La Corte Suprema de Justicia se reunió este martes en su encuentro virtual semanal por videoconferencia con el contexto del conflicto entre Nación y Ciudad de Buenos Aires con respecto a la constitucionalidad o no del decreto del presidente Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en el ámbito del AMBA por dos semanas, hasta el próximo 30 de abril.
Tras la presentación de los argumentos presentados por la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, jefe del cuerpo de abogados del Estado, en cuanto a los fundamentos de la decisión de suspender la presencialidad en las escuelas, la Corte dará curso a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, para que dictamine sobre el planteo, informó una fuente del máximo tribunal a elDiarioAR. Será Laura Monti, responsable del área de Derecho Público no Penal, quien analice la presentación y dé su opinión sobre el tema.
La opinión de la Procuración General de la Nación no es vinculante, pero es un paso habitual de la Corte antes de decidir sobre cuestiones que lo ameriten. El máximo tribunal le dio un plazo de 72 horas para presentar el dictamen, agregó la fuente consultada.
Resta saber si los miembros del máximo tribunal de Justicia llegarán a definirse antes del 30 de abril, cuando vence el decreto en cuestión, mientras el Gobierno Nacional plantea que los casos de Covid-19 siguen siendo elevados y la preocupación crece en todos los distritos del país. El máximo tribunal no tiene plazo para fallas sobre la cuestión y puede incluso no ser categórico en su decisión.
Por lo pronto, las autoridades de Nación, Provincia y CABA retomaron este martes el diálogo, que está trunco desde hace varias semanas, con el objetivo de definir cómo seguirán las medidas restrictivas a partir de mayo.
Con respecto al tema de la polémica, que es la modalidad de las clases y la autonomía o no de Ciudad para no acatar un decreto del Estado Nacional sobre medidas sanitarias que involucran a la Educación, tanto el Gobierno de Fernández como el porteño mencionaron la posibilidad de tomar una opción intermedia entre las dos posturas encontradas: las clases administradas en los colegios, con una presencialidad “cuidada” que permita reducir la circulación en aquellas zonas que presenten mayor riesgo epidemiológico debido al crecimiento exponencial de casos. Así como aumentar los testeos en los centros educativos y evaluar cada sector según el índice de casos positivos de coronavirus en las instituciones públicas o privadas.
IG