El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró este miércoles que el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad “es un retroceso para el derecho”, consumado para “dejar pegada” a la exmandataria “en algo en lo que no tiene nada que ver”.
“Se están retorciendo en el derecho para dejar a Cristina (Fernández de Kirchner) pegada en algo en lo que no tiene nada que ver. La administración fraudulenta necesita, para que se consume, que la persona que administra los fondos lo haga en forma irregular para quedárselos. Cualquier persona que entiende el manejo de fondos públicos comprende que ni el Presidente ni el jefe de Gabinete tienen competencia para darle dinero público a terceros”, señaló Fernández en declaraciones a Radio 10.
De esta forma se refirió a la condena a seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos que el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de la Ciudad de Buenos Aires dictó ayer contra Cristina Fernández por el delito de defraudación pública.
“La condena es despropósito y un sin sentido. Cristina es el cuadro político más importante de los últimos 100 años. Todos estos personajes que participan de esta decisión son una derecha berreta y tal vez pretendan conseguir ventajas por decisiones judiciales. Lo más gravoso es que nos ponen a todos en libertad condicional”, sostuvo el funcionario.
El domingo pasado, se difundieron conversaciones de un grupo de chat que mantuvieron magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el cual los involucrados coordinaban estrategias para dar una versión falsa sobre un viaje que realizaron a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.
En el grupo de chat del servicio de mensajería de Telegram figuran Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal número 10; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Penal Económico número 2; Pablo Cayssials; Juzgado Contencioso Administrativo número 9; Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro --propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques.
En esos intercambios, se formulan posibles acciones contra la conducción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por haber permitido --al entender de algunos de los integrantes del grupo-- que pudieron haber permitido la filtración de ese viaje en un vuelo que salió desde un aeropuerto de Buenos Aires.
Al respecto, Fernández evaluó que “no dejan de ser amenazas veladas, que es algo que siempre preocupa”, y ponderó el desempeño que tiene la PSA, al remarcar que “es una fuerza civil que lleva adelante una tarea muy importante”.
Con información de agencias.
IG