Sin realizar declaraciones, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti (presidente) y Carlos Rosenkrantz (vicepresidente del tribunal) dejaron el Congreso de la Nación este miércoles por la tarde, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, principal acto institucional del año. Se dirigieron directamente hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, en el barrio porteño de Tribunales. Acababan de escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico, con el dedo índice y miradas de desaprobación en cadena nacional, frente al pleno del Congreso, el Gabinete y gobernadores invitados.
Rosatti y Rosenkrantz llegaron a sus despachos, lejos de los silbidos y gritos de diputados y senadores oficialistas, que se entremezclaban con los abucheos e insultos de los opositores al Presidente. Mientras Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto, Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte. A unos dos metros de distancia, ninguno de los dos dirigió la mirada al Presidente durante casi dos horas.
Tras el acto, “la orden fue no responder a las críticas, no subirse a la discusión política y comunicar hacia adentro del tribunal que el martes próximo se llevará adelante la reunión de acuerdo, que mantienen semanalmente, y que los expediente continúan tramitando”, afirmó una fuente de la Corte a elDiarioAR. Es decir, oídos sordos.
Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados.
El martes 7 de marzo también tendrá lugar una nueva reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que continuará escuchando a los testigos citados en el marco de la investigación que el oficialismo lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño.
El proceso no tiene posibilidad de avanzar en el contexto actual más allá de la comisión: el Frente de Todos (FdT) no tiene los dos tercios de los votos que requiere en Diputados para formalizar la acusación contra los ministros cortesanos ni en el Senado para destituirlos. Pero apuesta a un efecto desgaste sobre los jueces.
El martes próximo, a partir de las 13, están citados los fiscales federales Carlos Stornelli y Laura Roteta (ambos podrían declarar por escrito); el exsenador, exfuncionario y ex consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla (UCR); y Sergio Miguel Napoli (secretario letrado de la Corte). En la comisión parlamentaria tenían en la lista de posibles testigos del martes a Maria Burdin, vocera y principal asesora en comunicaciones de Lorenzetti, enfrentada desde hace años con el vocero y mano derecha de Rosatti, Silvio Robles. Sin embargo, no está en la lista de testigos finalmente notificados por la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo.
Las causas de CFK
“Ellos fueron al Congreso sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a este medio una segunda fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto.
No acudir este miércoles al Congreso no fue una opción para los jueces de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), aseguran en el Palacio de Justicia, pero lo cierto es que pocos conocen los pormenores de la reunión del martes último en la que los cuatro ministros del tribunal acordaron que sólo asistirían Rosatti y Rosenkrantz en representación de todo el Poder Judicial, ya que son las dos autoridades formales de la Corte (presidente y vice).
Como cada una de las decisiones que se toman en el tribunal en los últimos meses, se decidió con un máximo hermetismo. En los despachos linderos, el personal de la Corte especulaba con si darían el faltazo a la Asamblea Legislativa, o si los jueces irían y se levantarían ante las más que esperadas críticas de Fernández al tribunal.
“Asistir a la Asamblea Legislativa es mandato constitucional de la Corte y los jueces decidieron priorizar el Estado de Derecho”, agregó uno de los hombres de la Corte consultados tras el acto, y recalcó: “Son el tribunal que vela por las garantías constitucionales y la Constitución dice que la cabeza del poder judicial debe asistir a la Asamblea Legislativa”.
Las críticas a la Corte fueron los pasajes más duros del discurso de Fernández. Acusó al máximo tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces federales de todo el país y a los jueces nacionales, y que funciona en el marco de la permanente disputa de poder entre el oficialismo, la oposición y los jueces por el nombramiento de sus respectivos candidatos a los juzgados más poderosos.
El Presidente también acusó a los jueces de la Corte de “quitar dinero a los que más necesitan y destinar esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, en referencia al fallo de diciembre a favor de que la Ciudad de Buenos Aires reciba más fondos de la Nación para financiar la policía porteña.
Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia.
Fernández también habló de vínculos de jueces con empresarios y medios de comunicación. Hizo hincapié, además, en la supuesta intromisión de la Corte en atribuciones de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, al ordenar en sus fallos cómo el Gobierno debe distribuir fondos públicos. Y reclamó a la Justicia por dos causas penales en trámite: la investigación por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la condena contra la expresidenta por el caso Vialidad, que le valió una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que aún no están firmes.
En el pase de facturas entre el Gobierno y la Corte por quién incumple la Constitución, una fuente del máximo tribunal dijo a elDiarioAR: “El artículo 109 de la Constitución Nacional establece que ‘en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’, y sin embargo, lo hizo en tres oportunidades”.
Una de las referencias fue por el expediente abierto aún en la Corte por el reparto de fondos nacionales a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires iniciado por una demanda de la Ciudad contra Nación por la coparticipación. La Corte dictó una medida cautelar pero el fallo de fondo está pendiente.
En cuanto a la investigación por el atentado a la vicepresidenta, Fernández dijo: “Vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”. Luego agregó: “Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”.
Sobre las condenas en el juicio de Vialidad, el Presidente se dirigió, sin nombrar al tribunal, a la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal del país que revisa las sentencias de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones.
“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo Fernández sobre la condena de primera instancia, que aún debe ser revisada por tres jueces de la Sala I de la Casación.
ED
Nota: esta nota fue actualizada el 2 de marzo a las 08:49 AM con la lista de testigos finalmente notificados por la comisión parlamentaria para declarar el 7 de marzo próximo, en la que no está notificada María Burdin, funcionaria de la Corte y vocera del juez Lorenzetti.