Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expondrán este martes el segundo capítulo de su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, en el que la expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación de 51 obras viales a su socio comercial y amigo de su familia, Lázaro Báez.
En esta segunda jornada de alegatos de su defensa, los penalistas Carlos Beraldi y Ary Llernovoy se dirigirán al Tribunal Oral Federal número 2 para argumentar que la acusación de la fiscalía, que pidió doce años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta, se basa en “cuestiones inmensamente alejadas de la competencia que tiene un presidente de la Nación”, adelantó Beraldi durante la audiencia de este lunes.
El principal abogado de Fernández de Kirchner también anunció que buscará derribar “otro hecho escandaloso que la fiscalía construyó con mentiras y calumnias”: el plan “limpiar todo” o “plan huída”.
A finales de 2015, tras una reunión entre Cristina Fernández y José López en la Quinta de Olivos, el entonces secretario de Obras Públicas “bajó la orden” de comenzar el “plan de huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral del kirchnerismo. “Debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre de 2015”, afirmó el fiscal Diego Luciani durante su alegato en base a las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López. El “plan” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal.
Tras dicha reunión, que había sido antecedida por otro encuentro entre López y el entonces presidente de Austral Construcción, Julio Mendoza, en un hotel porteño, el funcionario ordenó “limpiar todo” al ejecutivo de Báez. “Nunca más retomar las obras”; “sólo que no hay que dar sensación de fuga”, agregó López. “El lunes o martes limpiamos a todos”, le respondió Mendoza. “Ahora es final. Neutralización. Despido. Pago. Después acomodamos lo que quieran”, agregó.
“Esto es exactamente lo que pasó porque primero abandonaron las rutas, no le pagaron a los empleados, los despidieron pero después se pagó, se siguió el plan, señores jueces”, aseguró el fiscal Luciani durante las audiencias del juicio en agosto último.
“Les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí fue un escándalo, cuando vean el ‘plan limpiar todo’, no van a salir de su asombro”, prometió Beraldi a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
“Han pedido 89 años de prisión” con “pruebas apócrifas”, dijo Beraldi este lunes.
Lunes
Durante la primera jornada de su alegato, la defensa ya comenzó a separar a Fernández de Kirchner de uno de los puntos centrales de la acusación. La fiscalía sostiene que la entonces presidenta lideraba la toma de decisiones. Beraldi se centró este lunes en sostener que las resoluciones, decretos y leyes que permitieron que las 51 obras fueran adjudicadas a Báez tuvieron la participación del gabinete de ministros, órganos del Ejecutivo, del Congreso y de órganos de control.
El alegato de la defensa acumulaba este martes más de 106.000 vistas en YouTube y la segunda audiencia también será transmitida al público por esa misma plataforma. El viernes, además, Fernández de Kirchner participará de su propio alegato y expondrá ante los jueces, ya que la ley la autoriza por ser abogada.
Juicio técnico
El juicio de Vialidad tiene un componente técnico de alta complejidad: requiere del análisis de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), fondos de fideicomisos, decisiones administrativas, elaboración del presupuesto y proceso del proyecto hasta su sanción en el Congreso, y reasignaciones presupuestarias, que en este caso fueron dispuestas por el ministerio de Planificación y la Dirección nacional de Vialidad (DNV).
La fiscalía sostiene que estos componentes técnicos fueron instrumentos de la asociación ilícita, torcidos para defraudar al Estado a través de sus propias reglas. El abogado de la vicepresidenta concentró su defensa en los argumentos técnicos que, sostiene, desterrarían esa acusación.
“Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz”, sostuvo Beraldi. El abogado también hizo una breve defensa sobre las acusaciones contra el fallecido expresidente Néstor Kirchner, pero aclaró: “No se puede imputar a un muerto”.
Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto.
Beraldi habló de “dos hechos inventados” por la fiscalía: “El apagón informativo” y “el plan limpiar todo”. Este lunes se centró en el primero de ellos.
También dijo que desde 2008 “se replican a partir de denuncias en los medios de comunicación hasta que se llega al juicio y se conoce la verdad”.
Ante los jueces, la defensa sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola incurrieron en “mala praxis” con hechos “escandalosos” y la construcción de una “fantasía”.
“No bajamos los brazos en ningún momento”, remarcó Beraldi, y destacó que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio” porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”, y fue “falsa y sin fundamentos”, afirmó.
Luego, Fernández de Kirchner publicó en su cuenta de Twitter: “¿Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.
“Política de Estado”
“Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible”, dijo Beraldi este lunes a los jueces.
El penalista criticó que la fiscalía haya sostenido que las leyes de presupuesto fueron instrumentos de la asociación ilícita, es decir, “los vehículos con los que se cometieron los planes criminales”.
“Santa Cruz no tenía rutas y por eso se hizo esa inversión”, afirmó Beraldi tras mostrar un cuadro de distribución de las obras de pavimento en el país en 2003. Sólo el 42,5% de las rutas en la provincia estaban pavimentadas el año en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia, según la Red Nacional de Caminos.
