La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este martes que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública y recordó que la exmandataria fue sobreseída por inexistencia de delito en causas ya cerradas por sus vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez.
“No hay ninguna norma que imponga a la Presidenta o Presidente el deber de controlar procesos de adjudicación. Acá no existe ninguna norma, no hay deber de actuar”, remarcó el abogado Carlos Beraldi en un tramo de su alegato.
Por ello “una imputación construida de esa manera es absolutamente incorrecta e ilegal. Es imposible que el Presidente ejerza el control de una licitación y lo que va pasando después, es imposible”, remarcó.
Beraldi sostuvo que se debe “descartar cualquier tipo de responsabilidad por acción u omisión” de la Vicepresidenta.
Pero además recordó que tanto ella como el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales que investigaron hechos similares.
Se trata de jueces y fiscales que entre 2008 y 2015 no hicieron “lo que en esos años les pedía algún poder político” pero “las cosas después cambiaron y no cambiaron para bien”, advirtió al remarcar el “nivel grotesco” de lo ocurrido.
Por otro lado, y en cuanto a las “relaciones comerciales” con el empresario Lázaro Báez, la defensa entendió que fueron “legales, legítimas y están sobreseídas”, al repasar las diferentes causas judiciales abiertas desde 2008.
Con el foco puesto en las acusaciones por lo ocurrido en Santa Cruz, Beraldi advirtió también una “gravedad institucional inédita” en la postura fiscal porque “se acusó a todo un gobierno provincial, se lo convirtió en un vehículo para cometer delitos”.
Con información de Télam.
IG