Los juicios orales y públicos por los casos conocidos como “dólar futuro” y “memorándum con Irán”, que tienen como imputada a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, estarán en condiciones de iniciarse este año, confirmaron a elDiarioAR fuentes de los tribunales que llevan adelante los procesos. Además, la expresidenta seguir el trámite del juicio conocido como Vialidad, al que le espera al menos un año más de testigos. Otras dos causas de alto impacto en los medios, Hotesur-Los Sauces (unificados en un expediente) y los cuadernos del chofer Oscar Centeno, siguen su curso rumbo al proceso oral.
Los dos casos que están en condiciones de iniciarse en 2021 son, a su vez, los más débiles en su contra, según admitieron fuentes judiciales que trabajan actualmente en ambos expedientes. En el caso conocido como “dólar futuro”, “la hipótesis delictiva será muy difícil de probar, es especial, contra quien ejercía la Presidencia”, dijo una fuente con acceso directo al caso. El juicio por el memorándum con Irán deberá tener su prejuicio al retorno de la feria de enero. Los acusadores también creen que la hipótesis delictiva será difícil de probar en un juicio, confiaron fuentes del tribunal, pero aún así, a diferencia de las defensas de la expresidenta y otros imputados, consideran que el trámite oral debe llevarse a cabo.
Mientras tanto, el 8 de febrero, el Tribunal Oral Federal número 2 tiene agendado retomar las audiencias del juicio por Vialidad o supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, pero el veredicto está muy lejos: se espera otro año de audiencias sólo para testigos, dijo una fuente judicial. Además del objetivo de probar la acusación, el principal dilema de este juicio es hasta dónde el tribunal determinará que llega la responsabilidad penal por los hechos, confió una fuente judicial del caso.
Hotesur y Los Sauces, unificados en un proceso, es otro frente central para Fernández de Kirchner y sus hijos, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo, y la menor, Florencia, pero su inicio también continúa a la espera de nuevos peritajes solicitados por las defensas. “La prueba es sólida y los hechos no están controvertidos porque los acusados no niegan la existencia de los alquileres. El problema son las causas con sobreseimientos anticipados que se dieron en la Justicia federal a los Kirchner y otros acusados en casos relacionados”, como las tres causas por presunto enriquecimiento ilícito que se cerraron durante el Gobierno del expresidente y la primera gestión de Cristina. En tanto, la causa central del caso cuadernos por supuestos cohechos también fue elevada a juicio, pero está en etapa embrionaria, informaron fuentes de los tribunales.
Varios de estos casos tienen planteos pendientes ante la Corte Suprema que, de tratarse y avanzar a favor de la vicepresidenta, podrían implicar la suspensión o nulidad de algunos de los juicios.
Los cinco casos que ya están en los tribunales orales provienen de sólo dos juzgados de primera instancia: el que encabezaba el fallecido juez Claudio Bonadio y el de Julián Ercolini. Cuatro fueron instruidos de manera total o parcial por Bonadio (en Hotesur fue apartado por la Cámara Federal porteña). Sólo el expediente de Vialidad proviene íntegramente del juzgado de Julián Ercolini. La causa fue investigada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Hotesur y Los Sauces pasaron por ambos juzgados en distintas etapas.
A excepción del caso que está en pleno debate oral desde mayo de 2019, casi todos los juicios que le esperan a la vicepresidenta están en etapa de “instrucción complementaria”, según las consultas a fuentes directas de cada uno de los expedientes. Cuando los magistrados de primera instancia finalizan la instrucción de las causas y elevan los expedientes a juicio oral y público, las fiscalías que intervienen ante los tribunales orales federales y las defensas pueden seguir produciendo pruebas y cuestionando la existente. Los fiscales de juicio lo hacen en pos de sostener la acusación durante el debate oral, en tanto que las defensas tienen la oportunidad de solicitar medidas que no les fueron concedidas o que no solicitaron durante la primera instancia de la investigación.
La situación judicial de la vicepresidenta incide directamente en la relación del Gobierno de Alberto Fernández con la Justicia y ha llevado al Presidente a criticar abiertamente a jueces e incluso a la Corte Suprema. Ha motivado, también, los proyectos de reforma del sistema judicial. El regreso de Fernández de Kirchner al poder, además, pone a prueba a jueces y fiscales y a su voluntad para llevar adelante juicios contra el poder de turno, o de demostrar que era real la solidez de procesos sustanciados cuando los funcionarios del actual Ejecutivo eran parte de la oposición y no se trató de expedientes fundados en motivaciones políticas. Además de la vicepresidenta, en los juicios que están en condiciones de comenzar están acusados funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández, como el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el número dos del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena (memorándum); el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (dólar futuro).
