La flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comienza a dar que hablar en la opinión pública, y no precisamente por sus logros. La asignación, a través del Boletín Oficial, de $100.000 millones con el fin de “fortalecer” los fondos con los que dispondrá el organismo dirigido por Sergio Neiffert, pero comandado en las sombras por el asesor presidencial Santiago Caputo, abrió una incógnita en torno a un tema que siempre generó polémica: el carácter reservado de esas partidas presupuestarias, cuyos gastos únicamente pueden ser controlados por una comisión bicameral del Congreso que aún no está conformada. Exceptuando esa instancia, prima la total discrecionalidad.
En el decreto de este martes se especifica que la decisión fue tomada para “solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”. Y se aclara que tales fondos tendrán como principal objetivo el de “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”.
Según datos oficiales, desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, hasta esta nueva asignación, los gastos reservados del organismo rector del sistema de inteligencia nacional se habían incrementado en un 391%. Su presupuesto general, en tanto, también tuvo un aumento exponencial y hoy cuenta con una partida de $136.741 millones, mientras que el gasto total que se destina a la inteligencia en su conjunto es de $168.490 millones.
Otro dato de relevancia es que la SIDE concentrará la supervisión de todo el sistema de inteligencia nacional, una tarea que hasta ahora estaba repartida con los Ministerios de Seguridad y de Defensa, encabezados por Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente. Es que Neiffert no solo llevará las riendas del organismo a su cargo, sino que también tendrá fuerte injerencia sobre el funcionamiento operativo y los respectivos presupuestos de la Dirección de Inteligencia Criminal y la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar. El exinterventor Silvestre Sívori ya había intentado unificar ambas áreas, pero se encontró con la resistencia de la ministra Patricia Bullrich, una reticencia que ahora parece haberse doblegado.
Hasta el momento, la Casa Rosada tiene oficializados los nombres de quiénes estarán a cargo de tres de los cuatro organismos que conforman la nueva-vieja SIDE. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) lo comandará Alejandro Colombo, delegado de la SIDE en Roma durante los años 90; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) responderá al Comisario General (ret.) Alejandro Cecati, excustodio de Mauricio Macri y quien formó de una fuerte purga que tuvo lugar en diciembre pasado en la cúpula de la Policía Federal; mientras que Ariel Waissbein será el responsable de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). En cambio, todavía es una incógnita quién será designado al frente de la División de Asuntos Internos, que tendrá como principal función la de auditar el trabajo del resto de las áreas.
Historial negro
Salvo contadas excepciones, a largo de las últimas cuatro décadas, la SIDE se convirtió en una suerte de poder subterráneo al servicio de los intereses más inconfesables de cada gobierno de turno. Lejos en el tiempo quedó el énfasis puesto en la eficiencia, si es que alguna vez existió. Hoy, detrás de la reconfiguración del organismo de inteligencia está ni más ni menos que el asesor presidencial Santiago Caputo. El hombre de mayor confianza de Milei tiene una obsesión: convertir a la ahora exAFI en una agencia de elite, con atribuciones parecidas a las de la CIA y el FBI estadounidenses. También, que vuelva a ser una entidad al mando de una figura política que responda directamente al Ejecutivo.
Hay que precaverse: así como no hubo Presidente que no quedara endulzado por los cantos de sirena del espionaje, tampoco existió gestión a la que, llegado el momento, no se le viniera en contra esa estructura que suele gozar grandes autonomías. El caso del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y su posterior investigación teñida de todos los vicios imaginables, grafica a la perfección ese cuadro de situación: la falta de control sobre los gastos reservados permitió que el juez que instruyó la causa en un comienzo, y las autoridades de la SIDE durante la década del ‘90, dispusieran de fondos ilimitados para pagar declaraciones y financiar operaciones. En 2019, el “Señor 5” en tiempos de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, fue encontrado culpable de varios de esos delitos.
El último intento reformista de los servicios de inteligencia, posiblemente el más ambicioso previo al de La Libertad Avanza, tuvo lugar en 2015. Fue después de que la por entonces presidenta Cristina Kirchner echara al histórico espía Antonio “Jaime” Stiuso y de que, solo un mes más tarde, el fiscal al frente de la UFI AMIA, Alberto Nisman, apareciera con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero. A partir de la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25 520) votada por el Congreso, que disolvió la otrora Secretaría de Inteligencia (SI), se realizaron dos modificaciones relevantes: la exigencia de una rendición de cuentas respecto a los gastos del presupuesto del organismo y el traslado de las intercepciones telefónicas de la órbita de la exSIDE a la de la Procuración General de la Nación.
Hay consenso entre lo especialistas en que los cambios introducidos tardíamente por el kirchnerismo, con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), constituyeron un paso adelante en la intención de echar luz sobre la oscuridad siempre imperante en los servicios de inteligencia argentinos, nunca exentos de sospechas de espionaje ilegal. Pero estos avances no tuvieron mucha vida: un año más tarde, una vez en el poder, fueron borrados de un plumazo por Mauricio Macri. A través de dos decretos de necesidad y urgencia de mediados de 2016, se retornó al régimen de confidencialidad de fondos reservados y las escuchas pasaron, sin preparación previa, al ámbito de la Corte Suprema. Durante los cuatro años de Alberto Fernández, a partir de la intervención del organismo, hubo una única medida trascendente: prohibir que la AFI realice funciones policiales o de investigación criminal para el Poder Judicial.
PL/MG