El fiscal Taiano abrió la investigación contra Javier Milei y empresarios por presunta estafa y tráfico de influencias

El presidente Javier Milei, se encuentra bajo investigación judicial tras la promoción y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA, lo que ha generado denuncias por presunta estafa y tráfico de influencias. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una serie de medidas para esclarecer los hechos y determinar la participación de Milei y otros empresarios en el caso. 

El fiscal solicitó informes al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia para obtener detalles sobre las empresas involucradas en la comercialización de $LIBRA. Asimismo, dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para colaborar en la preservación y recuperación de evidencia digital relacionada con el caso.

La justicia federal investiga la creación y promoción de la criptomoneda $LIBRA, tras una denuncia presentada por Claudio Lozano el 17 de febrero de 2025 ante la Cámara Federal de Apelaciones. La causa, registrada como expediente 574/25, involucra al presidente Javier Milei y otras figuras del ámbito financiero y tecnológico.

La denuncia interpuesta por Lozano, economista y líder del partido Unidad Popular fue presentada junto con Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya, un especialista en nuevas tecnologías y María Eva Koutsovitis, ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. 

El texto presentado argumenta que el Presidente participó en “la megaestafa más grande de la historia de este rubro”, la cual se ejecutó mediante un esquema conocido como rugpull, en el que los desarrolladores de un proyecto lanzan un token, atraen a inversores para aumentar su valor, y luego retiran abruptamente el dinero. Los denunciantes explicaron que “cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero”.

Entre los denunciados también figuran Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc. y KIP Protocol; Daniel Parisini, conocido en redes sociales como Gordo Dan; el pensador libertario Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures.

La denuncia de Lozano menciona 3 delitos. Primero, el de asociación ilícita, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.

Los denunciantes sostienen que los empresarios Peh y Davis habrían contactado a Milei en octubre de 2024, durante el Tech Forum, evento organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. En dicho encuentro también habría participado Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, se señala que Milei y Davis mantuvieron una nueva reunión el 30 de enero de 2025, según publicaciones en redes sociales.

La denuncia también sugiere que empresarios extranjeros habrían efectuado pagos al Presidente o a su entorno para facilitar estos encuentros en lugares como la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y el Hotel Libertador.

La investigación busca esclarecer el rol de Milei y los demás implicados en los hechos, que podrían constituir delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La jueza Servini delegó la causa en la Fiscalía Federal 3 y ordenó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para preservar y recuperar evidencia. Además, se solicitaron informes a organismos públicos y privados, y se evalúan nuevas medidas para avanzar en la investigación.