La jueza Marta Cirulli tiene un rol central en el futuro de Correo Argentino SA, ya que es quien deberá decidir si la compañía de los Macri quiebra. En los próximos días tendrá además una tarea central en ese camino, cuando reciba el informe de los síndicos que controlan el desarrollo del salvataje de Correo. La magistrada debe decidir en el corto plazo sobre dos cuestiones, según un pedido de los representantes de Correo en el expediente de acceso público:
- si declara al Estado Nacional como “acreedor hostil” para que Correo pueda prescindir del apoyo del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para salvar a la compañía de la quiebra;
- y si, aún corriendo del escenario al Estado Nación, esos apoyos cumplen la Ley de Concursos y Quiebras.
Este lunes, vence el plazo para que los síndicos del concurso preventivo de Correo comuniquen a Cirulli si los apoyos presentados por Correo para salvarse de la quiebra cumplen con las cantidades requeridas por la ley de Concursos y Quiebras (necesita que una mayoría determinada de acreedores acepte su oferta para el pago de sus deudas para concretar el salvataje).
El expresidente Mauricio Macri le apuntó a Cirulli el viernes 9 de abril en su cuenta personal de Twitter: dijo que espera que la jueza rechace el pedido del Estado Nacional y evite la quiebra de Correo, solicitada dos días antes por Zannini, representante del Estado en el expediente. El Estado Nacional tiene poco más del 30% de la deuda de la compañía de los Macri.
Para cumplir con el pedido del exmandatario, la magistrada debería homologar los apoyos de los acreedores que prestaron su conformidad para salvar a Correo, entre ellos, el del Meinl Bank, un banco quebrado y acusado de lavado de dinero y corrupción.
La jueza Cirulli solicitó a los síndicos que se expidan únicamente sobre los números y cantidades de apoyos presentados por Correo, pero no les ordenó que analicen si esos apoyos cumplen con los requisitos de la ley, según consta en escrito que firmó la magistrada el 9 de abril último y que es de público acceso.
Será ella, entonces, quien tenga la última palabra para determinar si los acreedores que están pujando para salvar a Correo representan apoyos reales y legales (tendrá que evaluarlo, por ejemplo, en el caso del Meinl Bank) y evaluar si no encuadran en posibles conflictos de intereses o fraude (como en el caso de los acreedores que cedieron sus deudas a abogados que fueron directivos de Correo o miembros de estudios jurídicos que trabajan para Correo y que denunció en un dictamen la fiscal Gabriela Boquin).
Próximos pasos
Si la jueza determina que los apoyos presentados por Correo a principios de abril para salvarse son insuficientes, debe decretar la quiebra de la compañía, según establece la ley. Correo podrá acudir entonces a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Comercial para pedir que se revierta la decisión de la jueza.
Allí comenzaría otra etapa central en el futuro de los Macri: si la causa ingresa a la Cámara Comercial, las camaristas deben dar intervención a la fiscal Boquin.
Socma, principal accionista de Correo, ya se adelantó y acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por jueces que llegaron gracias al apoyo de la Legislatura porteña y del jefe de Gobierno porteño y aliado de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, para solicitar que aparten a la fiscal del caso por supuesta “parcialidad”.
Boquin viene denunciando el supuesto vaciamiento de Correo y el presunto fraude a los acreedores. La compañía y su accionista, Socma, niega esas acusaciones.
Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal.
En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. El pre-acuerdo se cayó tras la posición de la fiscal. Correo hace un cálculo muy diferente y dice que la quita no superaba el 54% de la deuda.
ED