ElDiarioAR consultó durante la última semana a fuentes judiciales con acceso directo a los casos elevados a juicio y constató documentos de los expedientes, tanto de la etapa de la primer etapa de instrucción como de la instrucción complementaria. Este medio intentó durante varios días conocer la visión de la vicepresidenta sobre las distintas pruebas presentadas en los juicios, de manera directa y a través de voceros de la vicepresidenta con la defensa, que integran en los distintos juicios Carlos Beraldi —quien también representa a Máximo y Florencia Kirchner— y Roberto Boico, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición. La vicepresidenta siempre negó los cargos y acusó una “persecución política” de la Justicia en supuesta alianza con Cambiemos.
Vialidad en Santa Cruz
Desde mayo de 2019, la vicepresidenta es juzgada junto al exministro de Planificación, Julio De Vido; el empresario de la construcción Lázaro Baez; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros nueve imputados. Todos han negado en reiteradas oportunidades haber integrado una supuesta asociación ilícita para favorecer a las empresas de Báez con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz y defraudar al Estado. Según la acusación, las empresas de Báez fueron montadas con el presunto objetivo de obtener fondos estatales.
Además de si se dará por probada la acusación, el principal dilema de este juicio es hasta dónde el tribunal determinará que llega la responsabilidad penal por los hechos, confió una fuente judicial del caso. Esa escalera de responsabilidades tiene nombres y apellidos, y va desde exfuncionarios del Gobierno de Santa Cruz hasta la entonces presidenta de la Nación, a quien se le atribuye la decisión política de sostener esos beneficios a su exsocio en los negocios hoteleros. Este es un punto clave, que puede inclinar a la balanza a favor de la vice, en el escenario en que el tribunal estime que las pruebas no son suficientes para atribuirle una responsabilidad penal, según una fuente del caso. “Hasta el momento, la hipótesis se va corroborando, pero las defensas, en algunos casos, actúan con estrategias coordinadas y siempre terminan despegando a Fernández de Kirchner”, agregó la fuente.
La hipótesis de la fiscalía de Diego Luciani en este juicio se basa netamente en prueba documental, dijo una voz judicial del caso: el análisis de los expedientes de las licitaciones; las condiciones de competencia y adjudicación y de los pagos y plazos supuestamente privilegiados a Báez (con respecto a otras constructoras); informes de la Dirección de Vialidad Nacional (del Gobierno de Mauricio Macri); un peritaje parcial sobre las obras viales cuestionadas; los documentos que demostrarían la falta de control a las constructoras de Báez; los presupuestos asignados a esas obras; y la documentación sobre la conformación de las empresas beneficiadas.
Cuando el juicio comenzó, se estimaba que el debate duraría unos 18 meses, pero ese lapso se cumplió y en el tribunal esperan que la ronda de testigos se extienda durante todo 2021. De los 180 testigos que estaban programados al inicio del juicio, aún restan más de la mitad, aunque no se descarta que las partes lleguen a un acuerdo para desestimar a algunos de ellos.
Se espera escuchar a funcionarios de Vialidad (algunos incluso siguen en funciones en el Gobierno actual) y a los peritos, que serán clave, ya que son quienes deberán confirmar si las obras tuvieron supuestos sobreprecios y si no fueron concluidas o finalizadas en tiempo y forma.
La defensa de Fernández de Kirchner presentó 9 recursos de queja ante la Corte Suprema que podrían lograr la suspensión o nulidad del juicio, si el máximo tribunal falla a su favor. Incluyen desde planteos por “cosa juzgada” y la competencia de la Justicia de Santa Cruz hasta el pedido de que la pericia se amplíe a los 51 obras (se limitó a sólo 5). El máximo tribunal no tiene plazo para fallar.
Hotesur y Los Sauces
La vicepresidenta debe ser juzgada por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces). El dinero cuestionado proviene de los alquileres que pagaron los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas de la entonces familia presidencial. Los casos fueron unificados en un solo juicio, sin fecha de inicio, en el Tribunal Oral Federal número 5.
La defensa de Fernández de Kirchner pidió un nuevo peritaje en Hotesur, que recién ha comenzado, informó una fuente judicial del caso. Por Los Sauces, solicitó otro peritaje que está a punto de ser finalizado. Ambas medidas “están orientadas a demostrar que Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales y a justificar que los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no están relacionados con las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, explicó una fuente directa del expediente.
Las pruebas de este juicio están atadas al destino del juicio por Vialidad (que debe determinar si existió corrupción en la adjudicación de obras a Báez) y del juicio contra Báez por presunto lavado de dinero de la obra pública (bautizado como “la ruta del dinero K”), cuyo veredicto se espera para el 10 de febrero.
