La Corte Suprema de Justicia fue este miércoles objeto de los pasajes más duros del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa que dio inicio a la actividad del Congreso. “Fueron sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto.
En el acto institucional más importante del año, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del máximo tribunal, se apersonaron en representación de la Corte, como es tradición cada año, para escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico y con el dedo, incluso con la mirada, entre silbidos, festejos y aplausos de los diputados y senadores oficialistas y gritos e insultos de los opositores.
Fue el momento más tenso, agresivo y locuaz del discurso, o más bien el único. Sin menciones directas, Fernández terminó por señalar a su propio espacio político como co-responsable por no avanzar con las reformas del sistema judicial que envió como presidente al Congreso y que, según el mandatario, habrían evitado que el avance del narcotráfico en Rosario, Santa Fe, pasaje que le valió una mueca de fastidio del juez Rosatti, oriundo de esa provincia.
Mientras el oficialismo avanza a pedido del Presidente con una investigación por presunto mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Rosatti y Rosenkrantz acudieron a la Asamblea en representación de todo el tribunal, ya que son sus principales autoridades. Los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no asistieron. Fue una decisión tomada este martes entre los cuatro jueces, afirmaron dos fuentes directas de la Corte.
Los jueces de la Corte debieron oír también las críticas de Fernández al tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -sentada a su izquierda- por defraudación a la administración pública a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No pronunció la palabra “proscripción”, que utilizó la expresidenta públicamente para referirse a la sentencia.
“Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, dijo Fernández.
“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo en referencia a las apelaciones pendientes a la condena del caso Vialidad.
Fernández también acusó a los jueces del tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo en el oficialismo, oposición y poder Judicial se disputan el nombramiento de jueces para diseñar la Justicia a su imagen y semejanza.
A las ausencias de Lorenzetti y Maqueda, se sumó la de Eduardo Casal, procurador general de la Nación interino, el jefe de los fiscales del país. A diferencia de los jueces de la Corte, Casal no fue invitado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa por primera vez desde la asunción de Fernández, confirmó una fuente directa del organismo a elDiarioAR. “Es la primera vez desde 1994, cuando se creó el Ministerio Público Fiscal, que el titular de la Procuración no es invitado al acto institucional más importante del año”, agregó la fuente.
Casal fue blanco de un intento de juicio político, también iniciado por el oficialismo pero que no prosperó en la comisión parlamentaria. El Gobierno no ha podido nombrar -al igual que la gestión de Cambiemos- a su propio procurador debido a que no cuenta con los dos tercios de los votos del Senado. Por estar en la línea de sucesión del organismo, Casal es procurador interino desde la salida de Alejandra Gils Carbó, enfrentada por el macrismo para forzar su renuncia y nombrar, también sin éxito, a su propia jefa de fiscales.
Dinero
Tras ingresar al recinto pocos minutos antes de Fernández, Rosatti y Rosenkrantz se sentaron en el espacio reservado siempre para los jueces supremos, junto al estrado de la presidencia de la cámara de Diputados, donde Fernández daría su discurso.
Fernández acusó a la Corte de pretender manejar los recursos públicos del Estado, de intromisión en las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de favorecer a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias pobres. Todos argumentos rechazados por el tribunal.
Con estilos y personalidades muy disímiles, Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto durante el discurso presidencial, mientras que Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte.
“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, comenzó Fernández sus pasajes más críticos.
“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Les quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, dijo el Presidente, sin censurar los silbidos provenientes del recinto ante la mención al máximo tribunal que le valieron un gesto de desaprobación de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentado en el espacio reservado para los gobernadores.
El fallo de la Corte que en diciembre último otorgó de manera momentánea a la Ciudad una suba en la porción de impuestos nacionales que reparte el Estado Nacional entre todas las provincias y la Capital fue para financiar la policía porteña y no redujo el porcentaje que reciben los Estados provinciales sino la porción que le corresponde al Estado Nacional, de acuerdo con el fallo. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas.
Este fallo fue la motivación del oficialismo para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte, un proceso que no tiene posibilidades de avanzar más allá de una investigación y un dictamen de acusación de la comisión parlamentaria, ya que el oficialismo no tiene los dos tercios de los votos en Diputados para formalizar la acusación ante el Senado, ni en entre los senadores para destituir a los jueces.
Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables
“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo sobre el pedido de juicio político.
Con tono enérgico y ante los aplausos de pie y gritos de aprobación de los legisladores oficialistas, Fernández dijo: “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”.
Espionaje
Luego, el Presidente recordó sus pedidos para que avance su intento de reforma del sistema judicial, que ni siquiera fue apoyado por el oficialismo en Diputados. Resaltó un cambio central en los manejos del Ejecutivo con respecto a administraciones pasadas:
“No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe”, pasaje que despertó reacciones de la oposición en el recinto, en medio de denuncias de hackeos y filtraciones de chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyos responsables no han sido identificados.
Y se refirió a esas conversaciones filtradas: “Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos”.
La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible.
Narcos
“Si aquella reforma de la Justicia Federal -la que envió Fernández en 2020 al Congreso y no se aprobó- hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, dijo Fernández.
Rosario necesita cinco jueces federales de distintas instancias. El Presidente acusó a la Corte, y en especial a Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura, porque desde hace un año el organismo no envía candidatos a jueces de Santa Fe, pero Fernández obvió decir que la provincia es una de las más afectadas por la falta de jueces y juezas federales desde hace años, incluso cuando su espacio político tenía mayor control del Consejo, y que el nombramiento de los jueces federales depende del acuerdo con el oficialismo y la oposición.
ED