Provistos por el propio Ministerio de Seguridad
El gendarme Héctor Guerrero, acusado de dispararle una granada de gas lacrimógeno en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, se presentó voluntariamente este lunes en la causa como posible “imputado” y designó como sus defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. Según denunciaron desde el Cels, se trata de una estrrategia para poder acceder a los detalles de la investigación. Pero lo que más llama la atención es que ambos abogados fueron provistos por el propio Ministerio de Seguridad y tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González o la representación de miembros de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha cuyos miembros fueron vinculados con el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además, Sarubbi no solo defiende policías en causas de gatillo fácil, sino que también los asesora. En una imagen de su cuenta de Instagram, se lo ve a él con integrantes de la dirección de Operaciones Espaciales de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Allí, el letrado acababa de dar una charla “sobre las causas de justificación en el accionar de las fuerzas de seguridad”.
Mientras el fotoperiodista se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, la causa a cargo de la jueza federal María Servini comenzó a moverse.
Martín Sarubbi es un abogado penalista que, según su cuenta en la red LinkedIn, trabaja desde el 2021 en la Dirección General de Víctimas de la secretaría de justicia, en la ciudad de Buenos Aires. Entre sus funciones, la dirección diseña “herramientas con el objeto de asistir a las víctimas de delitos, así como a sus familiares, atendiendo a sus necesidades de protección y asesoramiento”. Sin embargo, y aunque el letrado no detalle sus funciones en la justicia porteña, Sarubbi no se hizo mediáticamente conocido por defender –precisamente– a las “victimas”.
Antes de representar al gendarme que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte, y quien hoy se recupera favorablemente, Sarubbi defendió ─junto a otro abogado─, a tres policías porteños que fueron condenados a cada perpetua en 2023 por el homicidio de Lucas González, de 17 años. Durante el juicio, el penalista protagonizó una escena singular: en la primera jornada de alegatos, mientras Gregorio Dalbón –abogado de la familia de González– esgrimía sus argumentos, Sarubbi se levantó de la sala y se retiro del juzgado. Los tres efectivos imputados quedaron solos en el banquillo. Por esa actitud fue sancionado por el Tribunal Oral Criminal 25.
En 2021, el mismo año que el crimen de González, Sarubbi también defendió a otro policía. Se trató del oficial bonaerense Facundo Amendolara, de 29 años por entonces, quien le disparó al cantante Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, ex líder de la banda Tan Biónica. En aquella ocasión, Chano sufrió un brote psicótico e intentó agredir a Amendolara con un cuchillo. Este respondió con un disparo, hiriendo gravemente al cantante. Sarubbi alegó “legitima defensa” y el efectivo fue sobreseído finalmente, aunque la defensa del cantante decidió no apelar el fallo.
En 2023, el abogado volvió al ruedo en su defensa acérrima del “gatillo fácil”, cuando representó a Sergio Daniel Mamonte, un oficial bonaerense acusado de asesinar de un disparo a Alexis Nahuel López, de 20 años. Sarubbi alegó que la victima empuñaba un arma blanca y tenía intenciones de agredir a Mamonte durante una pelea callejera con otros jóvenes en la localidad de Berazategui. El policía fue finalmente declarado “no culpable” por el tribunal. El último día del juicio, el abogado estuvo acompañado por el ex efectivo Luis Chocobar, condenado a prisión en suspenso por matar a un ladrón en el barrio La Boca en un caso que generó gran debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad.
Los abogados tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González, el agente que disparó a Chano Carpentier y miembros de Revolución Federal.
El penalista, sin embargo, también participó de otro tipo de causas. La más llamativa es su vínculo con la agrupación de ultraderecha “Revolución Federal”, investigada por la justicia por “incitación a la violencia pública” e investigada por sus vínculos con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner. Sarubbi representó a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal, y procesada en 2022 junto a Jonatan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, los consideró responsables de formar una agrupación que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, un delito que tiene una pena de hasta ocho años de prisión.
Entre las defensas de Sarubbi también figura Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, quien había sido investigada por sus vínculos con los miembros de Revolución Federal.
Además de Sarubbi, representa al gendarme Guerrero, Claudio Pedro Nuncija. La información que pudo comprobar este medio es que figura como personal de Gendarmería en el escalafón de justicia como “segundo comandante”. Además, según su cuenta de LinkedIn, trabaja en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue, además, uno de los abogados del gendarme Emmanuel Echazú, implicado junto a otros efectivos en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
“Con el ingreso voluntario del gendarme en la causa, sus abogados ya tienen acceso a los movimientos del expediente”, explica Agustina Lloret, abogada del CELS y una de las querellantes en la causa de Grillo en representación de su familia. “Lo que Guerrero centralmente intenta con esto es acceder a la causa como imputado y hacer un seguimiento con su defensa”, agrega la abogada.
Respecto a la designación de Sarubbi y Nuncija como abogados del único imputado hasta ahora, Lloret no se sorprende por sus antecedentes. “Patricia Bullrich siempre impulsa ese patrocinio gratuito para los imputados de su fuerza. Y es muy común que abogados que estuvieron en otros casos de violencia institucional, participen de otros”, señala la integrante del CELS.
Entre las medidas de pruebas que la querella ya solicitó no solo se encuentran las que apuntan a Guerrero –como el acceso a su legajo personal–, sino que también se puso el foco en otros protagonistas del operativo, como el jefe del destacamento móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades y fuerzas involucradas que participaron el 12 de marzo.
“Esto nos permite saber cuáles fueron las órdenes que se le dieron a los efectivos que concretamente desplegaron conductas ilícitas en la protesta, desde el uso desproporcionado de granadas de gas hasta escopetas largas”, puntualiza Lloret.
Este sábado, en la plaza de Remedios de Escalada, donde Pablo se crio, se realizará un festival solidario en su honor.
FLD/MG
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