La prueba es sólida y los hechos no están controvertidos porque los acusados no niegan la existencia de los alquileres.
“La prueba es sólida y los hechos no están controvertidos porque los acusados no niegan la existencia de los alquileres. El problema a la hora de sostener la hipótesis delictiva son las causas con sobreseimientos anticipados que se dieron en la Justicia federal a los Kirchner y otros acusados en casos relacionados”, como las tres causas por presunto enriquecimiento ilícito que se cerraron durante el gobierno de Néstor Kirchner y la primera gestión de Fernández de Kirchner. “En algunos de esos expedientes, se dieron por justificados parte de los alquileres ahora cuestionados y la defensa de los Kirchner ahora plantea cosa juzgada” ante el tribunal y ante la Corte, explicó una fuente del caso.
El caso arrastra el mayor peso personal para Fernández de Kirchner: sus hijos Máximo y Florencia también serán enjuiciados por integrar las sociedades comerciales investigadas. A diferencia de Máximo, la menor no tiene fueros, pero el caso en su contra es el más débil, según confió una fuente judicial que se encuentra trabajando en el caso.
Según la acusación, el actual diputado y jefe de bancada oficialista en la cámara baja, Máximo Kirchner, sí tuvo un rol activo en los negocios familiares, en especial tras la muerte de Néstor Kirchner a finales de 2010. Por ejemplo, era apoderado de una cuenta bancaria de Hotesur y según actas de la compañía tomaba decisiones con respecto al rumbo de la empresa, según el expediente.
La instrucción complementaria del caso también se centra en demostrar irregularidades en la forma en la que los Kirchner se capitalizaron para adquirir los hoteles. La fiscalía de juicio, a cargo de Diego Velazco, tiene en la mira un mutuo hipotecario con Báez; un préstamo del Banco de Santa Cruz (manejado por la familia Eskenazi, que ingresó a YPF justamente en 2008 gracias a la bendición oficialista); y la compra-venta de un terreno de dos hectáreas adquirido por Kirchner a la Municipalidad de El Calafate en unos $150.000 y luego revendido en alrededor de US$2,4 millones al grupo Cencosud (beneficiado más tarde con la demorada aprobación de la fusión de Disco y Jumbo). ElDiarioAR se comunicó con voceros de Cencosud para conocer su versión de los hechos, pero la empresa se negó a hacer declaraciones.
Dólar futuro
La investigación se centró en la venta de dólar futuro en 2015. El fallecido juez Bonadio sostuvo que la operatoria consistió en una supuesta administración abusiva o infiel que derivó en una defraudación a la administración pública. Tras la primera vuelta electoral, el Banco Central había vendido dólares a un precio tendiente a bajar las expectativas de devaluación, según planteó el kirchnerismo. Una vez que Mauricio Macri ganó el ballottage y asumió la Presidencia, una de sus primeras medidas fue liberar el peso en torno a 30%, por lo que, llegada la ocasión, la administración pública pagó la diferencia entre el valor del dólar futuro y la cotización real.
El fiscal de juicio Diego Velazco considera desde hace meses que el debate oral y público ya está en condiciones de comenzar, según consta en el expediente, pero los planteos de las distintas defensas vienen retrasando su inicio.
Durante la instrucción complementaria, la fiscalía de juicio se dedicó a comparar la medida tomada en 2015 con otros contratos de dólar futuro realizados por el gobierno de Fernández de Kirchner. También investigó si las autoridades barajaron entonces medidas alternativas para contener el valor del dólar y no perjudicar eventualmente las arcas públicas. “En otros casos, se combinaron con otras medidas, pero en este, sólo se optó por los contratos de dólar futuro, justo antes de dejar el poder”, explicó una fuente con acceso directo a las últimas pruebas analizadas.
La hipótesis delictiva será muy difícil de probar, es especial, para quien ejercía la Presidencia.
“Es una causa difícil, desde el punto de vista de la acusación. La hipótesis delictiva será muy difícil de probar, es especial, para quien ejercía la Presidencia porque se trata de decisiones económicas y financieras que estuvieron a cargo del Banco Central, entre otros”, agregó la misma fuente. La dificultad probatoria también se centra en que el fiscal deberá demostrar que la medida que se tomó a fines de 2015 tuvo la intencionalidad de condicionar al gobierno que asumiría a partir del 10 de diciembre de ese año, explicó una fuentes judicial con acceso directo al expediente.
Una pericia incorporada al expediente concluyó que la operatoria no causó perjuicio al Estado Nacional y sobre ese informe se basaron las defensas para pedir los sobreseimientos. Actualmente el planteo está en la Casación, ante el rechazo mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal número 1. Uno de los jueces planteó inexistencia de delito y debió apartarse del juicio.
