El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, defendió su intervención ante la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco que analizó el pedido de Facundo Jones Huala, que cumple una condena a 9 años de prisión, de acceder a la libertad condicional. Se dio “en un marco de absoluta legalidad” y bajo los términos de los convenios internacionales que “garantizan a cualquier persona la asistencia consular cuando se encuentran fuera de su país, esté o no esa persona privada de su libertad”, dijo Bielsa a elDiarioAr.
La participación del embajador y las críticas que vertió al proceso de extradición de Jones Huala -realizada durante la gestión presidencial de Mauricio Macri- fue blanco de cuestionamientos de dirigentes de la oposición, tras una publicación realizada por el diario El Mercurio de Chile.
Las críticas apuntaron a una supuesta defensa política y judicial del líder mapuche, lonko (jefe) de la Comunidad en Resistencia Cushamen. Sin embargo, Bielsa explicó que ese tipo de representación de argentinos en Chile “es una actividad rutinaria” que “hacemos todo el tiempo”, y que apunta a “garantizar la asistencia consular”.
“Me pareció que tratándose de este caso era elemental no cargar la responsabilidad a la cónsul de Concepción, y me hice cargo de presenciar la audiencia. Simplemente asumí una tarea que me pareció me correspondía asumir a mí. Es absolutamente legal y rutinario. He participado en otros eventos respecto a otros detenidos”, amplió el embajador.
“Mis connacionales no esperan que un embajador los abandone, más allá cuál sea su situación”, dijo.
Durante la audiencia, según pudo reconstruir este diario, Bielsa respondió a los dichos del abogado del Ministerio del Interior de Chile, Hernán Valdebenito -integrante del Partido Comunista convocado al Gobierno por Michelle Bachelet y que siguió en su cargo durante la gestión de Sebastián Piñera-, quien “realizó calificaciones discriminatorias respecto de la persona de Facundo”, según evaluó Karina Riquelme, abogada del joven mapuche en Chile.
“Prácticamente el funcionario del Ministerio chileno pretendía que Jones Huala abdicara de su identidad cultural”, explicó.
Para la Cancillería, las expresiones del funcionario chileno “no fueron respetuosas de los derechos que cualquier argentino tiene, más allá que esté privado de la libertad”.
Tan extremo fue el planteo de Valdebenito que la propia Presidenta de la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco, Gerogina Gutiérrez Aravena, consultó a Bielsa si quería hacer uso de la palabra. El embajador entonces planteó que “no pueden ser aceptados ni naturalizados” por el Estado argentino los ataques a los derechos de un connacional.
Y agregó, en relación a la forma en que Jones Huala fue llevado a Chile: “Que un proceso de extradición esté consumado no significa que sea legal”.
Puertas adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, se evaluó que “lejos estuvo Bielsa de abogar o pedir por la libertad de nadie” ya que no corresponde a la Cancillería una injerencia de ese tipo, y se calificó como “sesgado y mal intencionado” el intento de adjudicarle ese objetivo al embajador.
Jones Huala fue extraditado desde la Argentina en septiembre del 2018 y antes de que finalice ese año fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia a nueve años de prisión por su participación en el incendio de una vivienda en el fundo Pisu Pisué, hecho ocurrido en enero de 2013.
Desde diciembre de 2019 “cumple con los requisitos para acceder a los beneficios que establece la Ley de Régimen Carcelario de Chile”, entre ellos la prisión domiciliaria, detalló a elDiarioAr la abogada Karina Riquelme.
La reciente negativa de la Comisión de Libertades Condicionales a permitirle acceder a ese beneficio es la tercera decisión de este tipo en los últimos meses.
Para Riquelme, “los argumentos de esta resolución son endebles, superficiales, no logran justificar jurídicamente” la continuidad de la prisión efectiva “de una manera adecuada y acorde a los tratados internacionales aprobados por Chile”.
Dijo que no se tuvo en cuenta “su condición de autoridad de un pueblo originario”, y que “tampoco se evaluaron correctamente los informes elaborados por Gendarmería de Chile que establecen un bajo riesgo de reincidencia”.
“Es una resolución que tiene que ver con presiones extrajurídicas, que se notaron en la misma audiencia cuando alegó en contra de Jones Huala un representante directo del Poder Ejecutivo”, indicó en relación a Valdebenito.
Riquleme anticipó que presentará un recurso de amparo para que la Justicia se expida, ya que la decisión de negar al longko mapuche la prisión domiciliaria tiene carácter administrativo.
SR/WC