El Gobierno envió al Congreso el proyecto que endurece las penas por explotación de recursos de Malvinas y Milei pidió su “pronta sanción”

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece nuevas sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y contempla un régimen que alcanza actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.

El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.

Milei pide “pronto tratamiento y sanción”

A través de un comunicado que sew difundió en las últimas horas en redes sociales, el presidente Javier Milei anunció el envío del proyecto al Congreso y pidió “a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad” a su tratamiento. “No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, concluye el mensaje del mandatario. Su texto completo:

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha enviado al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a proteger los derechos soberanos de la República Argentina.

La iniciativa constituye un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país. Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas.

El proyecto tiene por objetivo derogar el régimen ineficiente de la Ley N° 26.659 sancionada en 2011 y reemplazarlo por uno más duro, además de agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores.

Asimismo, se crea el Sistema de Seguridad Nacional, regido por un Consejo de Seguridad Nacional, para articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional.

La República Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo. Todo lo que se hizo en el pasado resultó insuficiente e ineficaz para defender de manera efectiva la Causa Malvinas.

El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, invita a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso. No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas“.

Qué dice el proyecto

Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de afrontar la suspensión o cancelación de permisos.

El texto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y prevé un endurecimiento de las penas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.

En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas serían de entre 15 y 20 años.

Además, las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían involucrar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino.

Penas de hasta 20 años por la explotación de recursos en Malvinas

Para los proveedores que participen de esas actividades, la iniciativa establece penas de entre cinco y siete años de prisión. Las sociedades involucradas también podrían afrontar restricciones para operar o contratar con el Estado.

Entre las medidas contempladas aparecen la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías responsables.

Una empresa inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período de la sanción y perdería permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.

El proyecto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina.

Otro de los capítulos crea un Sistema de Seguridad Nacional que articulará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas.

El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.

La iniciativa también establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles y contempla distintas medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.

En el caso de los buques, el texto contempla desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas alternativas menos lesivas.

El hundimiento quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a un buque hostil y requeriría autorización presidencial, mientras que el proyecto prohíbe utilizar esa acción contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial.

Con el texto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la etapa de negociación parlamentaria para avanzar con su tratamiento y definir el cronograma de las comisiones que intervendrán en el debate.