La brasileña Andressa Caldas vive en Argentina desde hace nueve años y fue designada directora del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, ubicado en el edificio de la ex ESMA. Será la segunda mujer en asumir esa función en la historia del bloque económico, fundado hace 33 años, cuando finalice el mandato de Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en febrero próximo.
Caldas compartió sus expectativas sobre las tareas que deberá desempeñar en una entrevista que le concedió a elDiarioAR y compartió su visión sobre el ascenso de las derechas en los gobiernos de la región, como es el caso de Javier Milei en Argentina y fue el de Jair Bolsonaro en Brasil, entre 2019 y 2022.
—¿Cuáles serán los desafíos más importantes del rol que ahora asume en el IPPDH?
—Quizá el más grande sea enfrentar en este contexto mundial que estamos viviendo, de guerras, de catástrofes climáticas y de cada vez más desigualdad, garantizar que los derechos humanos sigan siendo un compromiso central de los Estados partes y asociados. En términos generales, son obligaciones que están plasmadas no sólo en las convenciones o tratados internacionales sino en cada una de las constituciones de los países. Después, asociar eso a ampliar la conciencia de los pueblos y la ciudadanía activa de que los derechos humanos son un consenso que nos ha costado mucho construir, y que deberían seguir siendo el guión de la acción entre pares y desde la sociedad.
—Respecto de Argentina, ¿cómo evalúa la llegada de un gobierno de perfil autotitulado liberal libertario, cuya vicepresidenta tiene fuerte cercanía con los militares durante los años de represión?
—Argentina ha construido su nueva estructura democrática posdictadura a partir del eje de los derechos humanos y eso está muy consolidado no sólo en las instancias del Poder Ejecutivo sino también garantizado en las leyes, la Constitución y el Poder Judicial. Me parece muy temprano para hacer cualquier evaluación. Quienes seguimos muy de cerca los procesos electorales vemos que mucho de lo que se dice en las campañas muchas veces no se realiza. Estamos viendo una nueva manera de hacer campañas. Hace mucho tiempo que los debates y los intercambios entre los grupos que concurren a una elección no están atados a lo que dicen los programas de gobierno o buenas promesas. Me parece importante rescatar que celebramos los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay lo que es casi un mantra en los espacios de DDHH que es de mirar a las políticas públicas de derechos humanos como políticas de Estado, y no como políticas de gobierno.
–¿Cómo ve el rol de instituciones como el Mercosur y en particular el del IPPDH frente al fenómeno mundial de emergencia de las nuevas derechas, como la que tuvimos en Brasil?
—En muchos momentos de la historia hemos vivido la ascensión de grupos que reivindican ese tipo de modalidad de políticas. Lo que es preocupante es que eso tenga consecuencias en un movimiento antiderechos o se generen acciones que estén al margen de la legalidad. Vuelvo a reivindicar los 75 años de la Declaración Universal y todo lo que se ha construido como sistema internacional de protección de los derechos humanos. Ya no es una opción de los gobiernos, son obligaciones. Una cosa es la libertad de discurso y de expresión, que debe siempre estar garantizada; otra es el accionar de una fuerza política que ingresa como gobierno y que, a partir de ahí, se genere una modalidad anti derechos.
–A partir de la experiencia del gobierno de Bolsonaro en Brasil, ¿ve similitudes con la elección de Milei en Argentina en un contexto de difusión de los discursos de odio y la puesta en duda de lo que considerábamos consensos en relación a los Derechos Humanos?
