Horacio Rodríguez Larreta ordenó una ronda de consultas exprés. Fue pasadas las siete de la tarde, cuando el alcalde se enteró del fallo federal que ordenaba suspender la presencia en las aulas. ¿Con quién se asesoró? Su equipo jurídico: el procurador Gabriel Astarloa; el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro; y su vice, Jorge Djivaris. También lo pingponeó con Diego Santilli y su primer anillo político, más un sondeo extra con dos constitucionalistas amigos de la casa amarilla y un operador judicial. En el fondo, Rodríguez Larreta quería validar la opinión que ya había tomado: desacatar el fallo, pero sin plantearlo de esa forma.
“Vamos a hacer lo imposible por mantener la presencialidad”, había prometido el alcalde en sus dos conferencias de prensa previas, la del viernes y el domingo pasado. Esa bandera le servía para levantar el perfil, para conectar y hasta exceder el aval de su núcleo de votantes, y para restar ruido interno en la convivencia con la tribu más combativa de su espacio. “Esto nos pone a todos en el mismo lugar”, concedió Patricia Bullrich pasadas las 10 de la noche en el canal IP.
Para incomodidad del alcalde porteño, la presidenta del PRO había promovido una suerte de desobediencia civil de las restricciones impulsadas por el gobierno nacional. La decisión del gobierno de la Ciudad fue celebrada especialmente por Bullrich. Diluyó matices y diferencias entre ambos dirigentes del PRO.
Respecto a la negociación por la quita de la coparticipación, la Ciudad volvió a mostrar los dientes. Desde que Alberto Fernández decretó el recorte, después refrendado por ley, el larretismo se resistió a realizar una reducción de daños negociada con La Rosada. Este miércoles finalmente la Corte Suprema empezó a mediar. Pero no hubo avances en la cita, hecha en los Tribunales bajo el paraguas de los supremos. Con ánimo voluntarista, la Corte dispuso que ambos bandos se vuelvan a reunir el 12 de mayo próximo.
En sus charlas de urgencia con su team jurídico por la pulseada sobre las clases, Astarloa fue concluyente. Le confirmó que existían argumentos técnicos para desacatar al juez en lo Contencioso Administrativo Federal Emilio Furnari. “Ni siquiera pidió el expediente a la justicia porteña”, lo cebó el procurador. Un par de horas después, Astarloa levantó el perfil mediático y le dijo a TN: “El fallo se pronuncia en exceso de las jurisdicciones. No se respetan las normas procesales. Implica un abuso de autoridad y no es un acto jurisdiccional válido”.
Fue la misma línea conceptual que desplegó el comunicado del gobierno porteño, en el que ni siquiera se mencionó a Furnari.
Astarloa es un abogado de perfil corporativo que se ganó la confianza del alcalde. Fue gerente de Legales del Banco Citi y socio en dos estudios influyentes durante más de dos décadas: los bufetes Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y el de Allende & Brea. Hasta que en 2012 probó suerte en el gobierno porteño, ascendiendo a jefe de los fiscales en 2016.
Astarloa, D’Alessandro y Djivaris coincidieron en la premisa de desoír al juez. Y le dieron letra a Rodríguez Larreta. Pero el alcalde se puso al frente de una maniobra que fue política, audaz y atípica para un dirigente que hizo un culto de su apego a las normas. Su papel de precandidato a la presidencia anticipado también influyó. Un poco a desgano a partir de la quita de la coparticipación por parte de La Rosada, concretada el año pasado, Rodríguez Larreta se subió al ring nacional. Ahora, revalidó ese estatus, a partir de una decisión que no lleva del todo su sello de agua. Sus asesores conocen perfectamente el riesgo de asumir un perfil presidenciable, a más de dos años para la elección: desgastarse innecesariamente. Pese a tal peligro latente, el alcalde quiso apostar.
AF