien”, detalló.
No obstante añadió que todo “parece bastante irregular” y puntualizó que en estos envíos “participaron varias dependencias del Estado”.
Diferencias en documentación
El documento dado a conocer hoy indicó que el 20 de enero de 2020 la Policía de Bolivia presentó a la embajada argentina en ese país dos informes elaborados el 12 y 28 de noviembre de 2019 en los que se autoriza “la internación y porte temporal en el Estado Plurinacional de Bolivia, de armas de fuego, su munición y materiales relacionados, al personal de la Agrupación Fuerzas Especiales 'ALACRAN' de la Gendarmería Nacional Argentina, para brindar seguridad en las instalaciones de la Embajada argentina y residencias oficiales, de fecha 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2019”.
Además, se afirma que “el mencionado material y se equipamiento será transportado en fechas 12 al 14 de noviembre (…) en un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina”.
Las autoridades indicaron ahora que encontraron diferencias entre el material pedido y el registrado por la Policía de Bolivia en el informe, ya que no figuran granadas de mano ni spray anti-tumulto, que sí están entre lo enviado por Argentina.
Por otra parte, en la documentación sobre el envío desde Argentina figuran 70.000 cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos. “Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en Argentina de 'Manta Antibomba' que sí figura en los registros de la policía boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos”, apunta el informe.
El texto destaca a su vez que en una rendición de cuentas realizada en julio de 2020 se indica que la Agrupación Fuerzas Especiales de GNA brindó seguridad a la embajada argentina en Bolivia y realizó “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión” y que en los mismo se usaron cartuchos antidisturbios, pese a que “el Grupo ALACRAN constituye un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios”.
“El Grupo ALACRAN, que es la fuerza especial de la Gendarmería Nacional, no es la encargada de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal. Por tal motivo, no se comprende las aludidas 'prácticas de entrenamiento' que insumieron las 70.000 municiones 12/70 AT que el Grupo ALACRAN habría realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia”, apunta.
La ministra de Seguridad dijo que “todas las dependencias del Estado están hoy trabajando a fondo para ir hasta el final y que aquí los responsables, sobre todo quienes están todavía activos en la función pública, asuman la responsabilidad y paguen el costo”.
Además, Frederic remarcó que “muchas dependencias del Estado tuvieron que intervenir en forma regular o irregular” para el envío de ese material durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y citó entre ellas al Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores, la Aduana, el Ministerio de Justicia, y de Seguridad.
“Por lo tanto es muy difícil pensar que estas acciones no las supiera el expresidente” Macri, dijo Frederic.
Hasta ahora, tanto el excanciller Jorge Faurie, como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exembajador argentino en Bolivia Normando Alvarez García deslindaron cualquier responsabilidad por el supuesto envío al país vecino.
CB/WC