La fiscalía de juicio sostiene que hay puntos que justifican la necesidad de desarrollar un juicio y debatir la prueba, opinó la fuente consultada. “El BCRA ganó menos que el año anterior por haber tenido que afrontar los contratos de dólar futuro. La medida terminó motivando la emisión de billetes y colaboró ampliamente en la inflación de 2016, sostiene la acusación”, agregó una fuente del caso.
Informes posteriores a la denuncia indicaron que entre los compradores de dólar futuro que recibieron el beneficio por la diferencia de cotizaciones se encontraban algunos de quienes luego serían funcionarios clave del Gobierno de Macri y tuvieron incidencia en la decisión de devaluar. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar a varios funcionarios de la gestión Cambiemos, como el director del Banco Central Pablo Curat; el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana; a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de la infancia de Mauricio Macri y el ex CEO de Lan y secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. Bonadio no compartió el criterio y cerró la causa en diciembre de 2016.
Memorándum con Irán
El desafío de la fiscalía es demostrar que la firma del memorándum implicó un supuesto encubrimiento a favor de los iraníes acusados de ordenar el atentado a la AMIA en 1994. El caso se originó en la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer sin vida en su departamento.
El 14 de diciembre estaba prevista una audiencia para que el Tribunal Oral Federal número 8 y las partes llegaran a un acuerdo sobre la prueba que se presentará durante el juicio oral y público y así fijar fecha de inicio, pero se terminó postergando para 2021, informó una fuente del tribunal.
Las defensas vienen solicitando que se cite de manera anticipada a dos exfuncionarios de Interpol que, para los abogados, pueden determinar con sus dichos la anulación del juicio. Se trata del exsecretario general de Interpol, Ronald Noble; y de Joël Sollier, consejero jurídico de esa secretaría general en el momento de la firma del memorándum en 2013.
El tribunal acordó con las partes volver a insistir ante Interpol para que autoricen a sus exfuncionarios a declarar, pero las probabilidades de que el organismo internacional acceda son remotas, afirmó una fuente directa del expediente. Para los funcionarios imputados esos testimonios anticipados pueden anular el juicio porque, sostienen, desacreditarían la supuesta intención del gobierno de Fernández de Kirchner de dejar caer las órdenes de captura contra los iraníes.
Durante la instrucción complementaria, la fiscalía a cargo de Marcelo Colombo buscó ampliar la cantidad de prueba, tanto documental como testimonial. Pidió citar a 46 personas que ya declararon ante Bonadio y a otros 35 testigos que nunca fueron citados en la instrucción del expediente, entre ellos familiares de las víctimas del atentado; los secretarios letrados que trabajaron en la denuncia de Nisman y en la causa AMIA; y el ex jefe de Contrainteligencia Jaime Stiuso, entre otros miembros de la exSIDE.
La fiscalía y las defensas también coinciden en que el tribunal debe citar al exjuez Rodolfo Canicoba Corral, quien estuvo hasta 2020 a cargo de la causa por el atentado de 1994; además de Noble y Sollier. La fiscalía de juicio también solicitó incorporar documentos judiciales, diplomáticos y oficiales que no están en el expediente, y que podrían ser prueba.
Cuadernos
Es el último de los grandes casos contra Fernández de Kirchner elevados a juicio, en septiembre de 2019. Tiene 53 procesados por el expediente central de los cuadernos y otros 6 acusados en una causa conexa sobre presuntos sobornos a cambio de subsidios en el transporte público. La fiscal Fabiana León ya trabaja en la organización de la prueba, pero el proceso está en estado embrionario, según una fuente judicial con conocimiento del caso.
La causa se basa en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, quien dejó asentados los presuntos encuentros del entonces funcionario Roberto Baratta con empresarios y ejecutivos que le entregaban sobres y paquetes de dinero para miembros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Baratta niega haber participado de cualquier ilícito.
El punto fuerte del caso es también su talón de Aquiles: la principal prueba en contra de los acusados son los testimonios de los arrepentidos, cuestionados por las defensas, aunque recientemente avalados por Casación.
Entre los empresarios que declararon haber participado de presuntos pagos ilegales al kirchnerismo entre 2003 y 2015 se encuentra el primo del expresidente Macri, Angelo Calcaterra (quien dijo que eran aportes de campaña); Carlos Wagner (Esuco, quien detalló el esquema de pagos); y Aldo Roggio (admitió que devolvía el 5% de los subsidios que recibía al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, para el manejo del subte).
Los principales salvados de este caso son Paolo Rocca, presidente y CEO de Techint, y dos de sus ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Zabaleta (a pesar de haber declarado como arrepentidos). La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Rocca, quien dijo que desconocía los pagos ilegales, y anuló la elevación a juicio de sus subalternos.
ED