En medio de la agudización del conflicto de la educación superior, con paros docentes en todo el país, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley propuesto por la UCR para ampliar las partidas para universidades públicas nacionales. Obtuvo 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa pudo ser aprobada tras un acuerdo entre los radicales, EF, y UxP, donde se estableció el mecanismo salarial que tendrá el personal universitario, que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.
Tras 17 horas de sesión, a las 4.30 comenzó la discusión del proyecto. El tema que se metió por la ventana en el temario a través de un acuerdo de último momento entre el oficialismo y el bloque de la UCR. Sin ese acuerdo, el oficialismo no habría logrado el quórum para siquiera iniciar la sesión.
La cuestión del financiamiento universitario ya lleva varios meses de arrastre y tuvo como punto clímax de conflictividad el 23 de abril pasado en la masiva Marcha Nacional Universitaria para reclamar por la urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios.
El primer proyecto puesto en consideración, que tenía dictamen de mayoría, de Unión por la Patria, fue rechazado en la votación. Este proyecto incluía la actualización bimestral de las partidas presupuestarias como el anterior, incorporaba ítems adicionales con un costo fiscal mayor, como la ampliación de beneficiarios y montos de las becas Progresar, y obligaba a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios. La propuesta también contemplaba la actualización presupuestaria para ciencia y técnica y el desarrollo de proyectos especiales, institutos tecnológicos y la extensión universitaria.
Por otra parte, el dictamen de minoría que finalmente fue aprobado en general con 143 votos afirmativos y 77 negativos, está firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. Con la diputada bonaerense Danya Tavela como autora principal, propone una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC.
Puntos clave del proyecto
- El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades.
- La iniciativa fija que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación.
- El Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales por el índice general de precios al consumidor informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).
- Se aumentará todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación.
- Establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo.
- Posteriormente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre los salarios deberán actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
- Este mecanismo de aumento salarial no tendrá vigencia solo si habrá un acuerdo entre las organizaciones gremiales y autoridades universitarias que tenga el aval del Gobierno Nacional.
- Otro punto de la iniciativa es que habrá control de la Auditoría General de la Nación conforme los términos del artículo 59 bis de la ley 24.521.
- Habrá una ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.
Qué dice la UCR
Instantes después de aprobarse el proyecto del radicalismo, el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace, dio a través de un hilo de X un punteo sobre lo aprobado este jueves en Diputados tras más de 20 horas de sesión.
De acuerdo al dirigente radical, “el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades. ¡No más recortes! Este es un compromiso con el futuro de nuestros jóvenes. Cada dos meses, el gobierno deberá ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación. ¡Nada de excusas! La educación no puede esperar mientras la inflación se come los recursos”, detalla Cacace.
Según el exdiputado, “se protegerán los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones mensuales según la inflación. ¡Basta de sueldos que no alcanzan! La calidad educativa se sostiene con salarios dignos”, reclamó desde la red social.
Asimismo, Cacace explicó que la ley “también establece una expansión de las becas estudiantiles. Más estudiantes tendrán acceso a apoyo económico para poder estudiar. ¡Nadie se queda afuera!”
Y concluye: “¡Este proyecto no es solo un presupuesto, es una declaración de principios! La educación pública es intocable, y no permitiremos que la destruyan con excusas de austeridad. ¡Seguimos luchando!”.
Meses de cruces, protestas y debates
El pasado 24 de abril, Unión por la Patria convocó a una sesión especial para tratar este asunto junto con la restitución del FONID, pero el radicalismo dejó el recinto sin quórum, pese a haber participado de la marcha del día anterior.
En el medio el Gobierno nacional acordó algunos desembolsos parciales por 270 millones de pesos que servían para financiar gastos administrativos de funcionamiento por algunos meses del año, pero sin dar respuesta a los reclamos salariales.
El 21 de mayo, se desarrolló una sesión en la que la oposición logró emplazar a las comisiones para dictaminar sobre estos dos proyectos educativos.
Con los dictámenes en la mano, comenzó un derrotero sinuoso para el radicalismo, que prometió llevar el tema al recinto en varias ocasiones, incluso pidiendo una sesión especial para comienzos de julio, que luego retractó.
Con la reactivación del conflicto universitario como telón de fondo, la UCR volvió a insistir con el proyecto de presupuesto universitario y presionó con un pedido de sesión para ayer, que se superponía con la convocatoria al recinto que había hecho el oficialismo.
El acuerdo para unificar temarios resolvió ese primer obstáculo, pero después, tras más de tres horas de discusión, se definió qué dictamen prevalecía, habiendo dos opciones con posibilidades.
Los dictámenes sobre Presupuesto Universitario
El dictamen de minoría firmado con 21 firmas de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.
Además, establece una modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.
El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que cosechó 34 firmas, también proponía actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.
Además, el proyecto del kirchnerismo incorporaba un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.
“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señalaba el texto.
En tanto, la iniciativa preveía la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.
Al abrir el debate, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna advirtió que la caída del salario docente en universidades “oscila entre el 30 y el 40%”, y dijo que “no es casualidad” que se haya desarrollado la multitudinaria Marcha Nacional del pasado 23 de abril.
Con información de agencias.
IG