A Claudia C. la fueron a buscar a la casa de sus padres cuando tenía 13 años, en 1979. Le dijeron que iban a hacer un sorteo entre muchas chicas para entrar a una escuela secundaria católica becada y le dieron una estampa de Josemaría Escrivá de Balaguer para que le rezara. Poco después, resultó “elegida”: desde la ciudad de Ramallo, a 220 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, llegó al Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), conocido como “la escuela de mucamas del Opus Dei”. Estuvo casi 21 años pero nunca le pagaron un salario.
El de Claudia es uno de los 42 testimonios que forman parte de una denuncia colectiva ante el Vaticano a la que pudo acceder en exclusiva elDiarioAR: el reclamo es por “Abusos de Poder y de Conciencia con ulterior sometimiento de las víctimas a situaciones de explotación personal” contra la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, la más secreta y conservadora de las instituciones católicas, nacida en 1928 en España y con presencia en 68 países.
La presentación se formalizó en la Argentina con mujeres de este país, de Paraguay, de Uruguay y Bolivia, que sirvieron a la institución entre los años 1974 y 2015 como “numerarias auxiliares”, las miembros de más baja categoría, y que cumplieron tareas de servicio doméstico en esos países y algunas de ellas también en Italia y Kazajistán. Ingresó el 7 de septiembre en la sección Abusos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a cargo del prefecto Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer.
Reclutamiento engañoso, abuso de conciencia y explotación
En las casi 30 páginas, el escrito relata con detalle el modo en el que el Opus Dei reclutó a estas mujeres de “familias de contexto socio-cultural y económico humilde” cuando eran adolescentes de entre los 12 y 16 años. Dice que hubo un “plan proselitista” y que “lo hicieron con el conocimiento y consentimiento de las personas que ostentaban las facultades de organización y control de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en el territorio respectivo, de manera organizada y duradera en el tiempo, con distribución de cometidos o funciones, y con una secuencia repetida muy semejante entre todas las víctimas”.
Según los relatos de las denunciantes, nunca les hablaron de una vocación religiosa cuando fueron a buscarlas. A todas las familias les decían que las iban a llevar a estudiar. Y aunque a varias las llevaron al ICIED, una escuela en las que les enseñaban a hacer las tareas del hogar que no tenía ningún título formal, a muchas las mandaron directamente a trabajar a centros y residencias de la Obra. Allí, se las sometía a una rutina de oración rigurosa bajo dirección espiritual y así las convencían de que tenían “vocación de servir”. Una vez incorporadas como “numerarias auxiliares” las involucraban “en una situación de explotación de las que ellas mismas no eran conscientes por su corta edad, sintiéndose obligadas a prestar dichos servicios en pago de la ‘deuda’ contraída por el traslado, alojamientos y los ficticios estudios cuya esperanza de realización albergaban constantemente”. Las condiciones del trabajo, enumera la demanda, eran “remuneración inexistente y sin alta en el régimen de Seguridad Social, jornadas laborales ilimitadas, que se extendían más de 12 horas, con periodos de descanso breves y limitados a las horas de comer y rezar, sin documentación personal o con retención de la misma y otras vulneraciones de derechos básicos”.
Además de la violación de las leyes laborales, el escrito profundiza en el abuso de poder y conciencia que el Opus Dei a través de sus sacerdotes y directoras habría ejercido sobre estas mujeres desde una edad muy temprana: “Se las atemorizada con males espirituales si no cumplían ‘la Voluntad de Dios’”, como por ejemplo que se irían al infierno por no cumplir lo que Dios les pedía, que jamás serian felices fuera del Opus Dei, que el Opus Dei era su verdadera familia a la que le debían la formación humana y espiritual recibida. “Las niñas eran acechadas y perseguidas sin tregua ni descanso y, en ese atosigamiento espiritual, los Sacerdotes del Opus Dei, con conocimiento y voluntad, contribuían de manera esencial y relevante a la realización de los fines proselitistas”.
El reclamo empezó a gestarse a principios de 2021. En febrero, las mujeres se reunieron en una parroquia del bajo Belgrano y pusieron sus testimonios en común. La mayoría estuvieron entre una y dos décadas en la institución, algunas incluso más de dos décadas, y hoy tienen entre 40 y 60 años. Después de esa reunión, a través de su abogado intentaron conversar con las autoridades regionales del Opus Dei pero no fueron recibidas ni tuvieron una respuesta. También consiguieron una audiencia con el nuncio en la Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk, quien les recomendó enviar una carta al papa Francisco. La enviaron en mayo y tampoco tuvieron respuesta.
El reclamo empezó a gestarse a principios de 2021. En febrero, las mujeres se reunieron en una parroquia del bajo Belgrano y pusieron sus testimonios en común. La mayoría estuvieron entre una y dos décadas en la institución
Antes de presentar la denuncia formal ante el Vaticano, también hubo reuniones con el Obispo Auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Giorgi, y el Vicario de Justicia del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, Ricardo Daniel Medina.
Después de la publicación de sus testimonios en la prensa, la máxima autoridad de la rama femenina en la Argentina, Catalina María Donnelly reconoció que esas mujeres había sido parte de “la Obra” aunque no reconoció vínculo laboral: “Las numerarias auxiliares no son empleadas del Opus Dei, son el Opus Dei, es su propia familia”, dijo en una entrevista al diario La Nación. Sin embargo, en otro tramo explicó: “Nunca vi trabajo no remunerado en centros de la Obra. Siempre fue remunerado (...) No puedo decir que les quiero pedir perdón porque no tenían sueldo, porque para mí sí lo tenían”. El argumento que dio fue que quizá quienes estaban a cargo de las casas y centros donde trabajaban reunían el dinero “como en una familia” y lo manejaban“.
Nuevas autoridades en la región
Poco después de que ingresó la denuncia en Roma, el Prelado del Opus Dei -máxima autoridad mundial y uno de los denunciados como responsable actual- firmó un decreto por el que anunció un cambio en la estructura sudamericana de la institución, de la que Argentina es históricamente el país con más jerarquía.
El documento, fechado el 29 de septiembre, anunció que para “mejorar el impulso y la coordinación de las labores apostólicas”, se creó la Región del Plata (Platensis) compuesta por Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina, con sede del vicario regional en Buenos Aires y con delegaciones en Uruguay y Paraguay. Además, entre varios cambios en los principales directivos, quien era hasta hoy el vicario regional, Vïctor Urrestarazu, será enviado a Paraguay y en su lugar asumirá Juan Lavallol. Urrestarazu también está entre los denunciados junto a otro argentino, Mariano Fazio Fernández, desde 2019 vicario auxiliar en Roma -segundo en la línea sucesoria del Prelado- y antes vicario regional en Buenos Aires durante una década.
PB