La intención de Javier Milei de nombrar al juez federal Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia expuso como nunca antes un tópico ausente en la narrativa oficial: la relación de La Libertad Avanza con el statu quo del Poder Judicial, un ida y vuelta más que fluido. Con el objetivo de asegurarse los votos en la Cámara alta, la Casa Rosada comenzará esta semana a tantear a los senadores del kirchnerismo que aún guardan un sugestivo silencio respecto de la postulación al máximo tribunal de uno de los magistrados más cuestionados de los tribunales de Comodoro Py. Al frente de esas tratativas, según pudo saber elDiarioAR, estaría un hombre clave en el organigrama del Gobierno: el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
En un rol de igual o mayor gravitación que la de su superior, Mariano Cúneo Libarona, Amerio responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya influencia no deja de crecer puertas adentro de la gestión libertaria. Exfuncionario de la Corte Suprema, este amigo de la juventud del hombre de mayor confianza de Milei es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano que concursa y sanciona jueces.
Con sus pliegos presentados oficialmente en abril, falta poco menos de un mes para que arranquen las exposiciones de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla en la comisión de Acuerdos del Senado, el 21 y 28 de agosto respectivamente. Y más allá de que fueron varias las organizaciones que remarcaron que la cuota de género en el máximo tribunal no está siendo respetada, es la figura del actual juez federal la que genera los más encarnizados debates hacia el interior de los distintos bloques en la Cámara alta, incluso en las filas de La Libertad Avanza.
Ambos candidatos deberán contar con el aval de los dos tercios del Senado para ser nombraron al frente de la Corte Suprema que preside Horacio Rosatti, un número imposible de alcanzar sin el eventual aporte del interbloque de Unión por la Patria: Milei precisa votos de esa bancada de 33 miembros para llegar a los 48 necesarios. La mitad de ellos, sin embargo, responde directamente al Instituto Patria y son hoy la principal incógnita debido a que todavía no se pronunciaron. Que la postulación de Lijo se maneje como si fuera un tabú alimenta las especulaciones de un pacto Milei-Cristina Kirchner.
El PRO y la UCR, aliados circunstanciales del oficialismo, también alimentan la incertidumbre. Mientras el jefe del bloque de senadores del partido amarillo, Luis Juez, ya anunció que rechazará la postulación, quien mantiene el misterio es el radical Martín Lousteau. “Cuando vengan las audiencias públicas sobre Lijo, como hago siempre con todos los temas, voy a mirar en detalle cuáles son los apoyos, cuáles las objeciones, haré preguntas, escucharé las de los demás y recién después de todo ese proceso voy a tomar una decisión con los dos jueces”, declaró, tras meses de silencio al respecto, el legislador radical en una entrevista con LN+.
Grieta libertaria
Pese a que en el Gobierno se muestran optimista en relación al “poroteo” y confían en el respaldo de los gobernadores, con influencia en la decisión de los bloques provinciales, el panorama no deja de ser incierto para las pretensiones oficiales. Mucho más si se tiene en cuenta que entre los siete representantes de La Libertad Avanza en la Cámara Alta tampoco hay unanimidad y varios de los senadores oficialistas pusieron reparos al posible nombramiento de Lijo. A la cabeza de esas reticencias está la mismísima vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien tampoco se muestra de acuerdo con la candidatura del magistrado de Comodoro Py.
La titular de la Cámara alta, quien es la que debería ponerse al frente de la búsqueda de voluntades para la aprobación de ambos pliegos, le cuestiona públicamente a Lijo no haber “actuado bien” cuando, en 2012, resolvió a través de un fallo que el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci no fue un delito de lesa humanidad. Así lo señaló en una entrevista con TN, el único reportaje televisivo que dio en lo que va de su mandato como vicepresidenta. “No me enloquece. Me hubiera gustado, dado que era una banca de una mujer, tal vez alguna catedrática”, añadió en ese intercambio, que tuvo lugar en marzo.
Otro libertario que tampoco se guarda sus diferencias con la nominación que impulsó el presidente Milei fue el senador por Formosa, Francisco Paoltroni. ¿Su justificación? La estrategia jurídica que adoptó Lijo en la causa Ciccone, por la cual el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, terminó siendo sobreseído en el expediente que investigaba la contratación de la empresa The Old Fund para reestructurar la deuda provincial en 2010. “El señor Lijo desdobló la causa. En la que se tramitó en Capital Federal quedaron todos imputados, mientras que la que se trabajó en el fuero de Formosa quedaron todos sobreseídos, entre ellos Insfrán”, recordó, el mes pasado, el legislador en diálogo con FM Millenium. Y lanzó: “Yo no puedo acompañar nunca el pliego de alguien que cometió esa barbaridad jurídica”.
Pero su cruzada no se quedó ahí y hace dos semanas, durante una entrevista con Crónica TV, Paoltroni siguió utilizó munición gruesa contra el cuestionado magistrado. “Lijo es el candidato de la impunidad y de la casta”, apuntó el legislador. El senador compartió el recorte en su cuenta de X, con un mensaje directo a la interna del oficialismo. “El país se divide en dos: los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no. Su pasado genera controversia y desconfianza”, remarcó en un mensaje en el que dejó en claro su anhelo de “una Argentina distinta, basada en transparencia y ética”, acompañado del hashtag #LijoNo.
DM/PL