El larretismo cuenta con una agrupación que hace base en las villas y los barrios pobres de la Capital. Se llama La Popular. Si bien todavía no exhibe locales partidarios, el partido ya debutó en el espacio público: se sumó a las actos feministas del 8 de marzo y a las conmemoraciones del Día de la memoria, el 24 de marzo pasado. Sus impulsores son los funcionarios que tienen presencia territorial y trato cotidiano con los referentes y punteros de las zonas más pobres de la ciudad. En concreto, lo empuja la tribu que balancea ideológicamente el discurso “antipopulista” que impera en el PRO, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza.
La ideóloga de La Popular es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat María Migliore. Ella es la embajadora de Horacio Rodríguez Larreta en el mundo de las organizaciones sociales: la ministra de 35 años habla permanentemente con el dirigente Juan Grabois y con el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, con quienes acumula más puntos de acuerdo que disidencias.
Tras estudiar en una escuela de monjas irlandesas, ubicada en Bella Vista, partido bonaerense de San Miguel, se recibió de licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Migliore militó en el peronismo e hizo trabajo social junto a los curas villeros de la Capital y la Provincia. Integró la Fundación Contemporánea, vinculada al PJ, donde compartió espacio con el exdirector de la ANSES Diego Bossio. Pero su salto a la primera línea de la política llegó de la mano de su mentor y apuesta para las presidenciales de 2023: Rodríguez Larreta.
“Migliore me hace acordar a Carolina Stanley. Es el rostro humano del PRO. No resulta funcional porque podemos acordar. Entiende que tiene que negociar con nosotros. Ella no es Patricia Bullrich. Pero es la cara de la contención del ajuste”, la describe uno de los jefes de los movimientos sociales que apoyan a Alberto Fernández.
El armado de La Popular incluyó al asesor larretista Juan Maquieyra, quien hasta hace un mes presidió el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). También, al sucesor de Maquieyra en el IVC, Gabriel Mraida, quien profesa el evangelismo y es hijo de un pastor muy popular entre los cristianos.
El 24 de marzo pasado, mientras Rodríguez Larreta recordaba por Twitter cuando su papá fue secuestrado por la dictadura, relato que le valió una felicitación de parte de Cristina Kirchner, los militantes de La Popular también condenaban el golpe de Estado y sus consecuencias. Lo hicieron en el barrio Juan XXIII, ubicado detrás de la 1.11.14. La pata social del larretismo llevó su bandera y organizó un acto temático, en el que hicieron foco en una política específica de la dictadura militar: la erradicación de villas.
Uno de los oradores fue Víctor Sahonero, quien llegó a la villa en 1978. Tenía 17 años y los militares le tiraron abajo la casa de chapa que compartía con un amigo en la Villa 31. Lo subieron a un camión y lo arrojaron en un descampado de Villa 20. Ahí conoció a su mujer, tuvo cuatro hijos (uno de los cuales fue legislador porteño del PRO), recolectó maderas para hacer muebles, cirujeó pedazos de otros para rearmar y tuvo una pizzería. En 1999 fue electo presidente de la Cooperativa de Vivienda 25 de marzo: esa fue la herramienta de los Sahonero para acumular poder territorial. Tras su paso como legislador, Maxi Sahonero ahora es jefe de Gabinete de la Corporación Sur, una sociedad del Estado porteño.
Con la creación de La Popular, el gobierno porteño busca capitalizar la gestión realizada en villas y asentamientos. Por ejemplo, la urbanización del barrio Rodrigo Bueno, en la Costanera sur. El objetivo del oficialismo es que esa zona ubicada al lado de la reserva ecológica se transforme en un polo turístico, parecido a Caminito. Días atrás, una huerta comunitaria de Rodrigo Bueno firmó un acuerdo con el Hotel Hilton de Puerto Madero. El hotel se comprometió a comprar plantas a la Vivera Orgánica del barrio, un proyecto cooperativo que llevan adelante 15 mujeres.
En la misma línea, el gobierno porteño sancionó la ley de Promoción a la Economía Social y Popular. Fue aprobada en diciembre de 2020. Su meta es facilitar el acceso a créditos para la compra de tecnología y beneficios impositivos que sirvan para la formalización de los habitantes de villas y asentamientos. Ahí existe un punto de debate con los dirigentes más activos de la economía popular, como Grabois y Emilio Pérsico. Ellos sostienen que los trabajadores informales y autogestionados conforman un fenómeno estructural. Es decir, que resultará imposible su incorporación al circuito en blanco de la economía. Migliore disiente, pero a la vez reconoce los límites y el alcance de las políticas para incentivar la formalización: sin una macro en alza, los créditos y subsidios se vuelven inocuos.
¿La Popular tendrá protagonismo electoral en las legislativas? No está en los planes del gobierno. Sus promotores apuntan a un armado más estructural y a largo plazo, que incluso le compita al peronismo en su poder de seducción. De fondo, el larretismo quiere salir de la endogamia macrista. Mientras Patricia Bullrich se consolida como la voz combativa del núcleo duro amarillo, el alcalde porteño trata de seducir a los votantes que miran con desconfianza ideológica al PRO. Incluso, a los de sectores progresistas.
Durante su speech en la apertura de las sesiones ordinarias, Larreta destacó el trabajo conjunto y el “diálogo fluido” con las organizaciones sociales en villas y barrios populares. Una jactancia que podría resultar impensada en otros dirigentes de JxC. “Un desafío fue contener el virus en los barrios más populares, donde por condiciones socio habitacionales sabíamos que iba a ser difícil que las familias pudiesen realizar el aislamiento. Junto a las organizaciones sociales abrimos centros, hicimos campañas de limpieza y desinfección, y reforzamos la asistencia social”, aseguró el aspirante a la presidencia en 2023.
AF