La oposición avanza contra el presidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema que le ordenó al Gobierno aumentar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Con una estrategia doble, abarcando cuestiones penales y políticas, Juntos por el Cambio se abroquela en culpar al mandatario del inédito choque de poderes del Estado de las últimas horas.
Por un lado, la Coalición Cívica, la UCR y parte del macrismo presentaron hoy tres denuncias distintas contra Fernández. Por otro lado, el bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados firmará entre el lunes y martes próximos una iniciativa de juicio político contra el primer mandatario, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias.
La denuncia de Elisa Carrió y dirigentes de su espacio fue múltiple: no solo apuntaron al Presidente, sino también al jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el titular de Economía, Sergio Massa, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. A todos acusa de desconocer y desobedecer el cumplimiento del fallo del máximo tribunal. La presentación también alcanza “a todo otro posible coautor o partícipe que haya tomado parte en la posible comisión de delitos de acción pública conforme los hechos que se relatan seguidamente y los que surjan de la respectiva investigación (arts. 45, 230 -inciso 2º-, 239, 248 y 249 del Código Penal de la Nación)”.
Junto a Carrió, firmaron la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.
Una denuncia similar preparaban legisladores radicales. “Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte”, señaló este viernes en declaraciones radiales la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.
En lo que consideró “el segundo día de desacato”, afirmó que lo que está haciendo el Gobierno nacional es “rebelarse contra la decisión del máximo tribunal”.
La tercera demanda contra el Presidente llegó por parte del legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro. Lo acusan de “sedición”, delito que estipula prisión de uno a seis años. Denunciaron al mandatario dado que consideran que “se alzó de manera pública contra el Poder Judicial argentino, para impedir el cumplimiento de una decisión de dicho poder, al negarse a obedecer una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El juicio político
Pasado el fin de semana de Navidad, el bloque de la UCR en Diputados pedirá el pedido de juicio político a Fernández “por incumplimiento de deberes de funcionario público”, supo este medio. La presentación estará encabezada por Mario Negri, presidente de la bancada radical, uno de los accionistas de JxC.
Anoche, el diputado cordobés apuntó que el Presidente comete el delito previsto en el art. 230 inciso 2 del Código Penal, de “alzamiento” para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales. Prevé una prisión de uno a cuatro años. Además, dijo que Fernández atenta contra el sistema democrático, tal como lo fija la Constitución en el art. 36., lo que sería pasible de juicio político.
El proyecto de juicio político ingresará el lunes por la tarde o martes a primera hora, cuando la Cámara baja está cerrando su año legislativo: el periodo de sesiones ordinarias se extendió hasta el 30 de diciembre, aunque no se prevé que haya sesiones hasta el 2023. Las relaciones parlamentarias entre JxC y el oficialismo están rotas desde hace un mes, cuando la titular de Diputados, Cecilia Moreau, bloqueó la designación de los legisladores como consejeros de la Magistratura.
Pese a su presentación, JxC tiene la dificultad de conseguir los dos tercios de la Cámara baja: de 257 totales, solo cuenta con 116 diputados propios. En un proceso de dicha magnitud, Diputados es quien ejerce la acusación ante el Senado, que con la misma mayoría especial debe juzgar. En la previa, el pedido de juicio político tiene que tener dictamen de la Comisión de Juicio Político, hoy presidida por la kirchnerista Carolina Gaillard.
MC