El canciller Santiago Cafiero intentó este lunes mantener al Gobierno apartado de la polémica por el avión de carga con iraníes varado en Ezeiza y pidió cautela para que la Justicia siga con la investigación.
“Por supuesto que activa todas las sensibilidades y es algo totalmente razonable, pero queremos nosotros ser muy cautos y separar las cosas, porque si no se mezcla todo”, planteó el canciller consultado sobre este tema en Radio Urbana Play, después de que trascendiera que estos pasajeros podrían tener vínculos con la fuerza Quds, un grupo calificado como terrorista por los Estados Unidos y cuyo jefe de 1994 tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la AMIA en la Argentina.
En principio, la tripulación de la aeronave no tendría vinculación con los funcionarios y exfuncionarios de Teherán que son buscados por Interpol debido a su responsabilidad en ese atentado cometido en julio de 1994 que, según la Justicia argentina, tiene como principales implicados a Irán y a la organización terrorista Hezbollah.
“Nosotros seguimos con nuestros reclamos siempre al gobierno iraní, de que exista colaboración para la investigación de fondo que se viene haciendo con la causa AMIA, y vamos a seguir permanentemente reclamando. Se renovaron las alertas rojas. La Argentina continúa con su reclamo y su proceso de investigación, pero siempre trabados por esta parte del gobierno iraní que no acepta colaborar con la Justicia argentina”, agregó.
En tanto, dijo que esto es “estrictamente una cuestión de seguridad” y que el Gobierno cumplirá la decisión judicial que surja de la investigación, a cargo del juez federal Federico Villena, quien debía resolver sobre la situación del avión y de los ciudadanos iraníes. Esta segunda carátula que se inició por una denuncia de los diputados Ricardo López Murphy y Gerardo Milman incluye a 14 venezolanos que también llegaron en esa aeronave.
Esta mañana, después de las palabras de Cafiero, Villena ordenó que se les retengan los pasaportes a los cinco iraníes por un plazo de 72 horas. También, que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le informe “cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave”. Ahora, la fiscal federal Cecilia Incardona deberá determinar si impulsa una investigación penal.
“En principio [el avión] paró en Córdoba, fue en esos días que había mucha niebla y los aviones no podían parar en Ezeiza. En ese contexto bajó en Córdoba y después derivó en Ezeiza. Y ya las fuerzas de seguridad lo retuvieron y pasó a investigación judicial, estamos esperando que se determine la situación”, detalló el Canciller sobre el derrotero que siguió esta aeronave de Emtrasur Cargo, la división de carga de la firma de bandera venezolana Conviasa, en realidad usada durante los últimos 15 años por la compañía iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos ya que allí consideran que esa aerolínea es un brazo logístico de Quds.
DL