Después de que a principios de la semana la Cancillería argentina dijera que mantenía la tradición de “no injerencia en cuestiones internas de otras naciones” para referirse a las elecciones en Nicaragua, este viernes el país votó a favor de una resolución en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que cuestiona dichos comicios, en los que se impuso el presidente Daniel Ortega, y advierte que “no tienen legitimidad democrática”.
Con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia, las 34 delegaciones que participaron en la 51 Asamblea General del organismo interamericano aprobaron una resolución sobre “La situación en Nicaragua”, que se sumó a las expresiones de condena de la comunidad internacional.
“Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, señaló el pronunciamiento promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.
Estados Unidos y Canadá encabezaron la votación a favor, grupo al que se sumó Argentina, mientras que México se abstuvo junto a varios países caribeños. Nicaragua fue el único que votó en contra.
En concreto, la resolución instruyó al Consejo Permanente de la OEA a realizar una “evaluación colectiva inmediata” de la situación en ese país, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que deberá completarse “a más tardar el 30 de noviembre”. Tras ese periodo, esa instancia deberá tomar las “acciones apropiadas”.
Después de los comicios, en los que Ortega fue reelecto con el 75% de los votos tras una serie de detenciones de candidatos opositores, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió el lunes que Nicaragua “cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática” y volvió a manifestar su “preocupación” por la detención de dirigentes opositores, ante lo cual reclamó “el respeto de los derechos humanos de toda la población” de esa nación.
De todas formas, la cartera que dirige Santiago Cafiero aclaró: “A horas de haber finalizado el acto eleccionario, mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones”.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó esta semana el comunicado de Cancillería sobre Nicaragua, que calificó de “disparate”: “Les ‘preocupan’ las detenciones pero no se pronuncian sobre las elecciones por tratarse de ‘cuestiones internas’”.
El voto de Argentina
Tras el voto de Argentina a favor de la resolución de la OEA, el vicecanciller Pablo Tettamanti señaló que el país “reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos”, que “representa un valor superior e irrenunciable”. “Junto al resto de los países americanos, y a través de la Carta de la OEA, mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención”, sostuvo.
En ese sentido, enfatizó: “Argentina cree firmemente que la mejor forma de superar nuestras diferencias ha sido y seguirá siendo el diálogo. Nunca las sanciones o los bloqueos, que en nuestro hemisferio sólo han llevado a resultados negativos”.
“La OEA no debe apartarse de los principios y valores que rigen sus instrumentos fundacionales. La capacidad que demuestre esta Organización para retomar el camino de una cooperación entre iguales y basada en el respeto definirá, sin duda, los niveles de consenso, implementación y éxito de sus acciones”, añadió.
Tettamanti manifestó: “Nos preocupa, en ese sentido, la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad”.
“Hemos acompañado el actual proyecto de resolución, con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias, en verdadero beneficio de nuestros pueblos”, afirmó el vicecanciller.
En el texto de la resolución aprobada por la OEA se establece que “las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno de Nicaragua”.
La OEA reitera “sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.
La OEA y el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana
Consultado respecto a la evaluación colectiva a la que se hace referencia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en una conferencia de prensa que “es esencialmente el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Ese artículo prevé que, “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional”, cualquier país miembro o el propio secretario general pueden solicitar “la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Y aunque no se habló de una posible suspensión de Nicaragua, la Carta Democrática contempla esa posibilidad en caso de que se “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.
Almagro aclaró que no corresponde a la secretaría que dirige “prejuzgar cuál va a ser la decisión que va a tomar el Consejo Permanente en esa evaluación colectiva”. En todo caso, destacó que esta resolución demuestra la “voluntad” de la OEA de “de trabajar con Nicaragua y de lograr una solución para el tema institucional” que aflige a ese país. “Nuestra voluntad es acompañar los trabajos”, puntualizó el secretario general.
Previa a la votación de la iniciativa, el representante de Nicaragua, Michael Campbell, rechazó “de la manera más categórica el proyecto de resolución” que, aseguró, “se quiere imponer” en contra de su país en esta Asamblea General. Además, denunció que entre sus proponentes se encontraba “un impostor, que usurpa el lugar de Venezuela”, en alusión a la delegación del líder opositor Juan Guaidó, y advirtió que ello se suma la “ilegalidad y nulidad” de la resolución.
El pasado domingo, el líder sandinista fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en unos comicios generales que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.
CB con información de agencias