—Hay un problema de erosión en la democracia que está conectada con la ampliación de los discursos de odio en el contexto electoral, pero que viene de antes; se genera en el día a día. Esto tiene que ver con el uso amplificado de las redes sociales y la atomización de la individualización de la sociabilidad genera lo que hoy constatamos: la violencia, el discurso violento y la construcción del otro como enemigo y la estigmatización de algunos grupos de la población. Lo que es grave y necesita un accionar más duro es cuando eso viene de las máximas autoridades constituidas. Este año, aprobamos una declaración contra informaciones falsas o discursos de odio, que establece que la mayor responsabilidad de la designación deben ser dadas si eso se propaga a partir de funcionarios públicos y autoridades. En este sentido, hay que visibilizar un actor poco mencionado que son las corporaciones. Los que tienen la responsabilidad conjunta –las corporaciones, e-techs, las grandes empresas y las autoridades gubernamentales o quienes tienen una función pública–, no pueden actuar de esa manera.
Hay un problema de erosión en la democracia que está conectada con la ampliación de los discursos de odio en el contexto electoral pero lo grave, y que necesita un accionar más duro, es cuando eso viene de las máximas autoridades constituidas
Cuando se propagan discursos de odio o fake news desde estas instancias, eso también significa un llamamiento a la violencia no sólo verbal; muchas veces se concreta en violencia física o actos antidemocráticos, como lo que ha vivido Brasil el 8 de enero (los disturbios generados a una semana de la asunción de Lula Da Silva provocados por militantes bolsonaristas, en la Plaza de los Tres Poderes, de Brasilia). Creo que el ejemplo de Brasil con el accionar del Poder Judicial va a ser importante como una señalización no sólo para la democracia brasilera sino también para otros países de la región. Va a ser una actuación, espero, ejemplar, para que se evidencie que la apuesta a la violencia como modalidad de hacer política tiene consecuencias.
–¿Existe un desafío particular como institución de articular con gobiernos que tienen tendencias negacionistas, por ejemplo, de las dictaduras militares?
—Antes de la creación del IPPDH, en 2004, se crea la RAADH, la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos. Los Estados y las autoridades establecieron esta instancia como símbolo anti-Condor (es decir anti Plan Cóndor, la coordinación de acciones de terrorismo de Estado durante la coincidencia de gobiernos dictatoriales en Sudamérica, apoyada por Estados Unidos). Esta es una decisión consensuada de contraponerse a esto que fue una coordinación represiva de los derechos humanos, donde los Estados pusieran esfuerzo y recursos para intercambiar informaciones y, de forma coordinada, reprimir, asesinar, perseguir, detener arbitrariamente. Esa idea de ser un anti-Cóndor quizás sea otra prueba de la fuerza de esos consensos construidos en el ámbito regional. Y así vamos a seguir trabajando.
–¿Cuál es la expectativa de la relación entre Brasil y Argentina considerando la actual coyuntura y que ahora tenemos una inversión: un gobierno de derecha acá en la Argentina y un gobierno progresista en Brasil?
—Ya tuvimos señales importantes de que hay interés en mantener esta relación. Más allá de todos los intereses comerciales, que son muy evidentes en las cifras, hay una integración cultural y social entre Argentina y Brasil, y eso va a tener un peso importante, aún con diferencias de signos políticos, para que se pueda seguir trabajando y avanzando. Tengo expectativa de que las cosas se van a ordenar en pro de esa integración, importante para ambos países. Estoy confiada de que a partir del rol del IPPDH de Mercosur se pueda consolidar ese espacio como garantes de confianza y consenso. Es la dinámica del Mercosur y es una marca que siempre ha garantizado un actuar respetuoso. Por fin, uno suele hablar de lo que se dice en la prensa, en las campañas electorales, pero la realidad concreta del día a día y las políticas públicas están muy vinculadas a esa relación entre funcionarias y funcionarios públicos y ciudadanos y ciudadanas. Obviamente, esto se ve afectado por todas las decisiones macro pero se da en el marco de la democracia que sigue siendo, como dice Pepe Mujica, lo mejor que tenemos como construcción reciente. Y que hay que defenderla. Esa misma democracia ha generado instituciones, políticas, leyes que permiten la entrega de los servicios más básicos a la población, no sólo como consumidores sino como articuladores, constructores y sujetos de las políticas públicas.
FP/JJD