La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para mañana a una última reunión que tendrá como objetivo la votación de los dictámenes contra los cuatro jueces de la Corte Suprema investigados por presunto mal desempeño en sus funciones.
La citación se reprogramó para las 15 (en la Sala 1 del anexo A de la Cámara baja) a raíz de un pedido de Juntos por el Cambio, dado que los gobernadores de la oposición se reunirán al mediodía con los legisladores actuales y electos de esa fuerza política.
El dictamen que se vote quedará listo para el recinto y tendrá vigencia por tres años, pero el Gobierno entrante de La Libertad Avanza ya avisó que no le interesa impulsar el juicio político contra los cuatro cortesanos.
Unión por la Patria requerirá las dos terceras partes de los votos para poder designar a una comisión acusadora formada por tres diputados, para que sostengan la acusación ante el Senado. Y luego en la Cámara alta, en el remoto caso de que llegue el dictamen de la acusación, también se exigirá la misma mayoría especial para la remoción de los jueces.
Se trata de un escenario prácticamente imposible, habida cuenta de que el propio presidente electo, Javier Milei, ya desestimó el juicio político y el designado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que procedimiento contra los magistrados es “algo ilegítimo” e “infame” que “tiene que terminar”.
Días atrás, el abogado penalista de La Libertad Avanza mantuvo una reunión con los cuatro jueces de la Corte, a la que definió como “buena y prestigiosa”. “Va a ser independiente, libre de decisión, sin presiones sin coacción, sin interferencia de terceros, como manda el estado de derecho”, garantizó.
La reunión estaba originalmente prevista para el viernes 17 de noviembre, pero por la cercanía con el balotaje se decidió postergarla aprovechando la prórroga de sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, y así evitar que el tema quedara instalado en medio de la campaña.
El propio (ex) candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien nunca estuvo demasiado convencido de la pertinencia y conveniencia de un juicio político contra la Corte, fue quien solicitó dicha reprogramación.
Con la extensión de las sesiones ordinarias, la comisión tiene hasta el 29 de noviembre (es decir, 10 días antes del cierre del período ordinario) para dictaminar, porque caso contrario la investigación vuelve a foja cero y se pierde todo el trabajo realizado durante este año.
La última reunión del 7 de noviembre pasado había terminado en un escándalo ya que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, la dio por terminada a dos minutos de haberse iniciado para evitar que se generara una discusión sobre la presunta red de espionaje que involucra a Rodolfo Tailhade por las filtraciones de chats con el espía preso Ariel Zanchetta.
A dicha reunión habían sido convocados los jueces que no habían hecho el descargo por escrito de los cargos, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pero se ausentaron.
En tanto, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz habían contestado previamente planteando por separado irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso y advirtieron que muchos de los cargos formulados por la comisión carecen de las precisiones mínimas.
“Hay cargos que vinculan hechos, datos o interpretaciones para construir una suerte de relato o novela de asociación libre para atribuirme inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”, señaló Rosenkrantz en su escrito.
MM con información de NA