Jujuy vive una nueva escalada de violencia institucional, a casi un mes de las protestas contra la reforma constitucional que promovió el gobernador Gerardo Morales, hoy compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en la carrera presidencial. En las últimas horas volvieron los reclamos callejeros, y las organizaciones sociales y sindicales denunciaron que comenzaron a ejecutarse más de 40 órdenes de allanamiento y detenciones “arbitrarias” en la capital, San Salvador, y la localidad de Humahuaca.
La tensión llegó al punto tal que este miércoles efectivos de la Policía jujeña irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, atentando contra la autonomía de las casas de altos estudios. Tras la ola de repudios a ese accionar, Morales anunció vía Twitter que pidió “sanciones” para los efectivos de seguridad.
La nueva andanada represiva en Jujuy motivó para este viernes una conferencia multisectorial en el Congreso. La cita será a las 12 en el salón Delia Parodi, donde la Multisectorial Solidaridad con el Pueblo Jujeño denunciará la “grave situación” que atraviesa la provincia.
Del acto participarán referentes de los derechos humanos como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Además, habrá funcionarios nacionales como Horacio Pietragalla (Secretario de DDHH de la Nación), legisladores nacionales del Frente de Todos y el Frente de Izquierda, y referentes sindicales de la CGT, las dos CTA y la UTEP.
“Cacería” y “sedición”
“Continúan los allanamientos en Jujuy y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas. La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en sus redes sociales.
Las órdenes judiciales se ejecutaron entre ayer y hoy, y fueron calificadas por las organizaciones sociales como “arbitrarias, desproporcionadas y sin fundamentos”. Aseguraron que Morales realizó una “cacería” a través de las detenciones. La contraofensiva por las protestas durante junio –las más fuertes fueron los días 17, 20 y 30 del mes pasado– la está llevando adelante el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Fernández, con la intervención del fiscal Diego Funes. La Justicia apunta al supuesto delito de “sedición”, además de otros cargos como privación ilegítima de la libertad, resistencia a la autoridad, daño agravado, lesiones leves doblemente agravadas e instigación a cometer delitos.
“Siguiendo las directivas del gobierno provincial, los fiscales están imputando el delito de 'sedición'. Pretenden así que la protesta sea considerada como un alzamiento contra el gobierno. Otra forma de generar miedo para coartar el derecho a manifestarse”, advirtió el CELS. Incluso se difundió un video en el que se ve a la policía deteniendo al docente y dirigente de la Izquierda Iván Blacutt. En San Salvador hay 20 detenidos, mientras que en Humahuaca la cifra asciende a 22.
Según supo elDiarioAR por parte de los denunciantes, en las últimas 48 horas hubo allanamientos simultáneos “como si se tratara de redadas”. Una de las detenciones más repudiables ocurrió en Humahuaca, donde tres personas, antes de comparecer ante el juez, fueron trasladados a San Salvador –a 130 km de distancia– para hacerles un “examen mental”.
Ese traslado demoró desde las 15.45 del miércoles hasta las 06.30 de la mañana del jueves. El argumento policial fue usar rutas alternativas para evitar los cortes de rutas. “Durante esas horas los familiares desconocieron su paradero. El examen mental no se requiere para esta instancia judicial y se podría haber realizado en Humahuaca, por lo que todo indica que el traslado fue una forma de castigo anticipada”, recogió este medio de un informe extraoficial realizado por las organizaciones.
Amenazas contra la universidad pública
La avanzada de Morales contra la protesta social derivó paralelamente en las universidades públicas. Por un lado, ayer la Policía local irrumpió en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Por otro lado, el mandatario acusó por los piquetes en las rutas a trabajadores del Centro Universitario de Tilcara, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
“La ilegalidad de la intromisión en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU)” por parte de efectivos policiales que responden al gobernador radical, y que ingresaron sin autorización a esa casa de altos estudios, constituye “una violación a la autonomía” que tienen esas instituciones educativas, expresó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. También hubo repudios del Consejo Interuniversitario Nacional –que agrupa a rectores de universidades públicas del país–.
Este jueves Morales salió a anunciar vía Twitter que pidió “sanciones” para los efectivos de la Policía jujeña que irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Calificó de “inadmisible y condenable” el operativo de su propia policía que, evaluó, representa un “abuso de poder”.
El compañero de fórmula de Larreta resaltó que “los responsables ya están pagando las consecuencias” y agregó: “Respetando la Ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos”. Junto a ese mensaje, el gobernador compartió una publicación del Comité de la UCR de Jujuy, que horas antes del tuit del mandatario ya había repudiado el accionar policial al considerarlo un “abuso de poder totalmente condenable” que atenta contra “la autonomía universitaria”.
El lunes pasado, durante una entrevista con el canal 7 de la TV jujeña, Morales había dicho que los empleados del Centro Universitario de Tilcara se encargaron de “incentivar el corte de rutas en Tilcara”. Aseguró “tener la identificación” de todos ellos, y advirtió que podría “expropiar” sus instalaciones. En esas tierras que pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucará.
MC con información de agencia Télam