Fue al término de un juicio de lesa humanidad que se celebró en los Tribunales Federales. Los integrantes de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de ese partido del noroeste del conurbano decidieron realizar una actividad en conmemoración de las víctimas de la última dictadura cívico militar: cuatro los árboles que se plantaron frente a esa sede de la Justicia Federal ubicada en la calle Pueyrredón en homenaje a los detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. En medio de esa ceremonia, Berta Carranza, una de las integrantes del colectivo planteó una inquietud que movilizó la consciencia de todos los presentes. “No nos olvidemos de los fusilados de José León Suárez, que por ellos nunca nadie hizo nada”.
Berta es hija de Nicolás Carranza, obrero ferroviario y peronista, asesinado en esas ejecuciones perpetradas entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956 por agentes de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, en el contexto de un levantamiento armado --dirigido por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco-- que buscaba reponer en el gobierno a Juan Domingo, derrocado un año antes por el golpe de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Las alternativas de ese crimen colectivo, y las vicisitudes que atravesaron sus sobrevivientes, fueron narradas por el escritor y periodista Rodolfo Walsh en su libro “Operación Masacre”, una obra emblemática del periodismo argentino que anticipó la metodología que el terrorismo de Estado emplearía en los años ’70.
Y esa premisa de Berta, lanzada en medio de todos esos militantes por la memoria, motivó a los integrantes de la Comisión a buscar el camino de la memoria, verdad y la justicia para esos fusilados, detenidos en una casa de la localidad de Florida y acribillados en los basurales de José León Suárez. “Decidimos presentarnos en el juzgado de Alicia Vence (magistrada federal de San Martín) e iniciar un juicio para declarar a los fusilamientos de José León Suárez como delito de lesa humanidad y avanzar en un proceso de la verdad, señaló Evita Morales, integrante de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de San Martín.
El antecedente del juicio de la verdad por la Masacre de Napalpí en Chaco, donde en un debate oral y público celebrado el año pasado se reconoció la responsabilidad del Estado en una matanza cometida en 1924 contra integrantes de pueblos Qom, Mocoví y Moqoit, motivó a los integrantes de esta Comisión a buscar justicia para las víctimas de estos fusilamientos y reparaciones para sus familiares.
“Decidimos juntarnos con los familiares y presentarnos como querellantes para impulsar esta causa. Cumplimos todos los trámites y este mes comenzaron las declaraciones y las testimoniales de los familiares y la acumulación de las pruebas. Esperamos que este año podamos llegar al juicio oral y público”, apuntó Morales.
La Comisión de la Verdad, la Memoria y la Justicia de San Martín se formó en 2012 con el propósito de apoyar los juicios de lesa humanidad que se desarrollaban en ese distrito judicial. Pero con el tiempo, sus integrantes consideraron que debían desarrollar una mirada más integral sobre la problemática de los derechos humanos. Hoy, la Comisión trabaja también acompañando a las víctimas de la violencia institucional y en la atención de las problemáticas de género. Elena Carranza, la hija más grande de Nicolás, fue una de las fundadoras de este colectivo y acompañó todas sus actividades hasta su fallecimiento. Ahora, quienes militaron con ella en este colectivo, sienten que, al impulsar esta causa de la verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez, le rinden un merecido homenaje.
Alberto Palacios, es el abogado que representa a esta querella y tiene una apreciable trayectoria en llevar en los tribunales causas de lesa humanidad. “Estamos en una etapa de recolección de testimonios y aportes de evidencias documentales. Creemos que a fin de año podemos tener novedades en relación a la fecha del debate y avanzar con medidas de reparación”, explicó el letrado.
Por ahora, la querella se centra en establecer las condiciones para un juicio de la verdad, pero estiman que podrían establecerse responsabilidades penales si algunos de los efectivos de la Brigada Policial de San Martín que ejecutó los crímenes permanece aún con vida. “Es difícil que algo así pueda suceder, pero no lo podemos descartar”, apuntó Palacios.
Juan Carlos Livraga, Juan Torres, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler fueron detenidos en una casa de Florida en la noche del 9 de junio de 1956, cuando se encontraban escuchando por radio una pelea de boxeo que el argentino Eduardo Lausse libraba ante el chileno Loayza. Mientras en algunos puntos del Gran Buenos Aires los sublevados peronistas combatían, en esa casa algunos, conocedores del levantamiento esperaban una señal, una proclama que se difundiría en medio de la pelea para actuar. Otros, en cambio, eran ajenos a todo y no tenían otra preocupación más que seguir las alternativas del combate.
Una partida encabezada por el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez se hizo presente en el lugar y detuvo a todos los presentes. Los condujeron hasta la Brigada de San Martín hasta que alguien en la Casa Rosada, donde se supervisaba la represión del levantamiento ordenó: “Hay unos detenidos en San Martín, fusílelos”. La dictadura les aplicaba a estos detenidos un decreto presidencial que había establecido la Ley Marcial, antes de sus aprensiones.
Los detenidos fueron llevados a los basurales de José León Suárez, y en un procedimiento confuso, cinco personas resultaron muertas: Brión, Carranza, Garibotti, Lizaso y Vicente Rodríguez. El resto resultaron heridos o pudieron escapar en medio de la noche y la confusión.
Pero Livraga, aunque recibió tres tiros y quedó abandonado en el basural por sus ejecutores, logró sobrevivir y se convirtió en el “fusilado que vive”, y en base a su testimonio, Walsh pudo reconstruir la historia de esta masacre.
“La causa original pasó a la Justicia Militar por una cuestión de competencia y quedó archivada. Por eso podemos avanzar con este planteo para declarar estos crímenes como delitos de lesa humanidad”, señaló Palacios.
Ya declararon ante la jueza Vence Berta Carranza y Delia Garibotti, hijas de Nicolás Carranza y Francisco Garibotti, respectivamente. Y también los hizo Alicia Rodríguez, hija de Vicente Rodríguez. “Esperamos que también lo pueda hacer Livraga en algún momento”, indicó Palacios sobre la víctima que desde 1965 reside en los Estados Unidos y semanas atrás estuvo reunido con algunos familiares de las víctimas.
“Para mí, como hijo, la muerte es solamente una circunstancia. Lo importante es por qué morís y, si te matan, por qué te matan. Si no se cuenta el motivo por el que mataron a estos hombres, se olvida su militancia y por qué lucharon”, dijo Daniel Brion, hijo de Mario Brion, durante la conferencia de prensa celebrada a principios de mes en la cual se anunció el inicio de la instrucción de este juico.
LC/MG