Jueves decisivo para los Macri en la Justicia. Este 8 de abril por la mañana, vence el plazo para que Correo Argentino SA presente el apoyo de sus acreedores a su última oferta. Si la compañía consigue las conformidades de una mayoría, podría evitar la quiebra. Sin embargo, para que ese escenario sea posible, Correo necesita imponerse sobre el Estado Nacional, uno de sus principales acreedores.
En las últimas horas, Correo sumó nuevos apoyos y los presentó en el expediente: 34 acreedores más aceptaron su última oferta y otros 95 ratificaron el apoyo previo que habían dado a la compañía, informó ante la consulta de este medio el abogado de Correo. Ahora, la jueza del caso, Marta Cirulli, deberá analizar estos apoyos, ver si encuadran dentro de la ley, si son genuinos y si efectivamente alcanzan para evitar la quiebra. Según las normas, la empresa debe lograr las conformidades de los acreedores que representen al menos el 75% del capital de la deuda.
Uno de los acreedores de la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri es central en su futuro: el Estado Nacional. En su última oferta, presentada a fines de marzo, la compañía de los Macri ofreció abonarle en un pago $1.011 millones, alrededor de una cuarta parte de la deuda calculada por el Ministerio Público Fiscal: más de $4.000 millones, a 2017 (que podrían alcanzar casi los $5.000 millones a la actualidad).
El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importante. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003.
Correo tenía tiempo hasta este jueves para lograr el sí del Estado Nacional, representado en el expediente por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Ante la consulta de este medio, el jefe de los abogados estatales no respondió si aceptará o no la última propuesta de Correo.
Si Zannini rechaza la oferta de Correo, la compañía tiene otra opción, que ya viene planteando en la causa: solicitarle a la jueza que declare al Estado como “acreedor hostil” por estar supuestamente trabando una solución al caso. De esta manera, Correo ya no necesitaría el apoyo del Ejecutivo para evitar la quiebra y si logra la mayoría legal con otros acreedores, podría obligar al Ejecutivo a aceptar su última oferta: $1.011 millones. Este es el escenario que confirmaron a elDiarioAR fuentes directas del expediente y un escrito presentado por la compañía de los Macri ante la jueza Cirulli.
Otros dos acreedores clave debían definir si llegaban a un acuerdo con Correo: el Banco Nación y la AFIP. Al cierre de esta nota, no se conocía la posición de la AFIP.
Fuentes directas del Nación, que acumula un crédito millonario en dólares contra la compañía de los Macri, informaron a elDiarioAR que el directorio del banco votó este martes rechazar la oferta de la empresa, que ofrecía pagar en cuotas y a plazos extendidos en el tiempo. Sin embargo, los acreedores tienen categorías en un concurso y por el tipo de categoría que integra (las minorías), el rechazo del Nación no es definitorio para decretar la quiebra, confirmó una fuente judicial del caso. Sí, lo es, por otro lado, el Estado Nacional.
Salvataje Power
La ley de Concursos y Quiebras permite como opción el “cramdown (salvataje) power” para imponer el acuerdo cuando existen acreedores “hostiles”. En esa línea, los representantes de los Macri ya sostuvieron en un escrito a fines de marzo que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.
Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su última propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. Adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.
Si la jueza acepta este planteo de Correo, deberá abrir un espacio para que los acreedores corridos del acuerdo (a los que se les impone la oferta final) puedan plantear sus oposiciones e impugnaciones. El plazo para impugnar sería de cinco días, según consta en la ley. Zannini tendría ese plazo, por ejemplo, para argumentar por qué no sería un “acreedor hostil”.
Sospechas sobre las mayorías
Conseguir que la jueza Cirulli declare “acreedor hostil” al Estado y lo corra de la negociación no es la única piedra en el zapato de los Macri. Correo tiene otro frente pendiente: la fiscal Gabriela Boquin, que interviene en el caso desde octubre de 2016, denunció que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría ilegítima en el acuerdo final, lo que en la ley se denomina “quiebra fraudulenta”.
Más de 300 acreedores cedieron sus créditos a 14 abogados de estudios jurídicos, algunos de los cuales incluso representan o representaron a Correo en el expediente. Por ejemplo, el de Pablo Tonelli, diputado del PRO, exabogado de Correo y aliado de Macri, según la denuncia de Boquin. También han sido adquiridas por otros abogados que integraron el directorio de Correo.
Correo niega las acusaciones.
Otro acreedor importante es el Meinl Bank, un banco austríaco que aterrizó en el caso en 2010 (cuando el concurso ya tenía nueve años). El Meinl Bank adquirió los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), otro organismo de crédito, a los que Correo debe cientos de millones de pesos. Según pudo precisar elDiarioAR de fuentes directas de Correo, una de las conformidades ratificadas es la del Meinl Bank.
El fantasma de la extensión
Si todo este proceso fracasa, Correo quiebra. Los Macri corren el riesgo de que la Justicia comercial extienda la quiebra a los accionistas de Correo (Sideco y Socma) por presunto “control abusivo”. La quiebra implicaría perder control sobre sus activos. Ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las últimas décadas. La principal accionista actualmente es Socma.
El proceso de extensión de quiebra puede llevar mucho tiempo. El Estado o cualquier otro acreedor disidente tiene seis meses desde la fecha de la quiebra de Correo para pedir la extensión a Socma y Sideco. Estas compañías luego pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso.
Antecedentes
En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo con el Estado Nacional era por 300 millones de pesos/dólares (a 2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.
Durante el resto del gobierno de Macri y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Cambiemos frenaron durante más de dos años un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.
Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje que actualmente está en trámite, llegando a su fin.
ED