Once días después de las palabras de Alberto Fernández en el Congreso, discurso en que anunció una querella criminal contra la gestión Cambiemos por el acuerdo con el FMI, la Oficina Anticorrupción (OA) radicó este viernes ante la Justicia una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete por “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
El escrito, de más de 30 páginas, se presentó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 ya que allí cursa actualmente una causa penal con el mismo objeto, en la que se vienen acumulando varias denuncias presentadas desde 2019 por el acuerdo con el Fondo.
La OA, a cargo del exfiscal Felix Croux, avanzó con la denuncia sobre la bases de los informes elaborados por el Banco Central (BCRA) y una auditoria de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre “los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018”, según el escrito al que accedió elDiarioAR.
Los supuestos delitos denunciados son “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”. Según la OA, el préstamo con el FMI fue “destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados”.
El escrito denuncia que el gobierno de Cambiemos ejecutó “un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional” que, agrega, “en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado”.
La denuncia dela OA se basa en informes técnicos y jurídicos del BCRA y de la SIGEN, pero aporta además elementos de carácter político como el rol y las declaraciones de funcionarios de los Estados Unidos para sostener el planteo de que el préstamo del FMI, el más grande en la historia del organismo, habría tenido un objetivo político. “La razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri”, indica la querella.
La denuncia apunta a Macri; a Nicolás Dujovne en su rol de Ministro de Hacienda; a Luis Andrés Caputo, en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y se extiende a Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como presidentes del BCRA, quienes, dice el escrito, “tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos”.
“Los imputados violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI, eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto, omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma, soslayando la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación y evitando la opinión previa del Banco Central de la República Argentina respecto del impacto de la operación en la balanza de pagos”, apunta el texto.
La OA pide, en la misma línea, direccionar la investigación en un sentido: determinar qué personas y empresas se beneficiaron con las operaciones con dólares, que considera una “maniobra ilícita” pero además pide “determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados”. El mismo planteo viene realizando el fiscal del caso, Franco Picardi, quien había solicitado a fines de diciembre último una auditoría de organismos oficiales, según el dictamen.
En este aspecto, la denuncia se refiere a un “universo hiperconcentrado” que “accedió a la divisa norteamericana en el pequeño mercado cambiario local”.
En la causa, la jueza Capuchetti y el fiscal Picardi buscan establecer si el acuerdo con el FMI implicó conductas delictivas de los funcionarios responsables o si se trató de una mala política económica, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente.
PI