La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó “graves irregularidades” en distintos procedimientos licitatorios promovidos y concretados durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri tendientes a la contratación de energía eléctrica originada de fuentes renovables, informó en las últimas horas el organismo en un comunicado.
Entre las observaciones hechas por la AGN se destacaron la adjudicación de distintas prestaciones a empresas que no habían participado de procedimientos licitatorios, como también el pago de “precios superiores a los establecidos”, lo que derivó en “situaciones inequitativas”, indicó el dictamen.
Las irregularidades, expresó la AGN, surgieron de una auditoría en el ámbito de la Secretaría de Energía, vinculada con el “Programa Renovar” de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de generación, establecido sobre la base de la concesión de beneficios fiscales, prioridad de pago, financiamiento y garantías a través del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) como herramientas de fomento.
El período auditado abarcó desde el 18 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2021, pero las irregularidades detectadas corresponden al período macrista.
Según la AGN, la auditoría tuvo el objetivo de verificar la gestión, seguimiento y control de la Secretaría de Energía, respecto de la planificación y el diseño del programa Renovar, puntualmente en su relación con los objetivos planteados en la “Ley de fomento de las energías renovables” y las necesidades de diversificación y federalización de la matriz energética nacional.
El informe, que consta de 126 páginas, fue aprobado durante una sesión del Colegio de Auditores Generales de la AGN, en la cual participó, entre otros, el auditor general Miguel Ángel Pichetto, dirigente de la otrora coalición gobernante Cambiemos (2015-2019), ahora Juntos por el Cambio (JxC).
Entre los principales hallazgos de la auditoría se mencionó la Resolución 202. emitida en 2016 por el entonces Ministerio de Energía y Minería, que “permitió la aplicación de los beneficios del Renovar a empresas adjudicatarias de programas previos sin participar del procedimiento licitatorio”, lo que ocasionó que “se generaron situaciones inequitativas” con otros participantes del programa.
En ese sentido, el documento de la AGN mostró que las empresas autorizadas a suscribir contratos con motivo de la resolución mencionada “obtuvieron precios superiores a los establecidos para las empresas adjudicatarias” con anterioridad.
Asimismo, se “autorizó la celebración de contratos” con “precios superiores a los calculados de manera teórica por la Auditoría”.
“El esquema de distribución de riesgos del Programa se inclinó de manera favorable hacia las empresas en desmedro del Estado. El Estado Nacional, incluso, se constituyó en garante de obligaciones de terceros, comprometiendo de manera contingente sus propios recursos mediante la asunción de compromisos con organismos internacionales”, aseveró la auditoría.
Además, el informe “detectó la aplicación de un tipo de cambio erróneo en el cálculo de los beneficios fiscales”, tanto “al momento de su adjudicación, cuanto al de su otorgamiento, lo cual implicó un reconocimiento en exceso 4,6 millones de dólares”.
Por su parte, el documento destacó una “falta de conocimiento” de la autoridad de aplicación “u omisión de informar” a la AGN “respecto de operaciones de cesión y/o transferencias accionarias de algunas de las empresas autorizadas a firmar contratos” con motivo de la resolución del entonces Ministerio de Energía.
La AGN constató, en tanto, “situaciones de enajenación accionaria no conocidas o no informadas” por el Ministerio a la Auditoría.
Como consecuencias de algunas de estas irregularidades, “el 37% de la potencia adjudicada” por el programa Renovar “no logró instalarse, reduciendo el beneficio esperado y desacelerando la expansión de la generación renovable”.
El documento de la AGN resaltó que Renovar “no logró instalar los proyectos que comprometían contractualmente energía a valores más competitivos, impactando negativamente en el precio promedio de la energía renovable”.
En 2018 la Justicia inició una investigación para determinar si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de parques eólicos.
Según los diputados nacionales kirchneristas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, se trató de una maniobra sin licitación que habría dejado más de 40 millones de dólares de ganancia.
La denuncia de los diputados se basaba en dos artículos publicados por el diario Perfil bajo los títulos “Sin licitación, empresas del Grupo Macri compraron y vendieron 6 parques eólicos” y “Con los parques eólicos las empresas del Grupo Macri ganaron al menos 48 millones de dólares”. Allí, se revelaba que “después de varias triangulaciones, los parques eólicos y solares terminaron en poder de la compañía china Goldwind, fabricante de molinos de viento, y de Genneia, manejada por Darío Lizzano, empresario vinculado al macrismo y adquisidor de negocios de Nicolás Caputo. El pase de manos se hizo en tan solo un año y le originó a la familia Macri y a Tévez una ganancia de 70 millones de dólares, de los cuales el actual DT de Independiente se quedó con 17 millones y Guillermo Barros Schelotto con unos 700 mil dólares. Ambos giraron sus dividendos a bancos de Estados Unidos”.
El 16 de marzo de 2021 Mariano Macri, hermano del expresidente, declaró como testigo en la causa en la que se investiga un supuesto negociado con la compraventa de parques eólicos.
Sin embargo, en esa instancia desconoció todo lo que había dicho con motivo de la publicación del libro “Hermano”, escrito por el periodista Santiago O´Donnell.
Ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, el hermano del expresidente aseguró que no contaba con elementos para aportar en relación a sus hermanos, las empresas familiares y los parques eólicos porque desde 2013 que no recibe información al respecto.