Tierra del Fuego era la provincia menos favorecida en la distribución: tenía el 7,4% de sus caminos pavimentados. El resto de las provincias, entre el 48% (Jujuy) y el 100% (Buenos Aires). Santa Cruz era la segunda menos beneficiada en la distribución de obras viales, según los datos expuestos por el abogado.
Además, Beraldi afirmó que “la cantidad de empresas constructoras que participaron en obra pública se incrementó de 12.000 en 2003 a 24.000 en 2015, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).
Entre 1990 y 2002, el Estado invirtió US$18.711 millones en obra pública mientras que los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015) casi sextuplicaron esa cifra, con US$107.825 millones, explicó el abogado para justificar que Báez pasó de empleado bancario a empresario de la construcción y que la inversión en rutas de Santa Cruz fue parte de una política a nivel país.
“Era una política de Estado de hacer inversión pública para que el país creciera. Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto. Es objetivo”, dijo.
“En el gobierno siguiente esa prioridad se desplazó para pagar la deuda pública. Los recursos que se obtuvieron de la recaudación en vez de hacer obra pública se pagaron al exterior”, agregó Beraldi.
“Ustedes me pueden decir está bien, está mal, pero en las elecciones eso se decide, no es un proceso judicial. No se puede criminalizar este tipo de decisiones como pretende hacer acá de una manera absolutamente ilegal”, aseguró Beraldi.
El penalista también remarcó, en base a testimonios del juicio, que “no existe ninguna norma que ponga límites al poder político para distribuir partidas presupuestarias”.
“Mala praxis”
“La fiscalía no sólo no pudo cumplir con su derrotero de probar que había una situación fraudulenta de obra pública, ni siquiera lo buscó”, dijo Beraldi cuando se refirió a “la mala praxis de la fiscalía”.
Dijo que la acusación es “carente de prueba” y que es mentira que el 11% del presupuesto de obra pública se haya destinado a Santa Cruz, como la fiscalía dijo que sostienen los datos de la Dirección Nacional de Vialidad.
Beraldi mostró otros números, en base a la información que le otorgó la Oficina Nacional de Presupuesto, del Ministerio de Economía. De acuerdo a esas cifras oficiales, la provincia de los Kirchner recibió un promedio de 7% del presupuesto anual destinado a obras viales entre 2004 y 2015.
Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible.
Presupuestos
La fiscalía sostiene que la política presupuestaria de la obra pública fue diseñada por el Ejecutivo con una participación “marginal” del Congreso en la decisión de distribución de los fondos, pero Beraldi llamó “fantasía” a la acusación de que “Néstor y Cristina hacían un presupuesto para que gane Lázaro Báez”, “obviando la autonomía con la que el Congreso se manejaba, la complejidad de la ley de leyes” (Ley de Presupuesto), que “puede ser debatida, modificada, eliminada por el poder Legislativo”, en palabras de la propia Fernández de Kirchner durante su indagatoria en el juicio, en 2019.
Beraldi también citó los testimonios de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, ambos diputados opositores que declararon durante el juicio, y negaron conocer la existencia de presiones a los legisladores para sancionar las leyes de presupuesto con los montos destinados a las obras en Santa Cruz.
“El Congreso de la Nación validó todos los DNU que se nombraron en esta causa como instrumentos del delito”, dijo el abogado, en referencia a algunos de los documentos que la fiscalía citó para destacar la participación de Fernández de Kirchner en la toma de decisiones.
“Los ministros nunca cuestionaron la validez de estos DNU (que se usaron para reasignar partidas presupuestarias para financiar las obras que se adjudicaron a Báez), tampoco los servicios jurídicos de cada ministerio”, incluidos “quienes se pasaron a la oposición”, como la exministra de Salud Graciela Ocaña, dijo Beraldi. Los ministros siempre acompañan la firma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
“Todos los gobiernos hicieron uso de esos decretos porque es necesario. No es excepcional ni arbitrario y mucho menos instrumentos de una asociación ilícita”, argumentó Beraldi.
Jefes de Gabinete
El defensor también citó varios tramos de los testimonios que dieron en el juicio los ex jefes de Gabinete de Fernández de Kirchner: Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Los cuatro explicaron ante el tribunal que las reasignaciones de partidas presupuestarias son “procedimientos normales” que se realizan desde 1994 y que el presupuesto es un pre-supuesto de los gastos que realizará el Estado al año siguiente, es decir, que puede ser modificado con ciertos límites legales.
Las obras de Báez se financiaron con fondos de un fideicomiso. Mientras que la fiscalía sostuvo que el manejo de esos fondos nunca fue transparentado al Congreso, los abogados de Fernández de Kirchner sostuvieron lo contrario, en base a los testimonios de Massa y un funcionario de Vialidad.
También remarcaron las palabras de la vicepresidenta durante su indagatoria en el juicio: “Son los jefes de Gabinete los responsables de ejecutar el presupuesto, no los presidentes”.
Beraldi y su colega Llernovoy remarcaron que los hechos que se exponen en el juicio ya fueron juzgados en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción. En esa provincia hubo dos causas: una se cerró con sobreseimientos y la otra por inexistencia de delito, recordaron los abogados.
Fernández de Kirchner “es perseguida cinco veces por el mismo delito”, afirmó Beraldi.
Con información de Télam.
ED